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Opinión

El -gran- reto de Javier Corral

El hoy Gobernador electo del Estado de Chihuahua se encuentra sin duda en un contexto realmente complicado, pero esta situación se le complica aún más por el hecho de que se han creado muchas expectativas de su futura administración.

Por: Gerardo Elizondo García

Gerardo Elizondo García

Gerardo Elizondo García

Corral ganó la elección, se ha hablado mucho de que su triunfo fue la consecuencia del voto de castigo de la ciudadanía al gobierno saliente. Pero no hay duda que en Corral los chihuahuenses ven una muy grande esperanza, una esperanza de cambio, de transparencia, de rendición de cuentas y de que su gobierno tenga la capacidad suficiente que se necesita para arreglar los problemas más complejos que padece nuestro gran Estado.

Prometió muchas cosas en campaña, algunas de ellas se caracterizan por un alto grado de complejidad y convertir esas promesas en realidades es algo tan difícil que probablemente ni él mismo se imagina.

Su bandera de campaña fue el combate a la corrupción y aseguró llevar a César Duarte y sus “cómplices” a rendir cuentas ante la justicia. Lo anterior, fue probablemente lo que más expectativa generó en la gente que le dio su voto. Sin embargo, como dicen “Del dicho al hecho hay mucho trecho” y no es algo sencillo. El hecho de que Corral no logre hacer que Duarte por lo menos comparezca ante la justicia, generará en los chihuahuenses un sabor amargo que puede hacer que sus primeros años de gobierno no sean como muchos lo imaginan.

El tema del Vivebus es otro muy complejo. A pesar de eso, Corral también prometió en su campaña lograr que el Vivebus funcione de una manera eficiente en todos los sectores de la ciudad. Sin embargo, es un tema tan complejo que involucra a Sindicatos (CTM, CNOP y CROC), choferes, usuarios, concesionarios, finanzas caóticas y por supuesto involucra a los usuarios, que son los que más importancia tienen en esta situación ya que el gobierno tiene la obligación de que se brinde un transporte urbano que cumpla con sus expectativas.

Aunado a esto, ni se diga el reto tan grande al que se enfrenta con las finanzas públicas, tema ya muy conocido por todos nosotros gracias a los medios de comunicación. Tendrá que lidiar con una exorbitante deuda estatal, y ahora, con la bursatilización del dinero destinado para el pago a los proveedores del Gobierno Estatal.

No cabe la menor duda de que Javier Corral es una persona inteligente y preparada e idealista. Que por cierto abanderó durante su campaña los grandes ideales de los antiguos panistas como Don Luis H. Álvarez, Manuel Clouthier, Carlos Castillo Peraza, entre otros de esa misma corriente, quienes siempre lucharon por temas como la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos, entre otros más, que debido a la situación de oposición que desempeñaron en su tiempo eran lógicas y naturales. Sin embargo, yo me pregunto si Corral realmente sigue con esa tan noble línea ideológica o tal vez, simplemente la utiliza para ilusionar a la ciudadanía.

Esto está por verse en su desempeño como Gobernador de nuestra hermosa tierra. Lo que Corral no puede perder de vista son las expectativas tan grandes que sus palabras y el contexto que hoy se vive en nuestro Estado generaron en sus electores, a los que les tiene que cumplir a cabalidad.

Me dio mucho gusto enterarme de que Corral dijo que pedirá mucho apoyo y asesoría a personalidades con mucha experiencia y con una gran capacidad, esto independientemente de colores partidistas. Un ejemplo es la ayuda que dijo que pedirá a el Lic. José Reyes Baeza Terrazas, hoy Director General del ISSSTE, quien a su vez, cuando fue Gobernador del Estado pidió respetuosamente consejo y apoyo al panista Don Luis H. Álvarez.

Desde mi punto de vista, una vez que se elige a un Gobernador, quien tendrá la oportunidad de hacer las cosas bien por nuestro Estado, todos debemos de apoyarlo, debemos de dejar atrás las diferencias partidistas y sobre todo los sentimientos buenos y malos que se generaron en las campañas y ponernos a trabajar. Todos como chihuahuenses tenemos esa obligación moral.

Esperemos por el bien de nuestro bello Estado y por el bien de todos quienes orgullosamente somos chihuahuenses, que su administración sea, si no muy buena, por lo menos buena. Creo que hoy, todos los chihuahuenses, independientemente de nuestras preferencias partidistas, debemos de unirnos a esta causa que se llama Chihuahua, y no por simpatizar o militar en un partido distinto al de Corral hagamos desde nuestras trincheras todo lo posible para que no funcione su gobierno.

Personalmente, por mi amor a Chihuahua y a todo lo que nuestro gran Estado representa, por nuestra gente y por lo mucho que esta tierra nos ha dado, espero que la gestión de Javier Corral esté llena de éxitos, pero los retos a los que se enfrenta, y las promesas que realizó en su campaña, no son para nada fáciles, por lo que ahora tendremos que ver si realmente Corral es quien dice ser y si sí lo es, ver si tiene los pantalones, la voluntad y la capacidad para sacar a Chihuahua de esta crisis política, social, gubernamental y económica en la mayoría de los sectores productivos, principalmente en el campo.

El reto de Corral no es nada fácil. Ya veremos los resultados más adelante, pero yo, como muchas personas más, confiamos que si cualquier persona que llega a la Gubernatura tiene realmente la voluntad de hacer las cosas bien, podrá siempre con los retos. Esperemos que Javier Corral tenga esa voluntad real de hacer el bien común sin favorecer intereses personales o hacer las cosas mal para beneficiar compromisos que pueda tener. Esperemos que el Estado de Chihuahua salga adelante. Confío en la pasión y capacidad de los chihuahuenses y no tengo la menor duda de que nunca nos vamos a rajar, ni vamos a desistir, en esta búsqueda del bien común en que la inmensa mayoría de los ciudadanos del Estado nos encontramos.

Facebook: Gerardo Elizondo

Twitter: @GerardoElizondo

 

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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