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Inicia juicio contra García Luna por narcotráfico en Nueva York

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El juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública que lideró la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), arrancó este lunes en Estados Unidos, donde está acusado de aliarse con el Cártel de Sinaloa para introducir droga en el país vecino.

García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y tres años después comenzó el juicio por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal y conspiración para la distribución internacional, posesión e importación de cocaína.

El quinto corresponde al supuesto falso testimonio que prestó a las autoridades estadounidenses.

Así, se convertirá en el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado por un tribunal estadounidense.

García Luna presuntamente aceptó sobornos del afamado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa ahora condenado a cadena perpetua en un penal estadounidense, para permitirle operar con impunidad.

Será precisamente el mismo juez que condenó al “Chapo”, Brian Cogan, quien decidirá el futuro del exsecretario de Seguridad, quien afronta posibles penas que van desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua.

Hasta llegar al banquillo de la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, García Luna pasó tres años entre rejas, en los que México solicitó su extradición y se cuestionó el grado de conocimiento que Calderón tenía sobre sus relaciones con el narcotráfico.

Tras finalizar la selección del jurado, ahora empezarán los alegatos iniciales del juicio, que duraría cerca de dos meses con decenas de testigos del crimen organizado.

UN EXTRAORDINARIO PODER

Al mando de la llamada “guerra contra el narco” impulsada por Calderón, que inauguró una de las épocas más sangrientas de la historia de México, García Luna se convirtió en la mano derecha del presidente y se llegó a decir que acumulaba más poder que él.

Dicha influencia política, sumada a su cercanía con la cúpula del Cártel de Sinaloa, le habría servido a él y sus socios para lucrar.

Según la investigación de la periodista Peniley Ramírez en el libro Los millonarios de la guerra: El expediente inédito de García Luna y sus socios, extrajeron más de 400 millones de dólares del presupuesto público mexicano, que gastaron en lujos.

Ramírez dibujó a García Luna como un megalómano “obsesionado con James Bond”, hasta el punto de celebrar sus fiestas de cumpleaños con la temática del agente 007, y que contrató con fondos públicos a Televisa para producir una serie policiaca protagonizada por la Policía Federal que él dirigía.

LARGA CARRERA EN LA SEGURIDAD

Antes de acceder a uno de los puestos de mayor responsabilidad con Calderón, García Luna ostentó cargos policiales durante los sexenios de Ernesto Zedillo (1996-2000) y Vicente Fox (2000-2006).

Con el primero dirigió áreas de inteligencia, mientras que con el segundo encabezó la Policía Judicial Federal y la recién creada Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado.

Paralelamente a su larga carrera en puestos de seguridad, García Luna se ha visto salpicado por su presunta implicación en montajes policiales, presiones al Poder Judicial o sobornos a traficantes.

También estuvo envuelto en “Rápido y Furioso”, un polémico operativo realizado con Estados Unidos entre 2009 y 2011 cuyo propósito era obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México, pero que acabó con el armamento en manos del crimen organizado.

EL INTERÉS DE LÓPEZ OBRADOR

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sigue de cerca el juicio al exsecretario de su gran adversario político, Felipe Calderón, contra quien contendió en las elecciones federales de 2006.

Desde su tribuna diaria, el mandatario alude con frecuencia a Calderón, a quien ha pedido que explique su vinculación con las actividades irregulares del que fuera su mano derecha.

México

Hacienda asegura que ajuste al IEPS no elevará el precio de las gasolinas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.

Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.

En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

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