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Ingresa mexicano a Consejo de Justicia y Paz del Vaticano

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El Vaticano.- El Papa Benedicto XVI designó hoy al filósofo mexicano Rodrigo Guerra López, director del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV), como miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano.

La sala de prensa de la Sede Apostólica informó que Guerra fue incluido en una lista de 13 nuevos miembros y nueve consultores de ese organismo que se dedica, entre otras cosas, a promover -en el mundo- el magisterio de la Iglesia católica en materia social.

Guerra López es licenciado en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y doctor en la misma disciplina por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein.

Realizó estudios en la Universidad Católica de Eichstatt (Alemania), obtuvo el postgrado en humanismo universitario por la Universidad Iberoamericana y el diplomado en gestión integral de proyectos por Infinita S.C.

Entre otras cosas se desempeñó como coordinador de la maestría en filosofía de la UPAEP, coordinador académico del Instituto Superior de Estudios para la Familia (Ciudad de México), y como catedrático en las universidades Autónoma de Querétaro, Anáhuac y Panamericana.

El Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano es una de las secciones que apoyan al Papa en su labor de gobierno de la Iglesia universal. Cuenta con un presidente, un secretario y un subsecretario, todos eclesiásticos nombrados por el Papa.

Además está integrado por unas 40 personas, entre miembros y consultores, designados a título personal por el pontífice y cuyo cargo dura unos cinco años.

Provenientes de todos los continentes, los miembros se reunen regularmente en Roma en asamblea plenaria para contribuir, según sus diversas sensibilidades y sus trabajos pastorales o profesionales, a trazar las grandes líneas de la actividad del Consejo. 

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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