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México

La cosecha del huachicol; bajan ventas de Pemex 50%

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Cima de Togo, Guadalupe Victoria, Nectario, El Capulín, El Aserradero y Coatzetzengo son comunidades del municipio de Cuautepec de Hinojosa, estado de Hidalgo, que tienen algo en común: su población subsiste de la ordeña de combustible.

Cuautepec de Hinojosa se ubica a unos 15 minutos de Tulancingo. Llegar a las comunidades lleva otros 30 minutos, pues implica atravesar toda la cabecera municipal hasta desembocar en la carretera estatal Cuautepec-San Juan Hueyapan.
Antes de llegar a Guadalupe Victoria, a un costado del camino, una camioneta calcinada marca que el trayecto es el correcto para ingresar a territorio huachicolero.

Por la ruta abundan conductores en motocicletas o en motonetas. De acuerdo con regidores municipales —que solicitaron el anonimato—, algunos de éstos hacen de halcones que reportan actividades inusuales o la irrupción de operativos policiales de los que han sido agobiados en los últimos meses.

Ubicadas en promedio a 20 kilómetros del centro de Tulancingo, las seis localidades no sobrepasan 200 viviendas, la mayoría dispersas una de otra; quienes no son parientes directos, emparentaron por compadrazgo.

Saber quiénes no tienen relación con el huachicol resulta complejo, prefieren el silencio; unos por complicidad, otros por desconfianza o simplemente porque no conciben que están cometiendo un ilícito. Aquí ordeñar equivale a cosechar, sólo que sin depender de ciclos agrícolas.

Según los asambleístas consultados, se estima que 60% de la población de estas comunidades realiza actividades relacionadas con el tráfico de hidrocarburo. La tasa se eleva hasta 80% en El Aserradero.

Por su orografía montañosa y boscosa, los huachicoleros esconden los bidones con combustible entre la maleza, en el bosque o en barrancas, a las que sólo se accede por veredas de terracería, en las casos menos complicados, o bajar y subir a pie por barrancas en los más complejos.

México

Sheinbaum responde a Trump y rechaza señalamientos sobre control del narcotráfico

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no reaccionar a cada declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este reiterara durante la Cumbre del G7 en Francia que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Trump tiene una forma particular de comunicar sus mensajes y consideró que lo importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo además que el presidente estadounidense no cuenta con información precisa cuando realiza este tipo de acusaciones. Recordó que ya le ha expresado personalmente que las instituciones mexicanas funcionan y que el Estado mexicano mantiene su presencia y operación en todo el país.

La titular del Ejecutivo señaló que, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, se abordó el tema de los grupos criminales y se destacó el papel de las instituciones de seguridad mexicanas.

Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por un grupo criminal en 2020 y continuó en el servicio público. También destacó la labor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La presidenta subrayó además los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno. Entre ellos, mencionó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una disminución de 70 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre.

Asimismo, hizo referencia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en febrero pasado.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un escenario de tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, mientras Trump ha insistido en diversas ocasiones en que los cárteles ejercen control sobre territorio mexicano.

El contexto también incluye las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

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