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Opinión

La bronca que retrata al Congreso. Por Caleb Ordóñez T.

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Lo que ocurrió entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña no fue un arrebato espontáneo. Es el resultado de años de tensiones, provocaciones mutuas y un ambiente político que ha normalizado la confrontación como espectáculo. El Senado, que debería ser un recinto de deliberación, terminó convertido en un ring donde dos veteranos de la política mexicana se enfrascaron a empujones y golpes mientras sonaba el Himno Nacional.

El odio entre ambos tiene raíces claras: Noroña, con su estilo incendiario, ha hecho carrera como opositor feroz, pero también como un crítico constante de todo lo que huela a PRI. Alito, en cambio, representa al viejo partido acusado de corrupción, privilegios y pactos en lo oscurito. La confrontación no es solo personal: es la pugna entre un tribuno que gusta de provocar rupturas y un dirigente acostumbrado a usar la fuerza y el protagonismo mediático como defensa.

En el fondo, ambos comparten más similitudes de las que admitirían: los rodean polémicas sobre riqueza inexplicable, lenguaje altisonante, declaraciones temerarias y una habilidad inigualable para ocupar titulares. De hecho, encuestas recientes revelan que el 78% de los mexicanos considera que sus legisladores “discuten más de lo que trabajan”, mientras que 7 de cada 10 piensan que el Congreso es ineficaz y está desconectado de los problemas reales. En ese contexto, el pleito físico no hace más que confirmar la percepción de que los políticos actúan como protagonistas de un reality show.

El altercado deja un saldo que va más allá de los empujones: un camarógrafo herido, denuncias penales, acusaciones de amenazas de muerte y un Congreso ridiculizado ante la opinión pública. Pero lo verdaderamente grave es la señal de impunidad. En México, los zafarranchos legislativos se han repetido por años —desde empujones en la Cámara de Diputados hasta sillazos en congresos estatales— y rara vez hay sanciones. Esto explica que el 65% de los ciudadanos crea que “no sirve de nada denunciar a un político” porque nunca recibe castigo.

La situación empeora cuando se observa la dinámica interna de Morena. Noroña no solo incomoda a la oposición, también ha provocado fisuras dentro del oficialismo. Sus desplantes recientes —lujos personales, insultos diplomáticos y frases que ponen en entredicho la unidad del movimiento— han obligado a la dirigencia a salir a apagar incendios. Morena sabe que necesita mostrar cohesión rumbo al 2027, pero cada salida de tono de Noroña alimenta el discurso opositor de que el partido en el poder es incapaz de controlarse a sí mismo.

La imagen de la política mexicana está en su punto más bajo. Según el INEGI, solo el 19% de los ciudadanos confía en el Congreso, mientras que la confianza en los partidos políticos se desploma hasta el 11%, la cifra más baja en décadas. La pelea entre Alito y Noroña no es un accidente: es el símbolo de un sistema legislativo desgastado, atrapado entre egos y luchas de poder, incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que realmente importan, como la violencia, el empleo o la desigualdad.

La gran pregunta es qué consecuencias deja todo esto. Para los partidos, el costo inmediato es la erosión de credibilidad. Para la ciudadanía, la confirmación de que los políticos parecen vivir en otro planeta. Y para la democracia, un golpe a su ya frágil legitimidad. Si los legisladores se comportan como gladiadores, ¿qué confianza puede esperar la gente en las instituciones?

En tiempos donde la violencia social golpea todos los rincones del país, la política debería ser el ejemplo de civilidad y control. En cambio, manda el mensaje contrario: que todo se resuelve a gritos y golpes. El problema no es solo de dos personajes, sino de un sistema que aplaude el escándalo y tolera la impunidad. Y mientras tanto, la ciudadanía observa con una mezcla de enojo, risa y resignación.

Al final, la bronca entre Noroña y Alito quedará en la memoria como anécdota pintoresca, pero también como metáfora de un Congreso que ya no inspira respeto, sino vergüenza.

Opinión

La embajada, ¿un salvavidas para Adán Augusto? Por Caleb Ordóñez T.

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El rumor corrió con fuerza, como suelen correr las versiones que no nacen en el vacío. En los pasillos del poder se empezó a repetir una misma idea: Adán Augusto López Hernández estaría explorando —o incluso negociando— su salida del Senado a cambio de una embajada. No como castigo, no como premio, sino como salida política. Cuando un trascendido de ese tamaño se vuelve insistente, no es porque alguien quiera inventar una historia, sino porque el sistema está buscando una válvula de escape.

En política, los fuertes rumores no siempre anticipan hechos, pero casi siempre revelan tensiones. Y hoy, la tensión alrededor de Adán Augusto es real, profunda y multicausal.

Caleb Ordóñez T.

Desde que asumió como coordinador del grupo mayoritario en el Senado, su figura pasó de ser un operador eficaz en la sombra a un protagonista expuesto todos los días. El Senado es una máquina de desgaste: cada sesión suma presión, cada negociación deja heridos, cada escándalo se amplifica. Y Adán Augusto llegó a ese espacio con una mochila pesada, cargada de pasado, poder y enemigos.

Porque no es un senador más. Es exsecretario de Gobernación, exgobernador, aspirante presidencial frustrado y, sobre todo, líder de un grupo político interno tan disciplinado como polémico, que hoy empuja candidaturas por todo el país. Gobernaturas, alcaldías, congresos locales, espacios estratégicos rumbo a 2027. Ese movimiento no es clandestino ni improvisado: es una estructura que incomoda porque compite, porque presiona y porque recuerda que el poder dentro del oficialismo no es monolítico.

Ahí comienza el problema.

La llegada de una nueva presidenta redefinió las reglas del juego. Claudia Sheinbaum necesita orden, control narrativo y disciplina legislativa. Y el Senado se volvió un frente sensible. Cada fractura interna cuesta gobernabilidad. Cada corriente autónoma se convierte en una amenaza potencial. En ese contexto, Adán Augusto dejó de ser solo un aliado con historia: pasó a ser un factor de tensión permanente.

A eso se sumó el golpe más duro: el costo reputacional derivado de su gestión pasada en Tabasco. La historia de su exsecretario de Seguridad —hoy señalado como operador criminal— se convirtió en un ancla que arrastra todo intento de defensa. No importa cuántas veces se repita que no hay una imputación directa: en política, la frase “él lo nombró” pesa más que cualquier deslinde técnico. El daño no es jurídico, es simbólico. Y el símbolo ya se instaló.

Como si eso fuera poco, el frente administrativo y legal terminó de cerrar el cerco. Más de treinta denuncias, montos que se cuentan en cientos de millones de pesos y cuestionamientos patrimoniales que, aun sin sentencia, generan una percepción devastadora. No porque prueben culpabilidad, sino porque obligan a dar explicaciones constantes. Y en el Senado, explicar es perder.

Con ese panorama, la embajada aparece como una jugada lógica. No elegante, no heroica, pero sí muy racional.

Salir del Senado reduce el ruido de inmediato. Desaparecen los micrófonos diarios, las preguntas incómodas, la necesidad de reaccionar. El personaje se traslada a una lógica distinta: la del servicio exterior, la representación del país, la agenda institucional. No limpia el pasado, pero enfría el presente.

Hay, además, un precedente que en el poder nadie ignora. Cuando Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General para asumir una embajada en el Reino Unido, la lectura fue similar: no se trató de un ascenso diplomático, sino de una reubicación política cuidadosamente calculada. En su momento, su permanencia en el centro del debate público ya era más costosa que útil, y la salida permitió despresurizar al gobierno sin abrir un conflicto frontal. El paralelismo es evidente: cuando una figura concentra demasiado desgaste, demasiadas resistencias internas y demasiada atención incómoda, la embajada se convierte en una fórmula conocida del sistema para retirar el estorbo sin admitirlo, enfriar la crisis y ganar tiempo. En política, a veces no se va el que cae, sino el que estorba quedándose.

Además, su salida reordena el tablero interno. Sin Adán Augusto en el Senado, su grupo político pierde un eje visible de poder, pero no se desintegra. Al contrario: se dispersa y se vuelve más negociable. Los aspirantes que hoy se cobijan bajo su sombra tendrían que sentarse directamente con el centro del poder. Eso reduce fricciones, descomprime ambiciones y elimina la sensación de que una sola corriente está capturando territorios.

Desde el punto de vista personal, la embajada también compra tiempo. Tiempo para que las investigaciones avancen o se diluyan. Tiempo para que la agenda pública cambie. Tiempo para reconstruir una narrativa distinta: la del político que se hizo a un lado “por el bien del país”, no la del dirigente que fue desplazado por escándalos.

Claro, el movimiento no está libre de riesgos. Salir del Senado puede implicar perder el fuero. Nadie con problemas potenciales hace eso a la ligera. Por eso, esta jugada solo tiene sentido si existe la percepción —o el acuerdo— de que el riesgo legal es controlable. La embajada, en ese sentido, no es protección jurídica, sino protección política.

Y está, por supuesto, la batalla final: la percepción pública. Para algunos será un premio; para otros, un exilio diplomático. Esa disputa no se define con el cargo, sino con el relato. Y ese relato no solo lo construye Adán Augusto: lo administra el poder.

Al final, el punto es brutalmente simple. En la política mexicana no siempre pierde el que se va. Muchas veces pierde el que se queda demasiado tiempo cuando el desgaste ya es irreversible. La embajada, en este caso, no sería una huida, sino un movimiento lateral para evitar una caída vertical.

Porque cuando los rumores de salida se vuelven insistentes, no hablan del futuro del cargo, hablan del presente del poder y hoy Adán Augusto está en el top de los más incómodos para palacio nacional.

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