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México

IFE aprueba destrucción de boletas electorales de 2006

boletas-electorales-destruccion-290813_gdeAnte ello, representantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, adelantaron que impugnarán la decisión ante el tribunal electoral, pues los representantes de la izquierda habían propuesto enviar dicha documentación al Archivo General de la Nación.

Entre los argumentos del IFE para avalar la destrucción de las boletas de la elección presidencial del 2006 están que su resguardo en 32 bodegas rentadas en igual número de entidades del país, la custodia por parte de elementos del Ejército y Marina por más de seis años, ha tenido un costo de más de 550 millones de pesos.

De acuerdo con el calendario para la destrucción de 143 mil paquetes electorales que incluyen las boletas con votos con el alto costo que significa ello para el IFE y otras instancias como las Fuerzas Armadas.

A su vez, el representante del PRD, Camerino Márquez, solicitó retirar del orden del día este tema, lo cual fue rechazado por unanimidad, para que dichas boletas fueran enviadas al Archivo General de la Nación para consulta académica por su valor histórico, ante lo que para “muchos mexicanos significó un fraude electoral”.

Junto con los representantes del PT y Movimiento Ciudadano, se manifestaron en contra de la medida y aseguraron haber presentado ya una solicitud a través del portal de transparencia Infomex e incluso no descartó acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pedro Vázquez González, representante del Partido del Trabajo, recordó que la diferencia entre Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador en 2006 fue de 0.56 por ciento, es decir alrededor de 250 mil votos, por lo que más allá del tema legal, se deben preservar las boletas para conocer la verdad histórica de los comicios presidenciales del 2006.

“Lo que hay de fondo es que destruyendo las boletas electorales se quiere desaparecer una parte de la historia reciente del país”, dijo el petista.

Durante el largo debate, el consejero Lorenzo Córdova propuso incluir en el acuerdo un párrafo que señala que a la fecha el IFE no tiene conocimiento de ningún recurso ante instancias nacionales o extranjeras que impidan la destrucción de esos materiales, por lo que no hay argumentos legales para no realizar esta acción.

En su oportunidad el consejero Marco Antonio Baños aseguró que es “falso” que las boletas de las elecciones del 2006 y del 2012 sean la evidencia de dos fraudes electorales, por lo que se sumó a la destrucción de las mismas.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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