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México

Investigación de la Fiscalía chihuahuense contra abogado, involucra a Salinas de Gortari-

La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, por peculado, involucra al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Así lo dio a conocer Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, durante una entrevista para el programa ABC Noticias, donde además señaló que por medio de un contrato simulado de servicios profesionales en materia jurídica, Collado Mocelo dio pie a que el exgobernador César Duarte y Salinas de Gortari desviaran 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua.

Esta suma, sostuvo Corral Jurado, formó parte del compromiso que César Duarte tuvo con el expresidente mexicano para que este impulsara su candidatura a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Duarte quiso ser presidente nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser Presidente de la República”, explicó el Gobernador chihuahuense en el noticiero estatal.

Y detalló que este “modelo” de desvío de recursos públicos a través de servicios jurídicos por parte de Collado Mocelo, ya fue replicado en diferentes entidades del país, con las cuales han compartido información “por si quieren tomar cartas en el asunto”, aunque no específico el nombre de los estados.

La Fiscalía General de Chihuahua cumplimentó este martes una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo por el delito de peculado.

La orden se ejecutó el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde el abogado se encuentra detenido.

De acuerdo con la acusación de la FGE, Collado Mocelo se habría beneficiado con 13.7 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte.

El delito de peculado agravado por el que se le investiga lo habría cometido afectando los recursos del estado de Chihuahua en solución con exfuncionarios públicos entre 2013 y 2014.

Los primeros reportes señalan que los desvíos se habrían realizado a través de la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica mediante la Secretaría de Hacienda estatal.

Fuente: Sin Embargo

México

Diputados y senadores declaran validez de reforma de supremacía constitucional

Las cámaras de Diputados y Senadores declararon la constitucionalidad de la reforma que impide impugnar cambios a la Constitución, apenas un día después de que aprobó la iniciativa.

La declaratoria se realizó con los legisladores de Morena y aliados presentes en el Congreso, mientras que los opositores se ausentaron de las respectivas sesiones.

«No puede ningún juez, ni jueza, ni ministro, ni magistrado, anular una norma jurídica del órgano reformador de la Constitución, no le es válido, no tienen competencia, no tienen facultades ni funciones para hacerlo», reiteró Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados.

La declaratoria se realizó después de que la reforma fuera aprobada por 23 congresos locales.

Las Legislaturas estatales que avalaron los cambios fueron Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero e Hidalgo.

En el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma.

Hace poco más de 24 horas, con la mayoría calificada de 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política.

Morenistas han señalado que con esta reforma se perfeccionarán los procesos constitucionales y reivindican las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas.

Además, se refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad »como regla y principio constitucional, asentando para no dejar lugar a dudas el criterio que ha imperado de manera inveterada, evitando sobreinterpretaciones que sean completamente ajenas y fuera de los márgenes de la Constitución».

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