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Opinión

LA ADICCIÓN MAS PERNICIOSA POR LUIS OCHOA MINJARES

LA ADICCIÓN MÁS PERNICIOSA

 

Luis Ochoa Minjares

 

   La ludopatía, entendida como una de los vicios y adicciones del ser humano más perniciosas y destructivas a los juegos de azar se expanden como las algas marinas, mientras la actualización de la vieja Ley de Juegos y Sorteos que data desde 1947, camina a paso más lento que una tortuga, lo que ha dado lugar a que los “desplumaderos” proliferen a lo largo y lo ancho del país, la lotería nacional haya olvidado los fines que inspiraron su fundación.

 

   Las únicas palabras que escuchan en las ventanillas de apuestas los ludópatas en fase terminal de la terrible enfermedad cuando preguntan con billete en manos si tiene premio son: “no tiene nada”, “no tiene nada”, “no tiene nada”. La mayoría mueren de viejos sin escuchar la ansiada palabra, “tiene premio”. Las poblaciones fronterizas del norte del país como Ciudad Juárez son las más aporreadas por los desplumaderos y loterías, esto sin considerar los otros vicios como la drogadicción, el alcoholismo.

 

   Recientemente se informó que la dirección General de Juegos y Sorteos del gobierno federal tiene en proyecto una reforma a la ley del ramo, con la finalidad de regular esa industria de los juegos de azar empezando por nuestra lotería nacional, cuyos fines iniciales fueron abandonados hace muchos años.

 

   Los chihuahuenses, especialmente los fronterizos saludamos con optimismo la política del presidente Peña Nieto de actualizar todas las leyes obsoletas que, como la referida, no corresponden a la época en que vivimos.

 

LA “PARRALIZACION”

DEL ESTADO GRANDE

 

   Con este encabezado el Diario publicó el 30 de agosto de 2009, un comentario editorial en el que se pronosticaba que “si al                                    ex presidente Vicente Fox no se le hizo el propósito de “guanajuatizar” México, en cambio al puntero de los once aspirantes a la gubernatura del Estado Grande parece resultarle fácil la meta de “parralizar” de norte a sur y de oriente a poniente el anchuroso terruño chihuahuense. Todo se confabula a favor de ese propósito de depurado futurismo y discreto quehacer político. Por todas partes aparecen expresiones de las excelencias y las virtudes de San José de Hidalgo del Parral, su gente y su candidato César Duarte”.

 

   Hoy nueve años después, los acuciosos Reporteros de el Diario confirman en su columna de la semana pasada que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla:

 

   “La sesión solemne del Congreso del Estado que tuvo verificativo ayer (21-III-2014) en esta frontera fue denominada por algunos de los asistentes como “La toma de Juárez por Parral” debido a que los representantes de los tres poderes del estado, el Gobernador César Duarte Jáquez (Ejecutivo), Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, presidente del Congreso (Legislativo), y José Miguel Salcido Romero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (Judicial), todos originarios de la “capital del mundo”.

 

   Algún día los que tenemos profunda raigambre en “el ombligo del universo” (San Pablo Meoqui) les arrebataremos el cetro a los orgullosos hijos de “la capital del mundo”. Y, como ya se dijo, “no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla”.

 

 LA MENTECATEZ

DE LOS HUMANOS

 

    Una anécdota aleccionadora. Corrían los años cuarentas y la nave municipal de Juárez estaba en manos de un mozalbete apenas veinteañero, pero lleno de  talento político, sentido común y ganas de agarrar el toro de la vida por los cuernos, por cuyas circunstancias la voz popular lo bautizó como “el tempranillo”.

 

   La capital de ese municipio, como siempre, llena de problemas entre los que destacaba el creciente alcoholismo del pobrerío. La entonces poderosa Alianza de comerciantes y Vinos y licores defendía sus intereses y en una ocasión el líder de se organismo se entrevistó con el tempranillo en plan de exigencias desmedidas. Al no ver satisfechos exigencias, la mentecatez humana le nubló la vista y además de insultos lanzó un manazo al carismático alcalde que esquivó sin perder la compostura y el aplomo.

 

   Ninguna represalia. El perdedor fue el organismo cuyo membrete vino en declive con los años y el nombre de su temperamental dirigente se perdió en el olvido. Mientras el alcalde veinteañero fue coleccionando sobrenombres que lo enaltecieron: el ciclón de Chihuahua, el gobernante educador. Hoy su nombre perdura en vistosos monumentos, pero sobre todo, en el corazón de los chihuahuenses.

 

   La firme y serena actitud con la que el actual alcalde juarenses Enrique Serrano enfrentó un acto semejante de mentecatez humana, nos trajo a la memoria esta aleccionadora anécdota.

 

HASTA QUE VIMOS

UNA CON ZAPATOS

 

   De las múltiples, vistosas e imaginativas campañas emprendidas por el sector público a nivel estatal para movilizar a los chihuahuenses, destaca y llama la atención la emprendida por la Junta Municipal de Aguas y saneamiento del Estado de Chihuahua titulada “La mejor llave es la que no tiene fugas”, protagonizada un el “Capitán H2O”, un viejo y afamado capeón de lucha libre.

 

   Llamó mi atención el sencillo comentario que formuló un lector al referirse a la atinada campaña: “hasta que le vimos una bachicha completa” en materia de educación popular para el uso de los servicios públicos. Y es que el cuidado y buen uso del agua es una urgente necesidad que debemos adoptar todos y cada uno de los consumidores frente el gris panorama que se avisora en el futuro mediano.

 

   La dilapidación de los dineros del erario en el uso de los costosos servicios de los diferentes medios de comunicación a la trompa talega o al troche y moche, se puede evitar si, como parece haberlo previsto la JAMAS, se diferencia entre propaganda, información y difusión y se adecuan los mensajes a los diferentes medios y sus sectores de influencia.

 

   Ojalá y el Capitán H2O pueda entrar con sus enseñanzas y mensajes a todos y cada uno de los hogares y lugares consumidores del imprescindible y vital líquido. ¿Quién puede negar que la mejor llave no es la que aplica un buen luchador a su rival, sino la que no tiene fugas?  ¿Quién?

 

LADRAN,  ES SEÑAL

QUE CABALGAMOS

 

   Las amenazas, siempre anónimas, son el pan de cada día tanto al más humilde policía como hasta la cúspide de la presidencia de la república. Siempre son producto de reacciones por la aplicación de las leyes y la justicia plena a quienes están fuera de unas y otras.

 

   El tema viene a cuento por las amenazas que el gobernador del Estado grande César Duarte confirma que ha recibido, y a las que, con todo valor civil ha dicho que no le harán cambiar de rumbo ni aflojar en la tarea que es de todos los mexicanos, de poner en su lugar a los malandros, principalmente a los dedicados al secuestro de personas y a la extorsión de negocios.

   Días pasados se difundió por el mundo entero que “en sólo tres estados (Chihuahua, Nuevo León y Puebla) hay unidades anti secuestro con una estructura operativa eficiente, admitió Renato Sales Heredia, coordinador nacional para el combate a este delito”.

   Esto quiere decir que los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León y Puebla van a la cabeza en la patriótica, delicada y costosa tarea de poner coto en forma definitiva a esos delitos y sus autores que tanto han trastocado la vida nacional.

   Es pues, explicable la reacción de los residuos de la delincuencia organizada. Lo inexplicable es que no todos los mexicanos nos solidaricemos con nuestros gobernantes y los apoyemos de manera más amplia en sus propósitos.

   Por lo demás, como dejó dicho Don Quijote, si los perros ladran, es señal que cabalgamos.

 
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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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