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México

INE pasa ‘tijerazo’ a consulta de revocación de mandato

Si la consulta de revocación de mandato es una realidad en 2022, se realizará con menos presupuesto: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes una modificación al presupuesto pensado para el proceso, que ahora será de mil 275 millones 900 mil pesos.

Originalmente, la partida que el órgano electoral tenía contemplada para la consulta era más del doble, es decir, 3 mil 830.4 millones de pesos, según lo expuesto por el consejero presidente Lorenzo Córdova ante la Cámara de Diputados.

En la sesión de este viernes, Córdova agregó que a los mil 275 millones de pesos su sumará un monto por compromiso de ahorros de 227.1 millones de pesos.

En total, la probable consulta de revocación de mandato tendrá un presupuesto disponible de mil 503 millones de pesos.

No obstante, el consejero presidente remarcó que el INE estaría organizando este proceso con un déficit de más de 2 mil 554 millones de pesos, “lo que pone en riesgo la organización de este ejercicio inédito de participación ciudadana”, explicó.

El INE dio a conocer que solo se han recibido 971 mil 741 intenciones de apoyo. Sin embargo, solo se han validado y encontrado en la Lista Nominal a 791 mil 428 electores.

Para que el INE pueda solicitar al Congreso de la Unión la realización de la consulta de revocación de mandato, se requiere que el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal muestren su apoyo al ejercicio mediante el envío de su firma. Este porcentaje debe alcanzarse en al menos 17 de las 32 entidades de la República.

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Caleb Ordoñez Talavera

México

FGJ revela modus operandi de exfuncionarios para desvío de recursos en CDMX

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia capitalina, informó que ex funcionarios de la pasada administración de la Ciudad de México utilizaron tres modus operandi para el desvío millonario de recursos públicos y señaló que con dichas prácticas obtuvieron recursos de la Ciudad de México de 2012 a 2018.

La primera forma de operar o modus operandi, la encabezó el propio Miguel Ángel «N», a pesar de que Capital Humano del Gobierno del Distrito Federal realiza por Ley una función llamada “Solicitud de devolución del pago del impuesto sobre la renta (ISR)”.

Un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, simuló hacer esta actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación.

Este grupo de servidores públicos está conformado por personas cercanas y de total confianza a Miguel Ángel «N», algunas de ellas con parentescos familiares y conocidos entre ellos mismos.

Las empresas cobraban una comisión del 20 % para simular que el gobierno local les devolvía dinero en concepto del ISR. En realidad, este esquema permitió una distribución millonaria entre servidores públicos que, de acuerdo con la Fiscalía capitalina, ascendió a unos 986 millones de pesos (unos 47.1 millones de dólares, al tipo de cambio de 20.9 pesos).

Cabe señalar que en enero de 2021 fue asesinado Martiniano “N”, representante legal de dos de las empresas involucradas y no se descarta que su homicidio esté relacionado con esta actividad delictiva.

El pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservarán de forma temporal en apego al debido proceso.

Este acto dio comienzo a una gigantesca operación de desvío de recursos, el dinero fue posiblemente entregado al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel «N», encargado del desvío, con el objetivo de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores.

Posiblemente, parte del patrimonio de Julio César “N”, uno de los servidores públicos beneficiados del Gobierno del Distrito Federal, tiene su origen en este esquema de desvío.

El mismo grupo de funcionarios de total confianza de Miguel Ángel «N», del área de Capital Humano, posiblemente realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de Gobierno.

Este desvío de recursos se realizó a través de supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

El dinero desviado es de más de mil 100 millones de pesos, los recursos posiblemente fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos trabajadores o pagadores habilitados, pero el dinero nunca fue entregado completamente a los trabajadores.

Los supuestos trabajadores o pagadores habilitados, eran servidores públicos integrantes del grupo de Miguel Ángel «N», el mismo que autorizó la entrega.

Así comenzó una nueva red de distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del entonces Distrito Federal y de otros actores. De igual manera, parte del patrimonio de Julio César “N”, uno de los servidores públicos beneficiados del Gobierno del Distrito Federal, posiblemente tenga su origen en este esquema de desvío.

Finalmente, el tercer modus operandi es el de la Central de Abasto.

Como administrador de la Central de Abasto, Julio César “N” posiblemente realizó despojos de bodegas mediante clausuras y probablemente fabricó delitos para, posteriormente, venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero.

En la Central de Abasto celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.

La Fiscalía detectó que los bienes con los que cuenta y los gastos que realiza, no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios de los cargos que desempeñó.

El incremento ilícito de sus ingresos asciende aproximadamente a 47 millones 874 mil pesos.

A raíz de estas actividades, se detectó que cuenta con un patrimonio de cinco inmuebles y un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México; además, se detectaron 14 propiedades, posiblemente relacionadas con él, ubicadas en la Ciudad de México, Cuernavaca y Acapulco, no incluidas en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

El probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración 2012-2018, quienes, con el uso de los altos encargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares.

A raíz del uso de estos recursos, las personas involucradas realizaron compras de diversos inmuebles y de distintos bienes de alta gama, cometiendo, posiblemente, delitos de los cuales la Fiscalía General de Justicia ya realizó diversas actuaciones ministeriales y judiciales que en su momento se darán a conocer.

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México

Ofrece FGR criterio de oportunidad a Juan Collado; podría quedar en libertad

La Fiscalía General República (FGR) ofreció un criterio de oportunidad al abogado Juan Collado, abogado del ex-presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de que brinde información en torno a otros políticos que también se hayan involucrado en actividades delictivas.

Dicha información fue corroborada por gente cercana a Collado, quien fue detenido en julio de 2019 y fue privado de su libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde estuvo preso a causa de acusaciones por delincuencia organizada.

La mañana de ayer acudieron al Reclusorio Norte representantes de la FGR y le propusieron este criterio de oportunidad, según diversas funtes, con ello y gracias a la decisión del Ministerio Público Federal, el litigante Juan Collado podría recuperar su libertad pues, al convertirse en testigo de la FGR, los cargos en su contra serían retirados.

Agencias

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