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Chihuahua

Se manifiestan indígenas, Duarte no les ha entregado terrenos prometidos

Por no cumplirles el gobernador Cesar Duarte , mas de 100 indígenas se manifestaron esta mañana, pidiendo una audiencia con el mandatario estatal, para que les dé una explicación del porque no les han entregado los terrenos y material de construcción que les prometió hace un año.

Por no cumplirles el gobernador Cesar Duarte , mas de 100 indígenas se manifestaron esta mañana, pidiendo una audiencia con el mandatario estatal, para que les dé una explicación del porque no les han entregado los terrenos y material de construcción que les prometió hace un año.

Los tarahumaras son pertenecientes a todos los asentamientos indígenas de la ciudad, y les prometió el terreno y el material para que construyan sus casas de adobe como parte del programa “Haz tu Casa”, siendo un total de c450 terrenos los que se les ofreció a los indígenas, sin embargo tras un año todavía siguen esperando los apoyos.

Razón por la cual se encuentran pidiendo que cumpla con su palabra y tengan un patrimonio para sus familias.

Ya que en los asentamientos que están, viven hasta 3 familias en una sola casa, lo cual ha generado problemas, al no tener su propia individualidad y además de que siguen llegando más tarahumaras de la sierra a la ciudad.

Por lo que buscan que el Gobernador les dé una respuesta de cuándo se va a hacer la entrega de los terrenos que se le prometieron a los Gobernadores indígenas y las autoridades de cada asentamiento en el mes de mayo del año pasado.

Por lo que siguen esperando en la Plaza del Angel, después de una reunión con los gobernadores indígenas y las autoridades a que les den una respuesta de cuando entregaran estos terrenos, que el gobernador Cesar Duarte aun no ha cumplido.

Redacción: Corina Muruato

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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