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México

Ha caído 32 por ciento el poder adquisitivo durante gobierno de Calderón

En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón, la gasolina se ha incrementado 86 por ciento; las tortillas, 270 por ciento; el frijol, 167 por ciento; el arroz, 140.0; el jitomate 115.0; la leche, 73.0, y en general toda la canasta básica se ha elevado varias veces su valor, así como los energéticos han sufrido incrementos sustanciales.

En este periodo, en México ha caído 32 por ciento el poder adquisito de los salarios, señala un informe a junio del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana Puebla

El documento detalla que, de acuerdo con su nivel de desarrollo, nuestro país se encuentra en el cuarto lugar en América Latina; «sin embargo, de acuerdo con los salarios mínimos que paga, México se encuentra en el penúltimo lugar de la región, por debajo de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Venezuela y Bolivia, entre otros».

En cuanto a los aumentos que han tenido los productos básicos, y en especial los energéticos, indica que se deben en gran parte a la reducción de los subsidios a las gasolinas. Los mexicanos ahora pagan las gasolinas 86 por ciento más caras que al inicio del régimen.

Este incremento ha repercutido en los bolsillos de los trabajadores de tres formas: en el aumento de los principales bienes de consumo por el costo del traslado; en el encarecimiento de 14 por ciento en promedio del transporte público para la población más pobre del país, y en un «efecto regresivo en la distribución del ingreso nacional».

El análisis expone que, «de acuerdo con el pensamiento conservador, se requiere eliminar el subsidio a la gasolina por considerar que beneficia a los más ricos», por lo que el gobierno de Felipe Calderón consideró necesario ir disminuyendo de manera paulatina este subsidio. No obstante, esta decisión ha impactado a toda la economía, en particular a los más pobres, porque no se tomó en cuenta el impacto que ha tenido en el aumento a los precios del transporte público, principal medio de movilidad de la población de menores recursos; así como el efecto encarecedor en el traslado de los bienes de consumo de la población.

A manera de ejemplo, el Observatorio de salario de la Ibero- Puebla encontró que sólo 2.5 de cada 10 mexicanos tienen auto y, por tanto, la mayoría de la población se mueve en transporte público. Así, el 10 por ciento más pobre de la población gasta en promedio 14 por ciento de su ingreso en transporte. Por tanto, ir quitando el subsidio a la gasolina, como ha hecho este gobierno, sin aumentos en los ingresos de los sectores más bajos, implica empeorar el nivel de vida de los que tienen los peores sueldos en el país.

Tampoco por razones de competitividad en precios es justificable el aumento en el precio de la gasolina. Si en México el precio de mercado de la gasolina es mayor al de muchos otros países que no son productores de petróleo, es porque la mayor parte de la gasolina se importa del exterior y la que se produce en el país al parecer no se realiza en las mejores condiciones productivas, dado el abandono en el que se encuentran las refinerías del país, detalla este informe.

Expone que, además, el salario mínimo es sumamente bajo. Comparado en términos de paridad de compra en todo el mundo, –esto es, que un dólar tiene el mismo poder de compra en cualquier país–, el mínimo en México se encuentra por debajo de países como China, Haití, República Dominicana o Trinidad y Tobago.

La explicación se encuentra en un problema de distribución de la riqueza, en su excesiva concentración, porque nuestro país es la economía 13 en generación de riqueza y la 153 en términos de desigualdad social, plantea este Observatorio del Salario.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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