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Política

Gobierno de Trump es demandado por revisar teléfonos en fronteras de EEUU

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El Gobierno del presidente Donald Trump incurrió en la práctica inconstitucional de inspeccionar sin órdenes judiciales los teléfonos y computadoras de estadunidenses que son retenidos en la frontera, según una demanda presentada este miércoles.

Diez estadunidenses y otra persona con residencia permanente legal demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante un tribunal federal, alegando que las inspecciones y la confiscación prolongada de sus dispositivos violaban la protección a la privacidad y a la libertad de expresión amparadas por la Constitución estadunidense.

La demanda fue presentada por un grupo compuesto por un veterano del ejército estadunidense, un ingeniero de la NASA, dos periodistas y un programador de computadoras ante el Juzgado de Distrito de Massachussett.

La Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés) y la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representan a los demandantes, dijeron que varios de ellos son musulmanes o pertenecen a una minoría.

Suhaib Allababidi, ciudadano estadunidense que vive en Texas y que participa en la demanda, dijo que Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo retuvo el 21 de enero en el aeropuerto de Dallas cuando regresaba de un viaje de negocios a Dubái.

Allababidi relató que no quiso desbloquear su teléfono personal luego de permitir la revisión de su teléfono de trabajo. Las autoridades le quitaron ambos aparatos y le dieron el teléfono de trabajo dos meses después pero aún no le devuelven su teléfono personal.

En general, a los agentes de la ley se les exige tener una orden judicial para poder revisar los dispositivos electrónicos de un estadunidense. Pero una excepción a la regla que se aplica en la frontera le permite a las autoridades federales realizar inspecciones si están a menos de 160 kilómetros de uno de los límites del país, sin necesidad de orden.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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