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LA FALTA DE AGUA POTABLE, UNA INJUSTICIA SOCIAL Por Antonio Escamilla Meza

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Según una fuente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el sábado 30 de junio, un día anterior a la jornada electoral para elegir a los futuros presidente de México, diputados federales y senadores, la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales (FEPADE) “ordenó” la suspensión del suministro de agua en pipas que realiza la propia Junta, muchas veces de manera deficiente, con el argumento de que con dicho suministro se hacía proselitismo político a favor de un partido o candidato. El resultado de tan irracional como injusta orden fue que se dejó sin el vital líquido a miles de familias humildes que habitan en aquellas colonias marginadas, que no cuentan con sistemas de agua potable y que, por tanto, dependen de esa clase de suministro de agua, para “satisfacer” sus mínimas necesidades de sanidad y limpieza.

Los medios de comunicación han dado cuenta, últimamente, de dos “secuestros” de carros cisternas, por parte de vecinos desesperados debido a la falta de agua e indignados por la falta de palabra de los funcionarios de la JMAS, quienes se comprometen a regularizar el servicio de las pipas de agua, mínimamente dos veces por semana y que reiteradamente incumplen. Tal fue el caso de los habitantes de las colonias Ampliación 11 de Febrero, colonia precarista que no cuenta con agua entubada y Vistas del Cerro Grande, que sí cuenta con tubería, que los usuarios cuentan con sus contratos, que sí pagan los recibos que puntualmente les manda la JMAS, pero que llevaban más de un mes y medio sin una gota de agua; estos hechos no son casuales, constituyen la punta del iceberg de una inconformidad más amplia y profunda que se anida entre miles de vecinos que están, literalmente, a la caza de las pipas.

Para quienes viven en colonias como las antes mencionadas, es bastante conocido el hecho de que muchos “piperos”, quizá porque no reciben buenos sueldos, surten el agua, preferentemente y con buenos tratos, a quienes se disponen a pagar por el servicio, dejando para después y con trato despótico, en el mejor de los casos, a quienes no se prestan para fomentar la corrupción o de plano no tienen ni para comer, no obstante lo dicho por las autoridades respecto a la gratuidad del servicio.

Vivir en estas colonias sin servicios es una verdadera hazaña, un tormentoso calvario; pero los ciudadanos que ahí viven no lo hacen porque les haya parecido la mejor opción, sino porque era la única al alcance de sus posibilidades. No viven ahí por gusto, sino por estricta y elemental necesidad.

Y lograr llamar la atención de las autoridades para abatir el rezago social en estas humildes colonias, resulta tan difícil como hacerse escuchar por los dioses del Olimpo, sobre todo si se es ajeno a la nobleza.

Cuando se llevan a cabo las costosísimas campañas políticas, los candidatos de todos los partidos políticos, para lograr que la gente vote por ellos, se ven obligados a recorrer dichas colonias, y sólo así se dan cuenta de la falta de justicia de que son víctimas miles de ciudadanos; todos ellos se comprometen a remediar la situación, siempre y cuando el voto generoso de los ciudadanos les sea favorable. En estas colonias una de tantas promesas que hacen es solucionar el problema de la falta de agua potable. Pero, ¿qué sucede en los hechos? Los que no se ven favorecidos en las urnas, desaparecen súbitamente, pensando que, como no llegaron al cargo, nada pueden hacer. Y los que ganan, salvo honrosas excepciones, sencillamente se olvidan de lo que prometieron, y con una serie de argumentaciones técnicas y de insuficiencia presupuestal, que realmente oculta su falta de solidaridad humana, su insensibilidad política y su falta de palabra, sencillamente niegan los recursos necesarios para introducir el agua y otros servicios. No conciben que la gente humilde merezca inversiones “cuantiosas” para mejorar sus condiciones de vida. Para muchos gobernantes no es rentable invertir en colonias pobres, menos si son irregulares, aunque ahí vivan seres humanos que padezcan sed, insalubridad, ignorancia, miseria. Y la historia se repite trienio tras trienio, sexenio tras sexenio.

Ante tan terrible situación, a los vecinos de estas colonias olvidadas, no les queda otro camino más que organizarse y luchar, ley en mano, para exigir y conquistar realmente su derecho a una vivienda digna. No sólo para conseguir que cada dos veces por semana el gobierno surta de agua a través del sistema en pipas, esta medida es tan sólo un paliativo, una simple aspirina para una insoportable migraña, sino para conseguir la construcción de sistemas integrales de agua potable, con sus propias fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, líneas de distribución, tomas domiciliarias y hasta cisternas y depósitos familiares,

Y como no se trata sólo de contemplar el mundo, como no se resuelve nada con simples lamentos, consejos y/o recomendaciones, el antorchismo en México, desde su fundación, hace más de 38 años, ha encabezado la lucha de miles de familias humildes y trabajadoras por una vida mejor; en particular, se ha puesto al frente de la lucha por la introducción del agua potable en un sinnúmero de colonias populares y comunidades rurales, a todo lo largo y ancho del país, incluyendo desde luego al Estado más grande del territorio nacional, que es la tierra de los esforzados chihuahuenses. Los antorchistas hemos puesto en infinidad de casos demostrables el elemento sin el cual muchos centros de población empobrecidos y marginados jamás hubieran conquistado su derecho universal al agua potable, a saber: La participación organizada de los ciudadanos, basada en la razón para demostrar lo justo de la demanda y para evidenciar lo irracional que resulta la negativa para atenderla; basada en la fuerza que da la unión de los futuros beneficiarios; basada en la tenacidad y verticalidad de los representantes comunitarios; y basada en los derechos de asociación, petición y manifestación que se estipulan en la legislación mexicana.

La participación organizada significa constituir un grupo de vecinos que esté dispuesto a reunirse periódicamente, tantas veces como lo demanden las circunstancias de la lucha, nombrar un comité representativo, realizar, entregar y perseguir la solicitud, contribuir para que se reúnan todos y cada uno de los requisitos que exija la autoridad respectiva (censos de beneficiarios, croquis de localización, proyecto, presupuesto, permisos, etc.), intervenir en tantas y cuantas mesas de trabajo se necesite para demostrar la justeza y viabilidad de la demanda, cooperar para sufragar los gastos de las comisiones y aportar económicamente como beneficiarios la aportación correspondiente para la realización de la obra y del contrato del servicio. La participación organizada de los ciudadanos, consiste, además, y sobre todo cuando los funcionarios públicos se niegan a resolver esta demanda de elemental justicia social, en la realización de movilizaciones populares, que van desde comisiones pequeñas hasta mítines, marchas y plantones, en donde los futuros beneficiarios participan activamente. Esta participación organizada ha traído como consecuencia resultados que han beneficiado y siguen beneficiando a miles de familias humildes.

Pruebas al canto son las colonias populares fundadas por el Movimiento Antorchista, cuyos vecinos no se conformaron con obtener su terreno y edificar una modesta vivienda sino que lucharon organizadamente para introducir los servicios públicos como el agua potable. Me refiero, por citar algunos ejemplos, a casos como las colonias Clara Córdova Morán, Renovación de Iturbide, Jardines de Sacramento, Vista Cerro Grande, de la capital; Lázaro Cárdenas y Tierra de Encuentro en Jiménez; Laderas del Norte y Emiliano J. Laing en Delicias; Juanita Luna y Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez; entre otras.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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