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México

Justicia para Beatriz: CNDH exige resolver el caso de la doctora muerta bajo custodia de la Policía en Hidalgo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) condenaron la detención y el deceso de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, de 30 años, quien fue encontrada muerta cuando estaba bajo la custodia de la Policía del ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hidalgo.

Este domingo 13 de junio, ambos órganos autónomos manifestaron de manera conjunta, a través de un comunicado oficial, el repudio a los hechos acontecidos que derivaron en el deceso de la trabajadora del sector de la salud.

“Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes de procuración y administración de justicia para que las investigaciones, diligencias y debido proceso se hagan con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos correspondientes sobre perspectiva de género y feminicidio, evitando la impunidad y sancionando a los responsables por los delitos que por acción u omisión hayan cometido”, se lee en el comunicado de ambas comisiones.

Piden justicia para el caso de la doctora detenida en Hidalgo que no recibió atención médica (Foto: Twitter / @Nuvia_Mayorga)Piden justicia para el caso de la doctora detenida en Hidalgo que no recibió atención médica (Foto: Twitter / @Nuvia_Mayorga)

Por su cuenta, la CDHEH inició queja de oficio bajo el número CDHEH-VPO-0016-21, donde señalaron las violaciones específicas en el caso de la doctora Beatriz Hernández: Derecho a la legalidad y Seguridad Jurídica, Derecho a valoración y certificación médica, Derecho a la Vida y Derecho a preservar la vida humana.

Asimismo, las comisiones promovieron un exhorto a las autoridades locales para que se investigue a fondo el caso y puedan dar con las verdaderas causas del deceso y puedan dar, en caso de que existan, con los responsables de lo ocurrido el pasado viernes 11 de junio.

De acuerdo con lo reportado por Infobae México, la egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) participó en un accidente vial, por lo que los oficiales, con lujo de violencia, la aprehendieron y trasladaron sin justificar a su familia el motivo.

Un video que circula en redes sociales muestra a Beatriz Hernández en mal estado. Alrededor de ella hay, al menos, dos policías y varios testigos. Una oficial la sostiene y le coloca las manos en la cara y cuello para ingresarla a la patrulla.

Beatriz Hernández (Foto: Facebook / Pao Palacios)Beatriz Hernández (Foto: Facebook / Pao Palacios)

“No importa, yo estoy haciendo mi trabajo”, le dijo la mujer policía que la arrestó. Instantes después un sujeto, quien menciona que intentó ayudarla, se acerca a ella para observar su condición. Sin embargo, la médica no responde y es ingresada a la unidad oficial.

Posteriormente se reportó el deceso de la mujer cuando permanecía en custodia de los uniformados. Cabe señalar que la mujer no fue valorada por un médico y al lugar de los hechos no llegó ninguna ambulancia para transportarla a un hospital para ser atendida correctamente. Lo cual podría delatar ineficiencia en los protocolos de actuación de la policía del estado gobernado por Omar Fayad Meneses, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cabe recordar que esta mala implementación de protocolos de seguridad es consistente con lo ocurrido el martes 1 de junio, cuando una manifestación en Pachuca, capital de Hidalgo, se salió de control y derivó con un posible civil muerto.

Los inconformes venía de la comunidad de Xuchitlán, en San Salvador, y exigían mejoras en las condiciones de vida en la demarcación. Por lo que arribaron al Palacio de Gobierno del estado de Hidalgo para hablar con Simón Vargas, titular de la Secretaría de Gobernación local. Pero como el funcionario no recibió a los marchantes, los comuneros amenazaron con entrar a las instalaciones.

(Foto: Facebook/Enoc Hernández Chávez)(Foto: Facebook/Enoc Hernández Chávez)

Con los ánimos agitados, la policía antimotines entró en acción con un ejercicio de violencia catalogado como excesivo por parte de los testigos, pues aventaron granadas lacrimógenas a los manifestantes y los golpearon con toletes aún a pesar de que ya estaban sometidos.

En un video se puede ver a un civil tendido en el piso con una lesión en la cabeza: el sujeto está acostado en un charco de su propia sangre y no se mueve. Los elementos del estado establecieron un perímetro alrededor del cuerpo inerte del manifestante y esperaron a que llegaran elementos del servicio de emergencias para que sea transportado a un hospital para su valoración y atención. Ante esto, los civiles señalaron que ya estaba muerto.

En otro video se puede apreciar el momento exacto en el que dicho hombre resulta lesionado. Esto ocurrió cuando un elemento de la Policía de Hidalgo accionó la pistola que expulsa las granadas de gas, misma que impactó directamente en la cabeza de un civil que no estaba agrediendo a nadie. Inmediatamente a esto, los ciudadanos se replegaron y la policía comenzó a detener con lujo de violencia a los manifestantes que se iban quedando atrás.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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