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México

Gastan mexicanos en protección 52 mil millones de pesos

El costo estimado de la inseguridad y el delito en el país durante 2011 fue de 211.9 mil millones de pesos, lo que representa 1.38% del Producto Interno Bruto (PIB), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (Envipe), el INEGI reveló que la delincuencia llevó a los mexicanos a gastar 52 mil 400 millones de pesos para protegerse.

Los datos obtenidos entre el 5 de marzo y el 30 de abril de 2012 indican que 71.1% de la población reportó pérdidas económicas a consecuencia de los delitos, lo que llevó a 24.8% a implementar medidas de seguridad y 4.2% a costear gastos en salud.

Entre las medidas realizadas por los habitantes para mejorar su seguridad están: cambiar o colocar cerraduras o candados, poner puertas o ventanas, colocar rejas o bardas, realizar acciones conjuntas con sus vecinos o comprar un perro guardián.

De acuerdo con los resultados de la Envipe 2012, que no considera delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército, ni tráfico de indocumentados, el principal delito cometido fue el robo o asalto en la calle o el transporte público con 28.9% de las respuestas.

Este dato es mayor que un año atrás (24.2%).

El segundo delito más frecuente fue la extorsión, con 19.6% de las respuestas, dato inferior al de 23.7% de la encuesta del año pasado.

El tercer delito más recurrente fue el robo parcial o total de vehículos, con 14% de los casos, cifra mayor a la de 12.1% de la Envipe 2011.

En cuarto lugar se situó el fraude, con 8.6%, casi sin cambios respecto al año pasado, que registró 8.7%.

Persiste “cifra negra” de ilícitos

La Envipe de este año estima que 57.5% de la población de 18 años y más considera la inseguridad y la delincuencia como los problemas más importantes que aquejan hoy en día en su entidad federativa, seguidos del desempleo, con 49.3% de las respuestas, y la pobreza, con 34.0%.

Los datos obtenidos en este ejercicio señalan que el año pasado 91% de los delitos del fuero común y del federal que se cometieron en México no se denunciaron —lo que se conoce como la cifra negra—, debido a que 63% de los habitantes ven deficiencias de la autoridad, no quieren perder el tiempo y tienen desconfianza.

En lo que se refiere a delitos que sí se denunciaron, se tiene un registro de 22 millones 389 mil 492 vinculados a 18 millones 675 mil 0004 víctimas, lo que equivale a 24% de la población. En 2010, las víctimas fueron 17 millones 847 mil 550 y los delitos sumaron 20 millones 897 mil 336.

Los estados que registraron un mayor número de delitos durante 2011 son el Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Puebla, Baja California, Baja California Sur y Nayarit.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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