Opinión
INFORMES LEGISLATIVOS, PARAFERNALIA Y AUTOPROMOCION POR VICTOR M. QUINTANA S.
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hace 11 añoson





INFORMES LEGISLATIVOS, PARAFERNALIA Y AUTOPROMOCION
Por: Víctor M. Quintana S.
Los informes de las diputadas, diputados, senadoras y senadores, con raras y muy honrosas excepciones, se han desvirtuado y se han convertido en un instrumento de autopromoción personal y de realización de campañas electorales anticipadas.
En el umbral de las elecciones locales de 2016, nuestros espacios urbanos- y hasta carreteros- se ven ahora pletóricos de espectaculares anunciando a todo vuelo el “informe de labores legislativas” de legisladoras y legisladores. El gasto que implica la promoción de dichos informes, así como la parafernalia de su presentación, rentas de local, equipo audiovisual, etc. Y habría también que ver de dónde proviene: ¿de un rubro especial de los congresos para dichos informes? ¿de las dietas de las y los legisladores? En todo caso, directa o indirectamente, el erario sufraga el “apantalle” de que la ciudadanía es objeto.
Que quien ocupa un puesto de representación popular debe informar a sus representados es indudable. La cuestión importante aquí son los cómos y los cuándos y los qués.
Los cómos: las fotos, videos, etc. de los promocionales de los informes parecen una canonización en vida del legislador o legisladora en cuestión. La lectura de su informe es una apoteosis de su persona, en el sentido más etimológico del término: su entronización “entre los dioses” de la política. Si se ha logrado que los informes de los jefes del ejecutivo nacional o estatales se entreguen por escrito, y ante ellos haya un posicionamiento crítico de los diversos grupos parlamentarios, ¿por qué no se hace lo mismo con las y los legisladores? Que entreguen o pongan a disposición en internet su informe y por esta vía se reciban posicionamientos críticos de la ciudadanía.
Los cuándos: la tecnología moderna permite que haya una información continua y actualizada de las actividades de las y los legisladores. Entrando a las páginas del Congreso de la Unión o de los congresos de los estados se pueden ver los posicionamientos y el sentido del voto de cada uno de ellos. Además, casi todos tienen su sitio personal o de redes sociales. Ahí se puede dar seguimiento a la cotidianeidad de su labor. Sin embargo, la experiencia de algunos conciudadanos y la mía propia es que las y los señores legisladores no responden cuando se les plantean críticas o cuando se les pide cuentas de por qué votaron en un sentido o en otro. Dos ejemplos: ningún legislador o legisladora federales o locales de los que votaron a favor de la traqueteada Reforma Energética de Peña Nieto respondieron a nuestro cuestionamiento de justificar el por qué sufragaron en ese sentido. Mucho menos aceptaron un debate público al respecto. Lo mismo sucedió con los y las legisladoras a quienes se cuestionó por su apoyo a las reformas duartistas de los códigos de procedimientos civiles y familiares del estado de Chihuahua. Su silencio y complicidad de entonces son directamente proporcionales al boato de sus informes de ahora. Quienes entonces votaron en favor de códigos sexistas, discriminadores de la mujer, ahora presumen su “apoyo a la familia”.
Los qués: casi parece una ley: a menor contenido legislativo del informe, a mayor debilidad de la labor dura y básica del legislador, mayor énfasis del informe en las acciones de “gestoría”. Las y los diputados y senadores fueron electos para legislar, ser contrapeso efectivo del Ejecutivo, vigilar las finanzas públicas, representar los intereses de la ciudadanía. Para eso se les paga y mejor que a todos los legisladores de América Latina. Sin embargo, como muchas veces su labor en estos campos básicos de la representación popular es muy endeble, echan cortinas de humo con sus acciones “de gestoría”: conseguir despensas, láminas para vivienda, acciones de salud, etc. Esta es una labor que corresponde al Ejecutivo y éste debe operar los mecanismos para que esas acciones lleguen de manera expedita e igualitaria a los gobernados. El que lleguen gracias a la “gestoría” de las y los legisladores siempre les imprime un sello clientela y partidista. ¿O usted cree que un funcionario del Ejecutivo reparte beneficios por igual a los legisladores de su partido y a los de los partidos rivales para que a su vez los distribuyan? Toda acción de “gestoría” realizada de esta manera es una reproducción de los privilegios políticos de quien la realiza y del partido a que representa.
Cada servidor público o representante popular debe informar de sus actividades en estricto cumplimiento de su obligación. Pero debe hacerlo con austeridad y veracidad republicanas, de manera continua y dialógica, abierta a cuestionamientos, no sólo al final de un año de labores, sino en cualquier momento que la ciudadanía los interpele, les pida cuentas.
Diputadas, diputados, senadoras y senadores siguen siendo el segmento de actores de la vida pública de este país con peores evaluaciones y con menos credibilidad por parte de la ciudadanía, según señalan diversas encuestas y estudios de opinión. Y la parafernalia de sus informes no va a contrarrestar esta percepción. Todo lo contrario.
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Opinión
Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.
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hace 2 semanason
May 29, 2026
Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.
La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.
Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.
Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.
No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.
Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.
Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.
Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.
Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.
Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:
«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.
Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.
Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.
Parece un político concentrado en administrar daños.
Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.
La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.
Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.
Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.
Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.
Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.
Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador
Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.
Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.
Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los
estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.
Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.
Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.
Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.
Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un
juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.
Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.
Esa es la verdadera decadencia.
No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.
