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Opinión

LA ADICCIÓN MAS PERNICIOSA POR LUIS OCHOA MINJARES

LA ADICCIÓN MÁS PERNICIOSA

 

Luis Ochoa Minjares

 

   La ludopatía, entendida como una de los vicios y adicciones del ser humano más perniciosas y destructivas a los juegos de azar se expanden como las algas marinas, mientras la actualización de la vieja Ley de Juegos y Sorteos que data desde 1947, camina a paso más lento que una tortuga, lo que ha dado lugar a que los “desplumaderos” proliferen a lo largo y lo ancho del país, la lotería nacional haya olvidado los fines que inspiraron su fundación.

 

   Las únicas palabras que escuchan en las ventanillas de apuestas los ludópatas en fase terminal de la terrible enfermedad cuando preguntan con billete en manos si tiene premio son: “no tiene nada”, “no tiene nada”, “no tiene nada”. La mayoría mueren de viejos sin escuchar la ansiada palabra, “tiene premio”. Las poblaciones fronterizas del norte del país como Ciudad Juárez son las más aporreadas por los desplumaderos y loterías, esto sin considerar los otros vicios como la drogadicción, el alcoholismo.

 

   Recientemente se informó que la dirección General de Juegos y Sorteos del gobierno federal tiene en proyecto una reforma a la ley del ramo, con la finalidad de regular esa industria de los juegos de azar empezando por nuestra lotería nacional, cuyos fines iniciales fueron abandonados hace muchos años.

 

   Los chihuahuenses, especialmente los fronterizos saludamos con optimismo la política del presidente Peña Nieto de actualizar todas las leyes obsoletas que, como la referida, no corresponden a la época en que vivimos.

 

LA “PARRALIZACION”

DEL ESTADO GRANDE

 

   Con este encabezado el Diario publicó el 30 de agosto de 2009, un comentario editorial en el que se pronosticaba que “si al                                    ex presidente Vicente Fox no se le hizo el propósito de “guanajuatizar” México, en cambio al puntero de los once aspirantes a la gubernatura del Estado Grande parece resultarle fácil la meta de “parralizar” de norte a sur y de oriente a poniente el anchuroso terruño chihuahuense. Todo se confabula a favor de ese propósito de depurado futurismo y discreto quehacer político. Por todas partes aparecen expresiones de las excelencias y las virtudes de San José de Hidalgo del Parral, su gente y su candidato César Duarte”.

 

   Hoy nueve años después, los acuciosos Reporteros de el Diario confirman en su columna de la semana pasada que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla:

 

   “La sesión solemne del Congreso del Estado que tuvo verificativo ayer (21-III-2014) en esta frontera fue denominada por algunos de los asistentes como “La toma de Juárez por Parral” debido a que los representantes de los tres poderes del estado, el Gobernador César Duarte Jáquez (Ejecutivo), Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, presidente del Congreso (Legislativo), y José Miguel Salcido Romero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (Judicial), todos originarios de la “capital del mundo”.

 

   Algún día los que tenemos profunda raigambre en “el ombligo del universo” (San Pablo Meoqui) les arrebataremos el cetro a los orgullosos hijos de “la capital del mundo”. Y, como ya se dijo, “no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla”.

 

 LA MENTECATEZ

DE LOS HUMANOS

 

    Una anécdota aleccionadora. Corrían los años cuarentas y la nave municipal de Juárez estaba en manos de un mozalbete apenas veinteañero, pero lleno de  talento político, sentido común y ganas de agarrar el toro de la vida por los cuernos, por cuyas circunstancias la voz popular lo bautizó como “el tempranillo”.

 

   La capital de ese municipio, como siempre, llena de problemas entre los que destacaba el creciente alcoholismo del pobrerío. La entonces poderosa Alianza de comerciantes y Vinos y licores defendía sus intereses y en una ocasión el líder de se organismo se entrevistó con el tempranillo en plan de exigencias desmedidas. Al no ver satisfechos exigencias, la mentecatez humana le nubló la vista y además de insultos lanzó un manazo al carismático alcalde que esquivó sin perder la compostura y el aplomo.

 

   Ninguna represalia. El perdedor fue el organismo cuyo membrete vino en declive con los años y el nombre de su temperamental dirigente se perdió en el olvido. Mientras el alcalde veinteañero fue coleccionando sobrenombres que lo enaltecieron: el ciclón de Chihuahua, el gobernante educador. Hoy su nombre perdura en vistosos monumentos, pero sobre todo, en el corazón de los chihuahuenses.

 

   La firme y serena actitud con la que el actual alcalde juarenses Enrique Serrano enfrentó un acto semejante de mentecatez humana, nos trajo a la memoria esta aleccionadora anécdota.

 

HASTA QUE VIMOS

UNA CON ZAPATOS

 

   De las múltiples, vistosas e imaginativas campañas emprendidas por el sector público a nivel estatal para movilizar a los chihuahuenses, destaca y llama la atención la emprendida por la Junta Municipal de Aguas y saneamiento del Estado de Chihuahua titulada “La mejor llave es la que no tiene fugas”, protagonizada un el “Capitán H2O”, un viejo y afamado capeón de lucha libre.

 

   Llamó mi atención el sencillo comentario que formuló un lector al referirse a la atinada campaña: “hasta que le vimos una bachicha completa” en materia de educación popular para el uso de los servicios públicos. Y es que el cuidado y buen uso del agua es una urgente necesidad que debemos adoptar todos y cada uno de los consumidores frente el gris panorama que se avisora en el futuro mediano.

 

   La dilapidación de los dineros del erario en el uso de los costosos servicios de los diferentes medios de comunicación a la trompa talega o al troche y moche, se puede evitar si, como parece haberlo previsto la JAMAS, se diferencia entre propaganda, información y difusión y se adecuan los mensajes a los diferentes medios y sus sectores de influencia.

 

   Ojalá y el Capitán H2O pueda entrar con sus enseñanzas y mensajes a todos y cada uno de los hogares y lugares consumidores del imprescindible y vital líquido. ¿Quién puede negar que la mejor llave no es la que aplica un buen luchador a su rival, sino la que no tiene fugas?  ¿Quién?

 

LADRAN,  ES SEÑAL

QUE CABALGAMOS

 

   Las amenazas, siempre anónimas, son el pan de cada día tanto al más humilde policía como hasta la cúspide de la presidencia de la república. Siempre son producto de reacciones por la aplicación de las leyes y la justicia plena a quienes están fuera de unas y otras.

 

   El tema viene a cuento por las amenazas que el gobernador del Estado grande César Duarte confirma que ha recibido, y a las que, con todo valor civil ha dicho que no le harán cambiar de rumbo ni aflojar en la tarea que es de todos los mexicanos, de poner en su lugar a los malandros, principalmente a los dedicados al secuestro de personas y a la extorsión de negocios.

   Días pasados se difundió por el mundo entero que “en sólo tres estados (Chihuahua, Nuevo León y Puebla) hay unidades anti secuestro con una estructura operativa eficiente, admitió Renato Sales Heredia, coordinador nacional para el combate a este delito”.

   Esto quiere decir que los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León y Puebla van a la cabeza en la patriótica, delicada y costosa tarea de poner coto en forma definitiva a esos delitos y sus autores que tanto han trastocado la vida nacional.

   Es pues, explicable la reacción de los residuos de la delincuencia organizada. Lo inexplicable es que no todos los mexicanos nos solidaricemos con nuestros gobernantes y los apoyemos de manera más amplia en sus propósitos.

   Por lo demás, como dejó dicho Don Quijote, si los perros ladran, es señal que cabalgamos.

 
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Opinión

Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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