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Informes sobre el caso del asesino satanista que decapitó a su compañero de celda revelan que los guardias informaron que ambos reos estaban vivos

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El 9 de marzo de 2019, Jaime Osuna, un asesino convicto de 31 años, decapitó a su compañero de celda y cortó varias partes de su cuerpo, pero los guardias del penal que hacían sus rondas informaron que ambos hombres estaban vivos, así se desprende de dos nuevos informes sobre las prisiones de California publicados por la oficina del inspector general, informa The Los Angeles Times.

El asesinato ha provocado investigaciones y una demanda sobre por qué Luis Romero, de 44 años, estaba en la misma celda con Osuna, un autodenominado satanista con un historial de ataques a sus compañeros de celda. Un informe estatal culpó al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California por incompetencia en su investigación y su demora en disciplinar a los guardias.

La causa por la que los oficiales no descubrieron la espantosa escena antes no se detalla en los informes. Según una demanda presentada por la familia de Romero, había una sábana blanca sobre los barrotes de la celda, lo que sugería que los guardias no hicieron un registro exhaustivo de la celda. El Departamento de Correcciones del estado rechazó las conclusiones del informe e insistió en que se había llevado a cabo una «investigación exhaustiva y completa desde el principio».

No obstante, el abogado de la familia de Romero, Justin Sterling, afirmó que los informes describen el «velo de secretismo» del departamento que oculta la mala conducta de los oficiales.

Asesino convicto tortura y decapita a su compañero de celda en "el caso más espantoso de atrocidad" visto por las autoridades

Romero ya había pasado 27 años en prisión cuando fue trasladado a la celda de Osuna. Había sido condenado por asesinato en segundo grado después de disparar y matar a una mujer en Compton cuando era un adolescente. Por su parte, Osuna estaba cumpliendo cadena perpetua por torturar y matar a Yvette Pena, de 37 años, en un motel en Bakersfield, California, en 2011.

El asesino usó un «objeto metálico afilado envuelto en una cuerda y atado a un mango» contra su compañero de celda, cortó varias partes del cuerpo de Luis Romero, incluyendo un ojo y un dedo. Las autoridades declararon que el hombre murió desangrado debido a «múltiples traumatismos de fuerza aguda». Los guardias encontraron a Osuna llevando un collar hecho con las partes del cuerpo de Romero. El fiscal del condado de Kings, Phil Esbenshade, calificó el crimen como «el caso más espantoso» que había visto en términos de atrocidad porque se cree que la víctima «estuvo consciente durante una parte del tiempo».

Los guardias tenían que revisar las celdas de vez en cuando, señaló Sterling, y este crimen debió de tardar horas en cometerse. Si los guardias hubieran estado haciendo sus chequeos requeridos, Romero estaría vivo hoy, dijo.

Según los informes del inspector general, los dos guardias informaron falsamente que habían observado a Romero vivo. Además, un tercer y cuarto oficial no informaron que habían visto como los dos primeros oficiales «no llevaban a cabo adecuadamente los recuentos», según uno de los informes. Asimismo, el informe también critica la investigación de asuntos internos del departamento de prisiones. Asegura que el primer oficial mintió durante la entrevista y que el agente especial a cargo de la investigación no entrevistó a varios testigos clave.

Osuna fue diagnosticado con un trastorno de esquizofrenia no especificado, trastorno de personalidad antisocial y trastorno límite de la personalidad.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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