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México

Hunde empresario a Moreira por lavado

En enero de 2009, Humberto Moreira Valdez, el entonces Gobernador de Coahuila, voló en un jet privado con su esposa, guardaespaldas y su Secretario de Finanzas, Héctor Villarreal Hernández, hacia la ciudad de San Antonio. La visita era para encontrarse con su hija, que vivía en esa ciudad, pero además para discutir una estrategia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El grupo de mexicanos connotados iba con un tercer plan: encontrarse con Rolando González Treviño y su hermano para comprar una cadena de estaciones de radio con dinero que habían robado de las arcas del Gobierno de Coahuila.

Así empieza su relato de este miércoles el periódico San Antonio Express-News. Un relato que revela que este día el empresario de medios González Treviño ya alcanzó un acuerdo con la Corte Federal que lo investiga.

De acuerdo con los periodistas Jason Buch y Guillermo Contreras, el empresario coahuilense ha decidido entregar información que hunde al ex presidente del PRI y ex Gobernador por lavar dinero que robó a los ciudadanos de Coahuila.

«La petición de culpabilidad de González no menciona el nombre del ex Gobernador, de su ex tesorero o del hermano, a quienes los fiscales señalan de haber llevado a Moreira al poder. Pero fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express-News que el ex Gobernador mencionado es Humberto Moreira, quien dirigió Coahuila de 2005 a 2011, cuando renunció para irse a dirigir el PRI», dice el diario.

«Moreira no ha sido acusado de cargos criminales todavía, y después de que el Express News reportó la semana pasada que fuentes lo vinculaban en una reunión con González el ex Gobernador le dijo a un periódico mexicano que él no había hecho nada ilegal», agrega.

Pero el diario texano, que exhibe cómo San Antonio se ha vuelto un paraíso para el dinero sucio de los políticos -casi todos del PRI-, ofrece detalles de la reunión entre Moreira y González en la que se decidió lavar dinero robado de Coahuila. El empresario dueño del Corporativo Núcleo Radio Televisión, dice la información, se sentó con Moreira en una mesa de un club privado. En algún momento, Moreira llamó a su tesorero y le dio instrucciones sobre cómo hacer los pagos.

El dinero fue enviado vía electrónica a Estados Unidos desde una compañía llamada Construcciones Chavana, que el ex Gobernador «usó para mover fondos tanto de México como internacionales hacia los Estados Unidos», de acuerdo con los documentos de la investigación.

Los fiscales dicen que ese dinero fue robado a los coahuilenses.

«Se estima que los fondos robados al estado de Coahuila por Moreira son aproximadamente cientos de millones de dólares», dice la investigación en manos del diario.

Ayer, el diario San Antonio Express News reveló que de acuerdo con un documento de la Corte federal de Estados Unidos, Humberto Moreira Valdés, sí estuvo implicado en la operación para utilizar dinero del erario para comprar estaciones de radio al sur de la frontera para después lavar esos recursos en Texas.

«El documento no menciona al funcionario, sino que simplemente dice que es un ex Gobernador que comenzó a robar dinero del estado [de Coahuila] en 2006», publicó.

Y agregó: «El funcionario es referido como co-conspirador 1 o CC1, en el documento, un acuerdo de culpabilidad de Rolando González Treviño, un magnate de los medios de comunicación mexicanos que admitió la venta de las participaciones de los medios a funcionarios de Coahuila».

El medio explicó que el «Co-conspirador 1», era un funcionario de Saltillo que habría viajado a San Antonio para «discutir la estrategia política para el partido político mexicano PRI y el gobierno de Coahuila».

El documento de la corte de Estados Unidos correspondiente al juicio en contra del empresario mexicano Rolando Gómez Treviño refiere que Moreira «antes de convertirse en Gobernador se desempeñó como Alcalde de Saltillo, y en 2011 dimitió como líder de Coahuila para encabezar al gobernante Partido Revolucionario Institucional de México».

La semana pasada, fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express News que Moreira acudió a las reuniones en San Antonio y en México «donde se discutió la compra de medios de González Treviño con el dinero robado del estado».

El medio norteamericano dice que el documento de la corte menciona que el Co-conspirador 1 (CC1) robó dinero de la tesorería de Coahuila dirigiendo contratos estatales a partidarios políticos que eran dueños de medios de comunicación, empresas constructoras y empresas de servicios de aviación.

«CC1 estaba usando fondos del Gobierno del estado de Coahuila y dirigiendo esos fondos estatales a los partidarios que actuaban en concierto con CC1 para robar fondos del estado de Coahuila. Estas personas eran principalmente hombres de negocios que operaban en el estado, y / o eran vendedores que prestan servicios para el Estado de Coahuila, y tenía una relación con CC1 en el momento de la elección «, dice el acuerdo de culpabilidad de Rolando González Treviño. «Se estima que los fondos robados por el estado de Coahuila por CC1 aproximadas a cientos de millones de dólares», refierió la publicación.

Noroeste.com.mx

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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