INFORMES LEGISLATIVOS, PARAFERNALIA Y AUTOPROMOCION

Por: Víctor M. Quintana S.

Los informes de las diputadas, diputados, senadoras y senadores, con raras y muy honrosas excepciones, se han desvirtuado y se han convertido en un instrumento de autopromoción personal y de realización de campañas electorales anticipadas.

En el umbral de las elecciones locales de 2016, nuestros espacios urbanos- y hasta carreteros- se ven ahora pletóricos de espectaculares anunciando a todo vuelo el “informe de labores legislativas” de legisladoras y legisladores. El gasto que implica la promoción de dichos informes, así como la parafernalia de su presentación, rentas de local, equipo audiovisual, etc. Y habría también que ver de dónde proviene: ¿de un rubro especial de los congresos para dichos informes? ¿de las dietas de las y los legisladores? En todo caso, directa o indirectamente, el erario sufraga el “apantalle” de que la ciudadanía es objeto.

Que quien ocupa un puesto de representación popular debe informar a sus representados es indudable. La cuestión importante aquí son los cómos y los cuándos y los qués.

Los cómos: las fotos, videos, etc. de los promocionales de los informes parecen una canonización en vida del legislador o legisladora en cuestión. La lectura de su informe es una apoteosis de su persona, en el sentido más etimológico del término: su entronización “entre los dioses” de la política. Si se ha logrado que los informes de los jefes del ejecutivo nacional o estatales se entreguen por escrito, y ante ellos haya un posicionamiento crítico de los diversos grupos parlamentarios, ¿por qué no se hace lo mismo con las y los legisladores? Que entreguen o pongan a disposición en internet su informe y por esta vía se reciban posicionamientos críticos de la ciudadanía.

Los cuándos: la tecnología moderna permite que haya una información continua y actualizada de las actividades de las y los legisladores. Entrando a las páginas del Congreso de la Unión o de los congresos de los estados se pueden ver los posicionamientos y el sentido del voto de cada uno de ellos. Además, casi todos tienen su sitio personal o de redes sociales. Ahí se puede dar seguimiento a la cotidianeidad de su labor. Sin embargo, la experiencia de algunos conciudadanos y la mía propia es que las y los señores legisladores no responden cuando se les plantean críticas o cuando se les pide cuentas de por qué votaron en un sentido o en otro. Dos ejemplos: ningún legislador o legisladora federales o locales de los que votaron a favor de la traqueteada Reforma Energética de Peña Nieto respondieron a nuestro cuestionamiento de justificar el por qué sufragaron en ese sentido. Mucho menos aceptaron un debate público al respecto. Lo mismo sucedió con los y las legisladoras a quienes se cuestionó por su apoyo a las reformas duartistas de los códigos de procedimientos civiles y familiares del estado de Chihuahua. Su silencio y complicidad de entonces son directamente proporcionales al boato de sus informes de ahora. Quienes entonces votaron en favor de códigos sexistas, discriminadores de la mujer, ahora presumen su “apoyo a la familia”.

Los qués: casi parece una ley: a menor contenido legislativo del informe, a mayor debilidad de la labor dura y básica del legislador, mayor énfasis del informe en las acciones de “gestoría”. Las y los diputados y senadores fueron electos para legislar, ser contrapeso efectivo del Ejecutivo, vigilar las finanzas públicas, representar los intereses de la ciudadanía. Para eso se les paga y mejor que a todos los legisladores de América Latina. Sin embargo, como muchas veces su labor en estos campos básicos de la representación popular es muy endeble, echan cortinas de humo con sus acciones “de gestoría”: conseguir despensas, láminas para vivienda, acciones de salud, etc. Esta es una labor que corresponde al Ejecutivo y éste debe operar los mecanismos para que esas acciones lleguen de manera expedita e igualitaria a los gobernados. El que lleguen gracias a la “gestoría” de las y los legisladores siempre les imprime un sello clientela y partidista. ¿O usted cree que un funcionario del Ejecutivo reparte beneficios por igual a los legisladores de su partido y a los de los partidos rivales para que a su vez los distribuyan? Toda acción de “gestoría” realizada de esta manera es una reproducción de los privilegios políticos de quien la realiza y del partido a que representa.

Cada servidor público o representante popular debe informar de sus actividades en estricto cumplimiento de su obligación. Pero debe hacerlo con austeridad y veracidad republicanas, de manera continua y dialógica, abierta a cuestionamientos, no sólo al final de un año de labores, sino en cualquier momento que la ciudadanía los interpele, les pida cuentas.

Diputadas, diputados, senadoras y senadores siguen siendo el segmento de actores de la vida pública de este país con peores evaluaciones y con menos credibilidad por parte de la ciudadanía, según señalan diversas encuestas y estudios de opinión. Y la parafernalia de sus informes no va a contrarrestar esta percepción. Todo lo contrario.

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