Conecta con nosotros

México

“Hicieron lo que les vino en gana”: Diego Fernández de Cevallos criticó al TEPJF por destituir a José Luis Vargas

A inicios de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) corrió por una crisis interna tras la destitución de su antes presidente, José Luis Vargas Valdezy el nombramiento de Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo magistrado presidente.

El cambio de mando se decidió tras una sesión pública del pasado 4 de agosto en donde cinco de siete magistrados votaron por su salida de la directiva; esto luego que Vargas, acusado por enriquecimiento ilícito, se negara a renunciar.

Esta denuncia fungió como el componente que llevó al magistrado Felipe de la Mata a convocar dicha reunión para evaluar la gestión del ex presidente al frente del organismo.

Posteriormente, a pesar que se había convocado un receso en aras de “conservar el orden”, la decana y presidenta del TEPJF por ministerio de ley, Janine Otálora Malassis, llamó a la reanudación de las conversaciones – sin la presencia de Vargas Valdez, ni la de la magistrada Mónica Soto – para el sufragio que derivó en la salida de José Luis.

(Foto: EFE/José Méndez/Archivo)
(Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Luego de ello, Vargas Valdez se negó a renunciar a su cargo ya que, expresó, el actuar del Tribunal habría sido “nulo de pleno derecho”, por lo que el nombramiento de Rodríguez Mondragón representó “un ejercicio ilícito de funciones”.

“Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura, los albazos no son la forma de resolver las diferencias”, expresó en un video.

Este argumento fue secundado por el político, Diego Fernández de Cevallos, en su columna para Milenio, en donde reprobó la decisiva de los magistrados por ser “sin sustento constitucional ni legal”; en otras palabras, hicieron “lo que les vino en gana”.

Subrayó que la naturaleza autónoma del órgano no los coloca por encima de la ley, por lo que descalificó la sesión “arbitraria”, así como la resolución cimentada, dijo, en la “falacia” ideología de “quien puede lo más puede lo menos”.

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)
(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Debido al cambio de presidencia del Tribunal, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la necesidad de una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) y al TEPJF pues, comentó, esto refleja el “nivel de descomposición” que invade al máximo órgano electoral.

“Esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo, en esta institución; el por qué de una reforma (…) Y luego lo que cuestan, ganan como dos o tres veces más que yo. Es un pendiente del antiguo régimen autoritario corrupcto que se heredó”, señaló.

Por esa razón, Fernández de Cevallos advirtió en su escrito que esta “disfuncionalidad” representa un “rico manjar” para el Jefe del Ejecutivo quien, comentó, “tratará de hacer con él lo que quiera, apoyado en su mayoría de legisladores abyectos”.

José Luis Vargas  fue designado magistrado Electoral de la Sala Superior del TEPJF el 4 de noviembre del 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018),

A su puesto como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), accedió en noviembre de 2020, donde fue elegido con cuatro votos a favor, superando al magistrado Reyes Rodríguez que solo obtuvo tres.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto