Conecta con nosotros

Opinión

La autodestrucción de Morena. Por Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

Todo se trata de Andrés Manuel: el partido más exitoso en las encuestas en México, tiene como pilar y guía al presidente de México. Durante meses, los líderes de Morena se han peleado entre ellos, buscando demostrar quien tiene una mayor fidelidad y lealtad hacia quien ostenta el Poder Ejecutivo. En su intento, el partido sufre una división convulsionante, de manera inexplicable.

Desde su creación como asociación civil, aquel 2 de octubre del 2011, Andrés Manuel López Obrador declaró que Morena sería por siempre el espíritu de un movimiento social.

El partido de AMLO está posicionado como el gran favorito en los comicios más grandes de la historia, del próximo 6 de junio de 2021. Una situación seriamente envidiable por la oposición, que no ha logrado sumar un frente amplio para derrotar a los lopezobradoristas.

Y es que los números son impactantes, Morena tiene el 39% de las preferencias electorales, seguido de Acción Nacional con el 11% y el Partido Revolucionario Institucional con un 10%, esto de acuerdo con una encuesta del periódico El Financiero. Incluso, la aprobación del presidente López Obrador ha crecido notablemente de junio a septiembre, puessubió del 56 a 62%.

Las noticias de los números favorables, para los distintos grupos dentro de Morena deberían de ser alentadores, inspiradores y estimulantes rumbo a la elección de 2021, cuando más de 95 millones de personas podrán votar y se renovarán 21,000 cargos de elección popular.

Si el día de hoy fueran las elecciones, Morena aplastaría a los demás partidos de manera impresionante. Parecería que todo estaría preparado para que el partido lopezobradorista se convierta en una especie de “partidazo”, como lo fue el PRI durante décadas; sin embargo, algo muy pútrido sucede en lo más profundo de su organización.

HAZ CLICK PARA SEGUIR LEYENDO 

Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto