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México

La FGR analizará irregularidades de miles de mdp en reclusorios durante gestión de Felipe Calderón

El viernes, durante su ya clásica conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recordó que se logró un acuerdo con las empresas privadas a las que se les asignaron contratos leoninos para que manejaran reclusorios.

El presidente informó que se envió a la Fiscalía General de la República (FGR), el expediente relacionado con dichos contratos, por una serie de irregularidades, entre ellas, que fueron asignaciones directas de los contratos y no hubo licitaciones. Dijo que será la Fiscalía la que resolverá el caso, y aclaró que desde que tomó posesión, sostuvo que en el caso de los expresidentes solo si existían expedientes de ciudadanos, y si lo aprobaba la gente en una consulta, se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes.

“Se logró un acuerdo de una disminución del 15% (…), sin embargo se envió a la Fiscalía el expediente por una serie de irregularidades, por decir lo menos, baste señalar que no hubo licitaciones, fueron asignaciones directas, estamos hablando de miles de millones de pesos, por eso se envió”, dijo el mandatario.

Y mencionó que “va a ser la Fiscalía la que va a resolver, pero quiero aclarar algo, desde que tomé posesión sostuve que en el caso de los expresidentes solo si existían expedientes de personas, de ciudadanos, si lo aprobaba la gente en una consulta, en mi opinión se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes, que yo soy partidario de que se vea hacia adelante”, dijo el presidente López Obrador.

Fue el pasado mes de enero que López Obrador dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para la administración de ocho centros penitenciarios, en el sexenio de Felipe Calderón, y cuando era secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

“(Vamos a informar) También lo de la privatización de los reclusorios como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal , los negocios del sector privado y del sector público, esa mezcolanza , esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privados al amparo del poder público, como se alimentaban se nutrían los poderes, el poder económico y el poder público con este tipo de negocios.

Para que se sepa por qué no podemos continuar con el antiguo régimen, y por qué quieren regresar quienes cometieron estos atracos estos fraudes al pueblo a la nación”, indicó el mandatario mexicano en aquella ocasión.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que tan solo en el 2020 se pagaron 15.000 millones de pesos en los reclusorios privados. El costo mensual por cada interno se estimaba en 114.588 pesos , y en promedio al día, un poco más de 3.000 pesos.

El presidente López Obrador informó que el expediente se pasó a la FGR. Foto: Presidencia de MéxicoEl presidente López Obrador informó que el expediente se pasó a la FGR. Foto: Presidencia de México

El presidente mexicano informó que hay una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los penales privados contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa; además, refirió que dio instrucciones al consejero jurídico de la Presidencia para llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales.

“Y si hay voluntad para que haya un acuerdo, se debe de lograr un acuerdo para que haya un beneficio en la Hacienda pública”, dijo el mandatario.

Posteriormente, en el mes de abril, también el presidente indicó que logró llegar a “un buen acuerdo” con las empresas que tienen contratos para administrar reclusorios en el país que se dieron durante el sexenio de Felipe Calderón.

López Obrador anunció que logró a un acuerdo con las empresas que administran 12 reclusorios por el que se ahorrará 15% de los 276 mil millones de gasto en 20 años, es decir, 41 mil mdp menos y las instalaciones pasarán a formar parte del patrimonio nacional.

“Es un buen acuerdo, una buena noticia, se firmaron estos contratos muy leoninos , es decir muy favorables para las empresas y muy malos para la Hacienda pública, para el pueblo”, dijo AMLO en aquella ocasión.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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