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LA mitomanía de Francisco Martín Moreno (4 de 4) Por Luis Villegas

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Ahora sí, aquí termina el corrido de este análisis de inconsistencias extraídas de la obra “Cien Mitos de la Historia de México”, tomos I y II,[1] de Francisco Martín Moreno. Le prometo cara lectora, gentil lector, ocuparme de cuestiones más leves en la próxima entrega.

 

En otro Capítulo de su libro, Martín Moreno titula a uno de sus “mitos”: “Los españoles nos conquistaron”;[2] pasando por alto ese “nos” que de entrada contradice la afirmación hecha en otra parte de que en aquella época los mexicanos aún no existíamos,[3] en ese otro Capítulo, en el que acusa a Bernal Díaz de ser un mentiroso, escribe: “Poco más de cien años después de que Cortés y sus aliados tomaron Tenochtitlan […]”.[4] De nuevo: ¿En qué quedamos? ¿Fueron o no fueron los españoles los conquistadores de estas tierras?

 

Pretendiendo “desmitificar” la figura de Miguel Hidalgo, Martín Moreno titula uno de los capítulos de su libro: “Hidalgo: Ángel o demonio”;[5] y concluye que no fue ni una ni otra cosa, sino un “político práctico en condiciones desesperadas y de gran tensión y absoluto peligro”; para arribar a dicha conclusión no tiene empacho en tomar por cierta la afirmación de que fue un “cura borrachín”,[6] amén de que no puede ser considerado “un buen pastor del rebaño de la iglesia católica”;[7] y no pocas veces lo acusa de ser autor de saqueos y asesinatos de hombres mujeres y niños;[8] sin embargo, en otras parte de su obra a uno de los mitos lo denomina: “Miguel Hidalgo, Padre de la Patria” y escribe para apearlo de ese título: “Inclusive, Miguel Hidalgo a diferencia de José María Morelos y Pavón, en los primeros momentos de la lucha no demandaba el rompimiento con la España monárquica”; “en realidad fue Agustín de Iturbide quien consumó la independencia de México”; “Matías Monteagudo es el padre de la Patria”;[9] y en otro apartado: “Los problemas de la patriótica paternidad de Miguel Hidalgo no se reducen a los alcances de su movimiento […] si bien es cierto que él encabezó una serie de acciones bélicas durante 1810 y 1811, […] también es verdad que el movimiento que él inició fue derrotado”. Es decir, a Hidalgo lo descalifica una y otra vez y al final resulta que el padre de la Patria ni es padre, ni es cura, ni es soldado, ni es libertador, ni es nada, y no es ni bueno ni malo. ¿Para qué tanto despliegue de obstinada descalificación, para concluir en una explicación gris y ambigua si, según su dicho y finalmente, el Padre de la Patria es otro? O dicho de otro modo, más coloquial: ¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? Puro exhibicionismo y ganas de figurar.

 

Instalado en el lugar común, sin desmitificar un demonio porque llevo décadas -exactamente cuatro décadas y media- oyendo echar pestes en contra de Porfirio Díaz, Martín Moreno pretende derruir este “mito” -que solo existe en su imaginación- y dedica tres capítulos de su obra a demoler la figura del cruel caudillo; al primer mito lo llama: “Porfirio Díaz, un convencido antirreeleccionista” (¿cuándo, quién, dónde dijo eso?);[10] al segundo lo titula: “Porfirio Díaz: El padre de los desamparados” (¡Dios Bendito! ¿Cuántos mexicanos serían capaces de sostener una burrada de esas proporciones como para llamarla “mito”?);[11] y el último se denomina: “Porfirio Díaz: Héroe de la Reforma” (Mito, mito, mito, lo que se dice mito, este tampoco es).[12] En tanto que necesita tres capítulos para afirmar lo obvio, que Díaz fue un sanguinario dictador, célebre por frases como: “Mátalos en caliente”; y varios capítulos para “desmitificar” a figuras tales como Lucas Alamán,[13] Vicente Guerrero,[14] Miguel Hidalgo,[15] Venustiano Carranza,[16] y un largo etcétera, en  ninguna página se reconoce un leve fallo a personajes como Benito Juárez o Melchor Ocampo. Me explico: Este gran “desmitificador” (Me acabo de inventar un trabalenguas: “El desmitificador de Martín Moreno, se quiere desdesmitificar, aquel que lo desdesmitifique, será un gran desdesmitificador”.), este “desmitificador”, repito, que no deja títere con cabeza, halla intachables, impolutos, sobrehumanos y casi divinos a estos dos personajes. Es decir, en tanto que a la inmensa mayoría de los héroes consagrados en el panteón de la Patria, de Hidalgo a Venustiano Carranza, pasando por los supuestos niños héroes -que ni fueron héroes ni eran niños-, les encuentra un lado flaco; a estos dos personajes los excluye de cualquier impureza, los torna blancos y puros -no más me faltó agregar que etéreos-, sobrenaturales casi; alejados de cualquier debilidad (incluso la de ir al baño). Absurdo. El que pretende convertirse en el gran descubridor de la historia, es un pobre sujeto preso de pasiones  que lo llevan, en algunos casos a contradecirse, y en otros a soslayar lo obvio, es decir, a encubrir la verdad de que Juárez y Ocampo, como el resto de los héroes nacionales, eran seres humanos reos de lamentables vicios y heroicas virtudes. Quizá ese afán se explique para no hacer desmerecer a estos dos adalides de la Reforma frente al más pertinaz objeto de odio de Martín Moreno: La Iglesia Católica, a la que acusa de todos los males de la Patria.

 

Pero eso no es todo, los supuestos “100 mitos de la historia de México” podrían fácilmente ser 50 o menos; mire usted: Para negar la “conquista” por parte de los españoles, escribió 3 capítulos, visibles en las páginas 59 y 87 del Tomo I; y 207, del Tomo II; para descalificar a la Iglesia Católica, escribió 23 capítulos, visibles en las páginas 43, 81, 95, 121, 133, 157, 163, 185, 225, 267, 273, 297, 333 y 341 del Tomo I; y 29, 59, 115, 177, 263, 309, 315, 343 y 355, del Tomo II; para hablar mal de Vasconcelos o de la existencia del fascismo en México, necesitó 4 capítulos visibles en las páginas 171 del Tomo I; y 45, 171 y 325 del Tomo II; y para descalificar a Porfirio Díaz (como si lo necesitara) 3 capítulos, visibles en las páginas 99 del Tomo I; y 235 y 299, del Tomo II; este caso es el colmo pues los pormenores de la huida de Porfirio Díaz o la referencia al general francés Bazaine, Martín Moreno utiliza párrafos idénticos en dos capítulos. En síntesis, no existe coherencia ni consistencia en lo escrito por este dizque historiador; esboza “ideas” y luego las lanza una tras otra; en bola, sin ton ni son; escribiendo lo que siente o cree (no lo que piensa, porque es obvio que no piensa lo que escribe) sin método. Afirmándose en “verdades” efímeras que luego él mismo refuta, mutila o destruye.

 

La historia es un mosaico, un rompecabezas con multitud de piezas que, todas juntas, brindan una imagen completa, íntegra, no necesariamente agradable de ver, empero, bella en sí misma por el intento de orden en el caos aparente. Intentar el examen de la historia desde el prejuicio, la mentira, la exageración o el despropósito sitúa a Martín Moreno, indefectiblemente, en el mismo extremo de todos aquellos a quienes ataca y vitupera en sus escritos. Es decir, su obra lo equipara, de hecho, precisamente con aquellos a quienes critica o pretende refutar en su labor: Mutila, tergiversa, mitifica la historia patria y la reescribe a gusto de sí mismo; a partir de sus fobias, de sus odios y de su ignorancia.

 

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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