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Opinión

Inflexión. Por Raúl Saucedo

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LO QUE SE VIENE EL DOMINGO

En entregas anteriores como LA URNA (1) y LA CLAVE (2) abordamos puntos del próximo ejercicio democratico en méxico considerando que la próxima jornada electoral del 1 de junio emerge no sólo como un evento democrático más, sino como un auténtico punto de inflexión para el gobierno federal. Más allá de la renovación de Congresos y gobiernos locales en un par de estados, la inminente elección directa de jueces, magistrados y ministros representa un desafío sin precedentes y una oportunidad estratégica que definirá el rumbo y la legitimidad del país.

La propuesta de reformar el Poder Judicial y someterlo a la voluntad popular fue una bandera clave de la administración anterior y ha sido refrendada por la actual. La promesa es clara: construir una justicia más cercana al pueblo, transparente y libre de vicios. Sin embargo, la materialización de esta visión a través de las urnas el 1 de junio no es un camino exento de riesgos. Para la administración federal, el resultado de esta elección judicial no sólo medirá el respaldo ciudadano a una de sus principales apuestas, sino que también sentará las bases sobre las cuales operará el poder judicial durante su sexenio.

Si la elección del 1 de junio deriva en la llegada de juzgadores alineados con la visión del gobierno, la política ejecutiva se podría ver fortalecida su capacidad para impulsar la agenda sin los contrapesos que un Poder Judicial tradicionalmente independiente suele ejercer. Esto, desde la óptica de sus simpatizantes, sería un avance para desatorar reformas y proyectos que, en ocasiones, fueron frenados por resoluciones judiciales. Sin embargo, para los críticos y la oposición, significa una concentración de poder sin precedentes y una erosión de la independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia.

Por otro lado, si los resultados de la elección arrojan un panorama judicial más plural, con la llegada de juzgadores que no necesariamente comparten la misma visión política, el gobierno federal se enfrentaría a un Poder Judicial que podría actuar como un contrapeso más vigoroso. Esto, aunque potencialmente generador de fricciones y debates necesarios, sería visto por muchos como un fortalecimiento del sistema democrático de pesos y contrapesos, garantizando que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites constitucionales.

La forma en que se desarrolló la campaña electoral para los puestos judiciales, la participación ciudadana y, sobre todo, la legitimidad percibida de los resultados, serán cruciales. Una elección pulcra y transparente podría otorgarle un capital político inmenso para legitimar su proyecto de nación. Sin embargo, cualquier indicio de irregularidad o polarización exacerbada durante el proceso podría enturbiar la imagen del gobierno y sembrar dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial desde su génesis electoral.

Desde este teclado en la Ciudad de México, dónde estamos convencidos que la certeza jurídica es clave para el futuro de una nación, la configuración del Poder Judicial será observada con lupa. Un sistema judicial que genere confianza es vital para la atracción de capitales y el mantenimiento del estado de derecho. La elección del 1 de junio no es solo una votación de nombres; es la definición de las reglas del juego judicial para la próxima década, y con ello, de la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

Esta reflexión viene a causa de que hoy es el último día de proselitismo para aquellos contendientes que el domingo mas haya de buenas voluntades vivirán el sistema político mexicano.

@Raul_Saucedo

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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