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México

La construcción del Tren Maya iniciará en año y medio

El Tren Maya no empezará a construirse el próximo 16 de diciembre. El proyecto tampoco será licitado en ese mes ni la consulta del próximo 24 y 25 decidirá su puesta en marcha.

Lo que pasará en realidad está determinado por las leyes en la materia para las obras de infraestructura y tiene fases y tiempos perfectamente delimitados que el nuevo gobierno debe cumplir, reconoce el equipo responsable del proyecto.

En entrevista, integrantes de las áreas responsables de la megaobra propuesta explican que lo que arrancará en diciembre es apenas la primera fase, que licitará la elaboración del proyecto ejecutivo del tren con sus correspondientes estudios y evaluaciones de factibilidad, de mercado, legal y administrativo, de impacto ambiental, y financiero, para lo cual se ha solicitado un presupuesto de 8 mil millones de pesos al Congreso para 2019.

De forma paralela se irán realizando las sesiones informativas con las comunidades afectadas previo a la segunda fase del proyecto, que consiste en la realización de las consultas que decidirán realmente si el tren procede o no: la consulta ambiental y la consulta indígena. De obtenerse el consentimiento de las comunidades se procederá a la tercera fase, que es –aquí sí- el registro del proyecto ante Hacienda y su licitación para decidir qué empresas participarán en la construcción de la obra.

Las tres fases del proyecto pueden tomar un año o más por el número de estados, municipios y localidades consideradas en el trazo del tren, y cuyas comunidades y sectores son los primeros actores con derecho para participar en los procesos informativos y de consulta, de acuerdo con el equipo responsable. Esto significa que, de aprobarse, el inicio de construcción de la obra arrancaría hasta el 2020.

No obstante, en lo que inicia la primera fase con la elaboración del proyecto ejecutivo y la realización de los estudios correspondientes, Fonatur (dependencia promovente del proyecto) iniciará el 16 de diciembre trabajos de reparación y mantenimiento de las vías ferroviarias ya existentes por donde corren los trenes Mayab y Peninsular, que ya cuentan con derecho de vía y autorización para realizar ese tipo de obras, y que están incluidos en el circuito del Tren Maya. Será, precisa el equipo responsable, una especie de “lanzamiento simbólico” del inicio de la obra.

Un proyecto integral
Lo que se ha propuesto hasta ahora es que el Tren Maya tenga una extensión de más de 1,500 km y que atraviese los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Un proyecto lineal tan grande implica un trabajo paulatino y en etapas, “para ir garantizando la viabilidad del proyecto”, explica el equipo responsable. Esto significa realizar exhaustivos procesos de información y consulta a distintos tipos de actores de la región maya como son los agrarios (ejidos y comunidades rurales), los sectoriales (hoteleros, restauranteros, transportistas, agricultores y productores apícolas), los pueblos y comunidades indígenas.

“Tradicionalmente en las obras de infraestructura esperamos como hitos en el proyecto para detonar procesos de información o de participación”, explica el equipo responsable. “Y esos hitos casi vienen hasta la evaluación de impacto ambiental, es muy raro que haya cosas previas. Pero si hay algo que tenemos muy claro todas las futuras dependencias involucradas en el proyecto es el entender que en una obra de infraestructura los procesos de participación no se dan en un solo momento, sino que acompaña todo el ciclo de vida del proyecto hasta su desmantelamiento, aunque eso suceda dentro de 50, 60 años, no importa”.

En ese sentido, consideran la consulta del 24 y 25 de noviembre como una forma de darle “un palomazo” a la inclusión del proyecto dentro del presupuesto o de “reafirmar alguno de los compromisos de campaña”, además de que inaugura una serie de mecanismos de participación y de información que van a acompañar a este tipo de proyectos “todo el tiempo”.

Por lo pronto, precisan que los trabajos de remodelación y mantenimiento a la infraestructura ferroviaria que ya está instalada se ha considerado de manera “natural” como un arranque del proyecto aunque no sea tal, para adelantar un trabajo que de cualquier forma se tendrá que hacer si el proyecto es aprobado.

“Lo que vemos de cara al 16 de diciembre en términos de inicio simbólico, pasa primero por el lanzamiento de convocatorias para elaboración del proyecto ejecutivo y los estudios. Sin duda ese es el corazón del inicio simbólico, ahí es donde estamos empezando. Y lo otro que sucede a nivel de terreno es la rehabilitación y modernización de lo que ya existe, y eso puede suceder independientemente de lo que pase con el proyecto del Tren Maya”, aclara el equipo.

Fuente: Publimetro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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