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Chihuahua

Firman convenio UTCH – ACAP

La Universidad Tecnológica de Chihuahua al igual que las mejores instituciones de educación superior de la ciudad, firmó el día de hoy un convenio de colaboración con la Asociación de Administración de Personal (ACAP) para fortalecer los lazos de vinculación que unen a ambas instancias, a efecto de promover y difundir entre las empresas afiliadas el desarrollo de programas de visitas, conferencias, prácticas, estadías, bolsa de trabajo y colaboración académica de alumnos y maestros de la UTCH, a través de cursos de capacitación y educación continua, desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica, participación de la revisión de planes y programas de estudio.

El convenio fue firmado, en la sala de juntas de rectoría de la UTCH, por parte de la universidad: el Ing. Pablo Espinoza Flores, Rector; el Ing. Ezequiel Linares, Secretario de Vinculación como testigo. En representación de ACAP: el Lic. Luis Marcos González, Presidente. Lic. María del Socorro Valenzuela Valenzuela, Gerente. Como testigos asistieron por parte de la UTCH: la Lic. Raquel Hernández Subdirectora de Relaciones Interinstitucioneales y la Lic. Rosa Engracia Quezada Siañez, Abogada General.

 

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Chihuahua

Víctimas de Aras acusan a Fiscalía de negligencia y opacidad en reparación del daño

El abogado Felipe Acosta, representante de más de 500 afectados por el caso Aras, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omisiones y negligencias en el cumplimiento de la reparación integral del daño, a pesar de que existe una sentencia firme desde el 14 de diciembre de 2024 que establece con claridad los términos para resarcir a las víctimas.

Acosta, quien integra un grupo de alrededor de 40 abogados que defienden a unas 2 mil 800 personas, rechazó las declaraciones del fiscal de la Zona Centro, Eliodoro Araiza, quien aseguró que el caso se ha llevado “puntualmente”. El litigante señaló que, si esto fuera cierto, los pagos ya habrían comenzado hace un mes, pues los bienes están asegurados y no existe justificación para que aún no se cuente con los avalúos e inventarios completos.

El abogado denunció falta de coordinación entre autoridades, afirmando que no se comparte la información de forma adecuada y que parece haber un “teléfono descompuesto” entre la Fiscalía General y la Fiscalía Zona Centro. También advirtió que el proceso debe incluir a todas las víctimas y no solo a algunas, y que las omisiones podrían derivar en responsabilidad institucional del Gobierno del Estado y la FGE.

Acosta explicó que los abogados particulares han promovido más de 400 acciones ante el juez de ejecución y 200 ante el juez federal, mientras que los defensores de la fiscalía están limitados para actuar contra la propia institución. Aseguró que los avances logrados han sido gracias al trabajo de asesores jurídicos independientes y no de la Fiscalía, que —dijo— solo ha actuado como “custodio” de los bienes asegurados.

El representante legal cuestionó la transparencia del proceso, al señalar que, aunque solicitaron acceso para avaluar e inventariar los 69 bienes asegurados, solo se les permitió hacerlo en 33. También pidió que la participación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, designada por el gobierno estatal para intervenir en el caso, se complemente con representación de las víctimas, para garantizar avalúos justos y evitar pérdidas de valor que reduzcan la compensación.

Acosta recordó que los abogados se retiraron de las mesas de trabajo por la falta de avances reales y reiteró el llamado a que la FGE pase de la custodia pasiva de bienes a la ejecución efectiva de acciones que permitan concretar la reparación del daño.

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