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Renuncia Germán Martínez a la dirección del IMSS y ‘tunde’ a titular de Hacienda

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El director Germán Martínez presentó su renuncia este martes como director general del IMSS.

Esta es la primera renuncia de un titular de dependencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

«Estoy consciente de los límites y de mis límites, puedo equivocarme, pero soy decente y tengo vergüenza pública, y con serenidad de ánimo, presento, en este momento, mi renuncia al cargo de Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social».

Martínez indicó a través de un comunicado que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen injerencia perniciosa en el IMSS y que ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del instituto.

Señaló que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal.

«Ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo'», indica el comunicado firmado por Martínez Cázares.

En el documento, Germán Martínez explicó que el IMSS es un organismo autónomo, cuya gestión es gubernamental, pero también obrero y patronal, por lo cual administra su patrimonio con reglas especiales.

“El IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. (…) Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto”.

Asimismo, en el comunicado señala que se requiere una reforma “legal”, para acoplarlo al sistema universal de salud y al modelo preventivo, y no una pequeña reforma “reglamentaria”.

“Algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó”.

Acusó que mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo.

Indicó que estas omisiones ya se han dado a conocer a las autoridades correspondientes, ya que tanto él como el Consejo Técnico son responsables de que el Instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión.

Señaló que el control del gasto tiene dos consecuencias fatales: una directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes; y un segundo efecto indirecto: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor “gasto de bolsillo” de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento.

Además acusó que los funcionarios de Hacienda no quieren dialogar con el IMSS y reclamó la relación entre ambos organismos debe darse en condiciones de certeza jurídica.

Dijo que los servidores públicos del IMSS, solo pueden responsabilizarse de las decisiones que se toman ahí. “Nadie, en su sano juicio, se hará cargo desde el IMSS, de instrucciones o resoluciones falladas sólo en la Secretaría de Hacienda”.

Denunció que Hacienda no puede desviar los ahorros del IMSS a otros fines, pues “el Instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos”, según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social.

Admitió que la calidad y eficacia en muchos servicios del IMSS dejan mucho que desear, y que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene retos, desafíos, extravíos y una enorme corrupción.

Agregó que no ve las iniciativas de “la burocracia de Hacienda” para dar seguridad social permanente a todos los jornaleros del campo, repartidores de comida o choferes, ni a los trabajadores de la construcción, “como sí hicimos con las trabajadoras del hogar, motivo y orgullo del IMSS lopezobradorista”.

En tanto, la Secretaría de Hacienda respondió que no hay reacción por el momento. «En el momento que tengamos información por parte de las áreas, se las haremos llegar de inmediato».

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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