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La construcción del Tren Maya iniciará en año y medio

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El Tren Maya no empezará a construirse el próximo 16 de diciembre. El proyecto tampoco será licitado en ese mes ni la consulta del próximo 24 y 25 decidirá su puesta en marcha.

Lo que pasará en realidad está determinado por las leyes en la materia para las obras de infraestructura y tiene fases y tiempos perfectamente delimitados que el nuevo gobierno debe cumplir, reconoce el equipo responsable del proyecto.

En entrevista, integrantes de las áreas responsables de la megaobra propuesta explican que lo que arrancará en diciembre es apenas la primera fase, que licitará la elaboración del proyecto ejecutivo del tren con sus correspondientes estudios y evaluaciones de factibilidad, de mercado, legal y administrativo, de impacto ambiental, y financiero, para lo cual se ha solicitado un presupuesto de 8 mil millones de pesos al Congreso para 2019.

De forma paralela se irán realizando las sesiones informativas con las comunidades afectadas previo a la segunda fase del proyecto, que consiste en la realización de las consultas que decidirán realmente si el tren procede o no: la consulta ambiental y la consulta indígena. De obtenerse el consentimiento de las comunidades se procederá a la tercera fase, que es –aquí sí- el registro del proyecto ante Hacienda y su licitación para decidir qué empresas participarán en la construcción de la obra.

Las tres fases del proyecto pueden tomar un año o más por el número de estados, municipios y localidades consideradas en el trazo del tren, y cuyas comunidades y sectores son los primeros actores con derecho para participar en los procesos informativos y de consulta, de acuerdo con el equipo responsable. Esto significa que, de aprobarse, el inicio de construcción de la obra arrancaría hasta el 2020.

No obstante, en lo que inicia la primera fase con la elaboración del proyecto ejecutivo y la realización de los estudios correspondientes, Fonatur (dependencia promovente del proyecto) iniciará el 16 de diciembre trabajos de reparación y mantenimiento de las vías ferroviarias ya existentes por donde corren los trenes Mayab y Peninsular, que ya cuentan con derecho de vía y autorización para realizar ese tipo de obras, y que están incluidos en el circuito del Tren Maya. Será, precisa el equipo responsable, una especie de “lanzamiento simbólico” del inicio de la obra.

Un proyecto integral
Lo que se ha propuesto hasta ahora es que el Tren Maya tenga una extensión de más de 1,500 km y que atraviese los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Un proyecto lineal tan grande implica un trabajo paulatino y en etapas, “para ir garantizando la viabilidad del proyecto”, explica el equipo responsable. Esto significa realizar exhaustivos procesos de información y consulta a distintos tipos de actores de la región maya como son los agrarios (ejidos y comunidades rurales), los sectoriales (hoteleros, restauranteros, transportistas, agricultores y productores apícolas), los pueblos y comunidades indígenas.

“Tradicionalmente en las obras de infraestructura esperamos como hitos en el proyecto para detonar procesos de información o de participación”, explica el equipo responsable. “Y esos hitos casi vienen hasta la evaluación de impacto ambiental, es muy raro que haya cosas previas. Pero si hay algo que tenemos muy claro todas las futuras dependencias involucradas en el proyecto es el entender que en una obra de infraestructura los procesos de participación no se dan en un solo momento, sino que acompaña todo el ciclo de vida del proyecto hasta su desmantelamiento, aunque eso suceda dentro de 50, 60 años, no importa”.

En ese sentido, consideran la consulta del 24 y 25 de noviembre como una forma de darle “un palomazo” a la inclusión del proyecto dentro del presupuesto o de “reafirmar alguno de los compromisos de campaña”, además de que inaugura una serie de mecanismos de participación y de información que van a acompañar a este tipo de proyectos “todo el tiempo”.

Por lo pronto, precisan que los trabajos de remodelación y mantenimiento a la infraestructura ferroviaria que ya está instalada se ha considerado de manera “natural” como un arranque del proyecto aunque no sea tal, para adelantar un trabajo que de cualquier forma se tendrá que hacer si el proyecto es aprobado.

“Lo que vemos de cara al 16 de diciembre en términos de inicio simbólico, pasa primero por el lanzamiento de convocatorias para elaboración del proyecto ejecutivo y los estudios. Sin duda ese es el corazón del inicio simbólico, ahí es donde estamos empezando. Y lo otro que sucede a nivel de terreno es la rehabilitación y modernización de lo que ya existe, y eso puede suceder independientemente de lo que pase con el proyecto del Tren Maya”, aclara el equipo.

Fuente: Publimetro

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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