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Investiga la DEA muerte de Jenni Rivera; detecta pistas del narcotráfico

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La Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reveló el jueves que la empresa propietaria del Learjet 25, en el que viajaba la cantante Jenni Rivera, está bajo investigación y que a principios de año ya había confiscado dos aeronaves como parte del proceso.

La portavoz de la DEA, Lisa Webb confirmó que se confiscaron los jets de lujo en Texas y Arizona, pero no dio más detalles sobre el caso.

La DEA también está revisando toda la documentación y registros asociados a Starwood, la compañía con sede en Las Vegas y propietaria de las aeronaves, así como correspondencia que mantuvo la empresa con el ex alcalde de Tijuana, de quien la agencia sospecha tiene fuertes vínculos con el crimen organizado.

Las investigaciones arrojan que el hombre que debe estar detrás de la compañía Starwood es Christian Esquino, un ex convicto, quien tiene un largo historial delictivo.

Oficialmente la persona que aparece al frente de la empresa es su cuñada, pero según otros documentos ella es solo una encargada, siendo Esquino, quien maneja todas las operaciones.

Esquino fue deportado a México, luego de cumplir una condena de dos años por fraude en EE.UU. sobre aviación. Además anteriormente también fue declarado culpable de fraude en un caso sobre narcotráfico en Florida.

En una entrevista telefónica desde México, Esquino contó que Jenni Rivera tenía pensado comprar la aeronave por un valor de $250.000 y que el viaje en el que perdió la vida, fue un vuelo de prueba.

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México

México acordó con Estados Unidos liberar agua del Río Bravo desde el 15 de diciembre

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El Gobierno de México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, tras varias semanas de negociaciones, y acordaron iniciar entregas de agua a partir del 15 de diciembre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.

Ambos países coincidieron en la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, instrumento que regula la distribución del recurso hídrico y la administración de aguas compartidas entre las dos naciones. Como parte del acuerdo, México liberará un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, conforme a los términos del tratado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las entregas se realizarán dentro del marco legal vigente, respetando la disponibilidad hidrológica y los límites operativos establecidos, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la región fronteriza.

El entendimiento se consolidó después de que el 8 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a México el adeudo de agua correspondiente y advirtiera sobre la imposición de aranceles de 5 por ciento en caso de incumplimiento. Un día después, el 9 de diciembre, se llevó a cabo de manera virtual la quinta reunión binacional del año para dar seguimiento a las entregas y evaluar la situación técnica.

En dicho encuentro participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Por Estados Unidos participaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

El Tratado de Aguas de 1944 no solo contempla la entrega de agua, sino también la generación de energía eléctrica, el control de avenidas, obras de saneamiento del río Tijuana y la operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad. Ambos gobiernos señalaron que han trabajado de manera coordinada para atender el ciclo actual y cubrir el déficit del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del acuerdo.

Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el diálogo técnico a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la International Boundary and Water Commission, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la protección de la población y la agricultura frente a la sequía histórica. Con este acuerdo, México reiteró su compromiso con los tratados internacionales y la cooperación bilateral en materia de agua.

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