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La justicia en México, lejana e incomprensible

Entre 99 países, México ocupa el lugar 79 en el índice del estado de derecho, a raíz de que las personas piensan que el sistema de justicia es corrupto, porque los juicios sólo avanzan si hay sobornos; asimismo, los procesos son largos y con numerosos obstáculos para llevarlos a cabo; además, existen dudas de que sirvan para solucionar los problemas de los ciudadanos.

La justicia se percibe lejana, incomprensible, y la falta de acceso a ella tiende a incrementar la desigualdad social. Así lo advierte elInforme y propuestas sobre justicia cotidiana en México, que ayer se entregó al presidente Enrique Peña Nieto.

La carencia de justicia cotidiana tiene que ver con los problemas que enfrentan, por ejemplo, las trabajadoras domésticas cuando no les pagan sus salarios o les niegan sus días de descanso; las dificultades que pueden tener pequeños empresarios para cobrar adeudos, y conflictos de convivencia entre vecinos. Con mucha frecuencia, señala el informe, las personas que enfrentan alguno de estos problemas no sabe adónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.

Siete foros temáticos

El informe y propuestas que realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), en conjunto con 17 instituciones académicas del país, tuvo como antecedente siete foros temáticos y ocho más con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, así como un foro virtual permanente. También se recibieron propuestas a través de aplicaciones para dispositivos móviles.

El resultado es un documento con 217 recomendaciones en materia de justicia cotidiana y un plan con 20 acciones que se pueden realizar de manera inmediata. Se dividen en tres grupos. En uno de los temas prioritarios, el documento plantea que el Ejecutivo federal convoque a una instancia de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe la política pública de acceso a la justicia; crear centros de asistencia jurídica temprana para apoyar a quienes enfrentan un conflicto; revisar los programas de formación de los abogados y la regulación de su ejercicio.

También, revisar el modelo de operación de las juntas de Conciliación y Arbitraje y el de justicia familiar. Otro grupo de propuestas se refiere a mecanismos de organización y atención de usuarios en las dependencias del gobierno federal y uno más aborda acciones para mejorar la operación del sistema de justicia y reducir la marginación jurídica (que hace que las personas no puedan iniciar algún proceso por carecer de documentos oficiales).

En la ceremonia, Ana Laura Magaloni, profesora investigadora del Cide, resaltó que la prosperidad del país no será posible si las personas carecen de mecanismos accesibles y efectivos para proteger su patrimonio y entorno más íntimo. La demanda de justicia insatisfecha es una realidad insoslayable en el país, subrayó.

En tanto, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, planteó que sin justicia cotidiana no habrá prosperidad de la nación ni garantía para el futuro de la democracia. Señaló que las reformas estructurales logradas con el Pacto por México están incompletas. Les falta hacer realidad la justicia cotidiana, entendida como el mecanismo para la solución de los conflictos inmediatos y que no involucran procesos penales. Advirtió que sin acceso a la justicia cotidiana ‘‘la modernidad política podría desfondarse’’.

Fuente: La Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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