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México

Investigaba feminicidios y fue asesinado

Guayaquil, Ecuador.- Un fiscal que investigaba feminicidios en Ecuador fue asesinado este lunes por pistoleros frente a la sede de la Fiscalía en el puerto de Guayaquil, informó la autoridad judicial.

Édgar Escobar, que formaba parte de una unidad a cargo de crímenes de odio y de mujeres por razón de género, fue «baleado esta mañana» a las afueras del edificio donde trabajaba, indicó la Fiscalía en Twitter.

Según el organismo, dos de los presuntos agresores ya fueron detenidos en un populoso cerro de Guayaquil, azotado por una ola de crímenes vinculados con el tráfico de drogas que también ha golpeado las prisiones del puerto con cientos de muertos en matanzas carcelarias entre pandillas rivales.

«En la acción policial se incautaron una motocicleta y el arma con la que habrían disparado a la víctima», agregó la Fiscalía.

El asesinato del Fiscal Escobar estremece a un país todavía en shock por la desaparición hace una semana de la abogada María Belén Bernal en una sede policial en Quito.

La mujer ingresó a la Escuela Superior de Policía (ESP) para visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, y desde entonces no hay rastros de su paradero.

Ante las sospechas de que pudiera tratarse de un feminicidio, el teniente rindió declaración judicial, tras lo cual está prófugo. El Gobierno destituyó a Cáceres y removió del cargo al jefe de la escuela de formación de oficiales.

Ecuador registra altos índices de violencia de género. Según la Fiscalía, al menos 573 mujeres han sido asesinadas desde 2014 en casos tipificados como feminicidios.

Solo en lo que va 2022 se han registrado 206 asesinatos de mujeres, según Geraldine Guerra, de la Fundación Aldea que mapea feminicidios en el país.

Dos fiscales y un juez asesinados

En medio de la alarma por las agresiones a las mujeres en Ecuador, el asesinato de Escobar también pone de relieve la violencia contra el poder judicial.

Desde mayo último han sido asesinados tres funcionarios: además de Escobar, un juez en la localidad amazónica de Lago Agrio (noreste ecuatoriano, cerca de la frontera con Colombia) y una fiscal de tránsito en el puerto pesquero de Manta (suroeste). Los tres murieron baleados.

A la par con el narcotráfico, la criminalidad ha crecido en el país con 18 millones de habitantes y ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo.

En 2021 se registró una tasa de 14 asesinatos por cada 100 mil personas, casi el doble que en 2020.

Cruentos enfrentamientos entre presos con vínculos con el narco dejan cerca de 400 muertos desde febrero de 2021, desde cuando se han producido siete masacres, algunas de las cuales han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.

Las autoridades ecuatorianas decomisaron el récord anual de 210 toneladas de drogas en 2021 y en lo que va de este año cerca de 150 toneladas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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