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Opinión

La bronca que retrata al Congreso. Por Caleb Ordóñez T.

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Lo que ocurrió entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña no fue un arrebato espontáneo. Es el resultado de años de tensiones, provocaciones mutuas y un ambiente político que ha normalizado la confrontación como espectáculo. El Senado, que debería ser un recinto de deliberación, terminó convertido en un ring donde dos veteranos de la política mexicana se enfrascaron a empujones y golpes mientras sonaba el Himno Nacional.

El odio entre ambos tiene raíces claras: Noroña, con su estilo incendiario, ha hecho carrera como opositor feroz, pero también como un crítico constante de todo lo que huela a PRI. Alito, en cambio, representa al viejo partido acusado de corrupción, privilegios y pactos en lo oscurito. La confrontación no es solo personal: es la pugna entre un tribuno que gusta de provocar rupturas y un dirigente acostumbrado a usar la fuerza y el protagonismo mediático como defensa.

En el fondo, ambos comparten más similitudes de las que admitirían: los rodean polémicas sobre riqueza inexplicable, lenguaje altisonante, declaraciones temerarias y una habilidad inigualable para ocupar titulares. De hecho, encuestas recientes revelan que el 78% de los mexicanos considera que sus legisladores “discuten más de lo que trabajan”, mientras que 7 de cada 10 piensan que el Congreso es ineficaz y está desconectado de los problemas reales. En ese contexto, el pleito físico no hace más que confirmar la percepción de que los políticos actúan como protagonistas de un reality show.

El altercado deja un saldo que va más allá de los empujones: un camarógrafo herido, denuncias penales, acusaciones de amenazas de muerte y un Congreso ridiculizado ante la opinión pública. Pero lo verdaderamente grave es la señal de impunidad. En México, los zafarranchos legislativos se han repetido por años —desde empujones en la Cámara de Diputados hasta sillazos en congresos estatales— y rara vez hay sanciones. Esto explica que el 65% de los ciudadanos crea que “no sirve de nada denunciar a un político” porque nunca recibe castigo.

La situación empeora cuando se observa la dinámica interna de Morena. Noroña no solo incomoda a la oposición, también ha provocado fisuras dentro del oficialismo. Sus desplantes recientes —lujos personales, insultos diplomáticos y frases que ponen en entredicho la unidad del movimiento— han obligado a la dirigencia a salir a apagar incendios. Morena sabe que necesita mostrar cohesión rumbo al 2027, pero cada salida de tono de Noroña alimenta el discurso opositor de que el partido en el poder es incapaz de controlarse a sí mismo.

La imagen de la política mexicana está en su punto más bajo. Según el INEGI, solo el 19% de los ciudadanos confía en el Congreso, mientras que la confianza en los partidos políticos se desploma hasta el 11%, la cifra más baja en décadas. La pelea entre Alito y Noroña no es un accidente: es el símbolo de un sistema legislativo desgastado, atrapado entre egos y luchas de poder, incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que realmente importan, como la violencia, el empleo o la desigualdad.

La gran pregunta es qué consecuencias deja todo esto. Para los partidos, el costo inmediato es la erosión de credibilidad. Para la ciudadanía, la confirmación de que los políticos parecen vivir en otro planeta. Y para la democracia, un golpe a su ya frágil legitimidad. Si los legisladores se comportan como gladiadores, ¿qué confianza puede esperar la gente en las instituciones?

En tiempos donde la violencia social golpea todos los rincones del país, la política debería ser el ejemplo de civilidad y control. En cambio, manda el mensaje contrario: que todo se resuelve a gritos y golpes. El problema no es solo de dos personajes, sino de un sistema que aplaude el escándalo y tolera la impunidad. Y mientras tanto, la ciudadanía observa con una mezcla de enojo, risa y resignación.

Al final, la bronca entre Noroña y Alito quedará en la memoria como anécdota pintoresca, pero también como metáfora de un Congreso que ya no inspira respeto, sino vergüenza.

Opinión

El agua y la sed de poder. Por Caleb Ordóñez T.

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La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?

Caleb Ordoñez

El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.

Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.

Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.

Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.

Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.

Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.

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