Dalia Santana, alcaldesa priista de Huetamo, fue detenida por elementos de la procuraduría de Michoacán en cumplimiento a dos órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio.

Con ella ya son cuatro los presidentes municipales detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Ayer en conferencia de prensa, el procurador de Michoacán, Martín Godoy, informó que Dalia Santana exigía a los empleados del municipio 20 por ciento de su sueldo, con la finalidad de llevárselo a Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder máximo de Los caballeros templarios.

También, agregó, existen señalamientos de que realizaba cobros a comerciantes ambulantes del mismo municipio, con el propósito de darle ese dinero a La Tuta.

El funcionario estatal abundó que las investigaciones realizadas por personal de la dependencia revelaron que la alcaldesa ordenó el homicidio del empresario Antonio Granados, el pasado 9 de abril del 2013, quien era su compadre y con el cual había tenido problemas personales.

Explicó que la víctima fue citada con engaños a un restaurante de comida china en el municipio de Huetamo, hasta donde llegó un presunto sicario enviado por la alcaldesa, quien le disparó.

Las pesquisas establecieron que el autor material del homicidio es integrante de Los templarios, con quien la presidenta municipal se encontraba ligada.

Señaló que los mandamientos judiciales fueron emitidos por el juez de primera instancia de Huetamo, por lo que fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional.

Por la noche se informó que ingresó al penal de Zitácuaro.

Otros casos

Con la detención de Dalia Santana, suman cinco los alcaldes que tienen procesos desde que llegó a Michoacán el comisionado Alfredo Castillo.

Los anteriores presidentes municipales fueron el perredista Arquímides Oseguera, de Lázaro Cárdenas, quien fue aprehendido por secuestro y extorsión.

También fue requerido el priista Uriel Chávez, de Apatzingán, por extorsión contra tres regidores, quienes lo acusaron de llevarlos con líderes templarios, los cuales los extorsionaron, y más recientemente se le imputó el delito de homicidio contra el ex delegado de la Profeco en Michoacán, Octavio Contreras.

A la lista se suma Jesús Cruz, también del PRI, alcalde de Aguililla, quien enfrenta un proceso a nivel federal, ya que fue requerido por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada y la aprehensión la realizó la PGR.

Noé Aburto, presidente municipal panista de Tacámbaro, enfrenta un proceso por peculado por 2 millones de pesos, pero cuenta con un amparo para no ser detenido.

Además, en días recientes, el comisionado Castillo adelantó que Salma Karrum, alcaldesa de Pátzcuaro, será llamada a declarar a la PGR, luego de aparecer en un video con un presunto jefe de plaza de Los templarios. Sin embargo, después de dos semanas, la presidenta municipal sigue en funciones de manera normal.

Milenio