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México

Jueza que liberó ‘al Menchito’, liberó a implicados en caso Monreal

La jueza federal que liberó a Rubén Oseguera, alias el Menchito, presunto número dos del Cartel Jalisco Nueva Generación, es también quien exoneró en mayo pasado a los tres presuntos implicados en el intento de homicidio del ex diputado Ricardo Monreal y su hermano, el senador David Monreal.

Carlos Loret de Mola destacó este dato en Primero Noticias y dijo que el argumento de la jueza Nadia Villanueva Vázquez para liberarlo fue el mismo: No se acreditaron las acusaciones contra los sospechosos.

En el caso del «Menchito» consideró que hubo violación al debido proceso y falta de pruebas en la acusación por delincuencia organizada.

Ayer, tras ser liberado por la juez, la Policía Federal lo reaprehendió en el penal de máxima seguridad del Altiplano, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), por su probable participación en la desaparición de dos personas en Michoacán.

Ya fue trasladado a la SEIDO en el Distrito Federal.

El Menchito ha sido dejado en libertad por tercera ocasión en año y medio.

Estos son los argumentos que dio el juzgado federal con sede en Toluca, Estado de México, para dejar en libertad ayer a Rubén Oseguera y a su presunto cómplice, Julio Alberto Castillo, detenidos el 23 de junio pasado en Zapopan, Jalisco:

-La Policía Federal entró ilegalmente al domicilio.

-No fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal de inmediato, sino 9 horas después.

-No fueron asistidos con prontitud por un abogado.

-La PGR no acreditó sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hubo, dijo, insuficiencia y deficiencia probatoria.

La PGR respondió a la jueza federal en otro comunicado donde dijo que acata la libertad decretada al Menchito, pero no comparte los criterios de valoración que sustentaron la resolución, y anunció que apelará la sentencia con nuevos argumentos jurídicos.

Da más valor probatorio a los dichos de policías de Zapopan, que no estuvieron al momento de la captura, que a las pruebas aportadas por la Policía Federal.

Rubén Oseguera González, quien es ciudadano estadounidense, estuvo asistido por el cónsul de los Estados Unidos y por su abogado, dijo PGR.

Tampoco consideró los elementos probatorios que lo vincula al grupo criminal que comanda su padre, y del cual hay suficientes pruebas de su participación en diferentes ilícitos.

Con base a la alta peligrosidad del grupo criminal que dirige con su padre en Jalisco, era más seguro llevarlo a la sede de la SEIDO.

De acuerdo con lo dicho por la Policía Federal, el 23 de junio, el arresto se dio en su automóvil cuando circulaba por calles de Zapopan, pero, según agentes locales, ocurrió en su casa.

Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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