Opinión
Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres
En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.
Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.
Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.
Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.
Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:
- Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
- Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
- Enriquecimiento ilícito,
- Uso indebido de atribuciones y facultades
- Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.
Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.
Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.
Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024:
En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.
La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…
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Opinión
Opinión: El fuego amigo también deja huellas
Hay denuncias políticas que terminan teniendo un efecto distinto al que sus autores esperaban. Eso ocurrió con las imágenes que Andrea Chávez publicó en redes sociales para cuestionar la Torre Centinela y mostrar calles inundadas y cubiertas de basura en Ciudad Juárez.
“Las calles de nuestra frontera nos recuerdan dónde se necesitaba de verdad esa inversión”, escribió la senadora. El problema para su argumento es evidente: la ciudad que aparece en esas fotografías es gobernada por Morena y buena parte de las tareas que señala corresponden al ámbito municipal.
Los comentarios en redes sociales apuntaron precisamente hacia ese lado. Si las alcantarillas aparecen obstruidas por basura, las calles se convierten en ríos y los baches forman parte del paisaje, la pregunta inevitable es por qué la crítica se concentra en el Gobierno del Estado y no alcanza también a la administración municipal encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, quien actualmente se encuentra de licencia mientras busca la candidatura a la gubernatura.
Chávez pretendía dirigir el reflector hacia la Torre Centinela, pero las imágenes terminaron abriendo otro frente: el de los problemas urbanos de Ciudad Juárez. En política, a veces el fuego amigo tiene más alcance que el ataque original.
El Álamo de Zazú y la protección animal
En otro frente, la asociación El Álamo de Zazú, conocida por su trabajo en favor de los animales, ha comenzado a ser señalada por asumir una posición política cercana a Morena y por sus críticas al alcalde Marco Bonilla.
La persona que encabeza la organización se ha visto involucrada en distintos conflictos, tanto con servidores públicos como con otras activistas y refugios de perros. A ello se suma su reciente posición política contra el alcalde, al que incluso ha dirigido insultos en un evidente tono partidista.
También se cuestiona el desempeño de Rocío Reza al frente de la Coordinación de Bienestar Animal. Sin embargo, la administración municipal ha impulsado acciones como la creación de esa coordinación, la contratación de brigadistas y la planeación de una veterinaria municipal y un recinto de rescate animal.
El problema no es que una organización tenga una posición política. El problema aparece cuando una causa como la protección animal termina mezclándose abiertamente con la disputa partidista. Entonces, una denuncia puede terminar percibiéndose como parte de una estrategia política.
Jorge Chánez y sus aspiraciones
En el PAN también hay movimientos que llaman la atención. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez, estaría impulsando sus aspiraciones para buscar una candidatura a diputado local.
La duda es si esas aspiraciones corresponden con los resultados que ha entregado y con el escenario interno de Acción Nacional. El texto cuestiona además su comportamiento político y plantea que podría estar siendo mal asesorado o utilizado por otros panistas interesados en influir en el proceso interno.
Antes de levantar una candidatura, quizá tendría que revisar los resultados que ha entregado a Chihuahua. El proyecto político ya está en marcha, pero por ahora parece otra obra sin terminar.

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