Varios han sido los escándalos en nuestro país por el desvío o corrupción en el manejo de los recursos públicos a nivel federal, estatal y municipal. Con el objetivo de evitar estos casos el presidente Felipe Calderón firmó el decreto por el que se reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Se trata de la primera Iniciativa Preferente que se aprueba en la historia legislativa de nuestro país y con la que se busca, dijo el presidente Calderón, acabar con la discrecionalidad y la corrupción en el manejo de los recursos públicos y pasar por la “lupa ciudadana” cuánto y cómo gastan cada centavo los gobiernos.

“Se trata de que todo gobernante, sea del ámbito federal, estatal o municipal esté obligado a rendir cuentas de cómo se gasta cada pesos y cada centavo de los mexicanos y gracias a esta reforma los ciudadanos podremos darle un seguimiento puntual y detallado del dinero público en todas y cada una de las etapas de la gestión gubernamental “, explicó.

Las reformas a la Ley de contabilidad Gubernamental contemplan sanciones de dos a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo a quienes dañen la hacienda pública y el patrimonio, a quienes no lo eviten o no informen a su superior jerárquico y la destitución e inhabilitación del cargo cuando alteren de forma dolosa los registros contables, omitan información o no la difundan. Aquí la razón:

“En la opinión de los mexicanos la corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas de la vida del país y particularmente en los gobiernos, por eso es necesario seguir reduciendo los niveles de discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos públicos que aún son persistentes. No podemos permitir que malos funcionarios, excepcionales en todas las estructuras de gobierno, incurran en actos de corrupción y con ello manchen toda la gestión pública y toda la percepción que de la política y de gobierno pueda tener el ciudadano y menos podemos permitir que se enriquezcan desde sus puestos públicos, que se aprovechen para ello de vacíos legales, que oculten información o que actúen de espaldas a la ciudadanía y en contra de los intereses ciudadanos”, subrayó.

Calderón dijo que ahora corresponderá a los gobernantes y servidores públicos de la federación, los gobiernos estales y municipales «obedecer sin cortapisa este nuevo ordenamiento y a los ciudadanos exigir de todos los gobiernos honradez, disciplina y tranparencia en el ejercicio de los recursos».

Las reformas obligan al gobierno federal, estados y municipios a poner a disposición de los ciudadanos toda la información financiera acumulada de los últimos seis años, a justificar y comprobar cada uno de sus gastos y a transparentar en qué gasta los recursos provenientes de la federación en materia de salud, seguridad, infraestructura y educación, incluso la que los gobernadores transfieren a los sindicatos.