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México

Giran una orden de aprehensión contra el presunto feminicida de Jessica

El fiscal General del estado de Michoacán, Adrián López Solís, dio a conocer que en las investigaciones del feminicidio de Jessica González se determinó la probable participación de Diego «M», un joven que se encuentra prófugo de la justicia y quién habría sido la última persona con quién fue vista con vida.

Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la colaboración de las dependencias homólogas en el territorio nacional para dar con el paradero del presunto feminicida.

Por otro lado, informó que el caso fue tramitado al Instituto Nacional de alerta Migratoria y se solicitó una “ficha roja” a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en francés ) para que busque, capture y presente a este hombre ante la justicia mexicana en caso de ser localizado en otro país.

De acuerdo con El Heraldo de México, el fiscal anunció que se dispondrá de un grupo especial para su pronta ubicación. Agregó que acordó con Silvano Aureoles Conejo, la entrega de una recompensa a cambio de datos que faciliten su captura.

Los restos de Jessica González fueron encontrados el pasado 25 de septiembre, luego de haber sido reportada como desaparecida cuatro días antes. La encontraron en una zona boscosa al sur de Morelia y su cuerpo tenía señales de estrangulamiento. Además, de acuerdo con información del Servicio Médico Forense (Semefo), habría sido asesinada tan solo unas horas después de su desaparición.

La joven recientemente se había graduado como profesora de educación básica, pero a causa de los efectos de la pandemia de la COVID-19 impartía clases virtuales desde Morelia a un grupo de alumnos que le fue asignado, en el vecino estado de Guanajuato, centro de México.

El fiscal López Solis aseguró que los demás detalles del caso se encuentran jurídicamente reservados con el objetivo de integrar correctamente la carpeta de investigación.

El 25 de septiembre, día en que se localizó el cuerpo de Jessica, colectivos feministas y varias organizaciones sociales se dieron cita en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia. Una de las consignas más representativas que se gritaron fue: “No somos todas, nos falta Jessica”.

El gobernador y diversos políticos han publicado sus condolencias en sus cuentas de redes sociales, aunque miles de ciudadanos también han utilizado estos medios para sumarse a la exigencia de justicia para la joven.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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