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México

Hallan otros cuatro cadáveres con huellas de tortura en Michoacán

Los cadáveres de dos mujeres y dos hombres, con huellas de tortura, fueron encontrados este domingo en la convulsa región de Michoacán, donde esta semana dos cuerpos fueron colgados de un puente, informó a una fuente de la fiscalía local.

«Se desconocen las causas (del crimen), la identidad (de las víctimas) y los autores del múltiple asesinato, pero no se descarta una vendetta entre personas ligadas a grupos criminales», dijo la fuente.

Los cuerpos fueron encontrados por transeúntes en un camino sin pavimentar, cerca del penal de la comunidad rural de El Pochote, municipio de Zamora, indicó la fuente.

Rosa María Vega, asesora en la alcaldía de Zamora lamentó que «los niveles de violencia sigan en aumento».

En días recientes, el gobierno de Zamora hizo «un llamado a las autoridades estatales y federales para elevar los niveles de seguridad en el municipio», comentó Vega.

En ese municipio, se registró el viernes pasado una balacera en la que murieron un policía y dos presuntos delincuentes.

La violencia en la región se extendió este mismo domingo a otro punto de Michoacán, con costas en el Pacífico y donde se encuentra el puerto Lázaro Cárdenas, el más importantes del país.

En un restaurante del municipio de Huetamo, un grupo de pistoleros irrumpió en un restaurante, abrió fuego sin mediar palabra y mató a Camilo Sánchez, un excomandante local.

La prensa lo identificó como uno de los líderes de los grupos denominados autodefensas, alzados en armas para hacer frente al cartel Los Caballeros Templarios en 2013. Actualmente casi todos están desarmados en base a acuerdos con el gobierno federal luego de la captura o muerte de los principales líderes de esa organización criminal.

En el ataque en el restaurante «La Lupita», situado en la comunidad de Comburindio, resultaron heridos el titular de la secretaría de Seguridad Pública de Huetamo, Félix Gómez, un exfuncionario local, identificado por la fuente de la fiscalía como prófugo de la justicia, y otro individuo.

El viernes los cadáveres de dos personas que exhibían signos de tortura fueron colgados en un puente carretero de Michoacán. Tres personas han sido capturadas por su presunta participación en ese asesinato.

Michoacán estuvo asolado durante años por Los Caballeros Templarios, un sanguinario cártel narcotraficante que tejió vínculos con las autoridades locales, pero sigue siendo una región peleada por otros carteles mexicanos al ser un sitio geográficamente estratégico para el trasiego de drogas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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