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Opinión

LA mitomanía de Francisco Martín Moreno (4 de 4) Por Luis Villegas

Ahora sí, aquí termina el corrido de este análisis de inconsistencias extraídas de la obra “Cien Mitos de la Historia de México”, tomos I y II,[1] de Francisco Martín Moreno. Le prometo cara lectora, gentil lector, ocuparme de cuestiones más leves en la próxima entrega.

 

En otro Capítulo de su libro, Martín Moreno titula a uno de sus “mitos”: “Los españoles nos conquistaron”;[2] pasando por alto ese “nos” que de entrada contradice la afirmación hecha en otra parte de que en aquella época los mexicanos aún no existíamos,[3] en ese otro Capítulo, en el que acusa a Bernal Díaz de ser un mentiroso, escribe: “Poco más de cien años después de que Cortés y sus aliados tomaron Tenochtitlan […]”.[4] De nuevo: ¿En qué quedamos? ¿Fueron o no fueron los españoles los conquistadores de estas tierras?

 

Pretendiendo “desmitificar” la figura de Miguel Hidalgo, Martín Moreno titula uno de los capítulos de su libro: “Hidalgo: Ángel o demonio”;[5] y concluye que no fue ni una ni otra cosa, sino un “político práctico en condiciones desesperadas y de gran tensión y absoluto peligro”; para arribar a dicha conclusión no tiene empacho en tomar por cierta la afirmación de que fue un “cura borrachín”,[6] amén de que no puede ser considerado “un buen pastor del rebaño de la iglesia católica”;[7] y no pocas veces lo acusa de ser autor de saqueos y asesinatos de hombres mujeres y niños;[8] sin embargo, en otras parte de su obra a uno de los mitos lo denomina: “Miguel Hidalgo, Padre de la Patria” y escribe para apearlo de ese título: “Inclusive, Miguel Hidalgo a diferencia de José María Morelos y Pavón, en los primeros momentos de la lucha no demandaba el rompimiento con la España monárquica”; “en realidad fue Agustín de Iturbide quien consumó la independencia de México”; “Matías Monteagudo es el padre de la Patria”;[9] y en otro apartado: “Los problemas de la patriótica paternidad de Miguel Hidalgo no se reducen a los alcances de su movimiento […] si bien es cierto que él encabezó una serie de acciones bélicas durante 1810 y 1811, […] también es verdad que el movimiento que él inició fue derrotado”. Es decir, a Hidalgo lo descalifica una y otra vez y al final resulta que el padre de la Patria ni es padre, ni es cura, ni es soldado, ni es libertador, ni es nada, y no es ni bueno ni malo. ¿Para qué tanto despliegue de obstinada descalificación, para concluir en una explicación gris y ambigua si, según su dicho y finalmente, el Padre de la Patria es otro? O dicho de otro modo, más coloquial: ¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? Puro exhibicionismo y ganas de figurar.

 

Instalado en el lugar común, sin desmitificar un demonio porque llevo décadas -exactamente cuatro décadas y media- oyendo echar pestes en contra de Porfirio Díaz, Martín Moreno pretende derruir este “mito” -que solo existe en su imaginación- y dedica tres capítulos de su obra a demoler la figura del cruel caudillo; al primer mito lo llama: “Porfirio Díaz, un convencido antirreeleccionista” (¿cuándo, quién, dónde dijo eso?);[10] al segundo lo titula: “Porfirio Díaz: El padre de los desamparados” (¡Dios Bendito! ¿Cuántos mexicanos serían capaces de sostener una burrada de esas proporciones como para llamarla “mito”?);[11] y el último se denomina: “Porfirio Díaz: Héroe de la Reforma” (Mito, mito, mito, lo que se dice mito, este tampoco es).[12] En tanto que necesita tres capítulos para afirmar lo obvio, que Díaz fue un sanguinario dictador, célebre por frases como: “Mátalos en caliente”; y varios capítulos para “desmitificar” a figuras tales como Lucas Alamán,[13] Vicente Guerrero,[14] Miguel Hidalgo,[15] Venustiano Carranza,[16] y un largo etcétera, en  ninguna página se reconoce un leve fallo a personajes como Benito Juárez o Melchor Ocampo. Me explico: Este gran “desmitificador” (Me acabo de inventar un trabalenguas: “El desmitificador de Martín Moreno, se quiere desdesmitificar, aquel que lo desdesmitifique, será un gran desdesmitificador”.), este “desmitificador”, repito, que no deja títere con cabeza, halla intachables, impolutos, sobrehumanos y casi divinos a estos dos personajes. Es decir, en tanto que a la inmensa mayoría de los héroes consagrados en el panteón de la Patria, de Hidalgo a Venustiano Carranza, pasando por los supuestos niños héroes -que ni fueron héroes ni eran niños-, les encuentra un lado flaco; a estos dos personajes los excluye de cualquier impureza, los torna blancos y puros -no más me faltó agregar que etéreos-, sobrenaturales casi; alejados de cualquier debilidad (incluso la de ir al baño). Absurdo. El que pretende convertirse en el gran descubridor de la historia, es un pobre sujeto preso de pasiones  que lo llevan, en algunos casos a contradecirse, y en otros a soslayar lo obvio, es decir, a encubrir la verdad de que Juárez y Ocampo, como el resto de los héroes nacionales, eran seres humanos reos de lamentables vicios y heroicas virtudes. Quizá ese afán se explique para no hacer desmerecer a estos dos adalides de la Reforma frente al más pertinaz objeto de odio de Martín Moreno: La Iglesia Católica, a la que acusa de todos los males de la Patria.

 

Pero eso no es todo, los supuestos “100 mitos de la historia de México” podrían fácilmente ser 50 o menos; mire usted: Para negar la “conquista” por parte de los españoles, escribió 3 capítulos, visibles en las páginas 59 y 87 del Tomo I; y 207, del Tomo II; para descalificar a la Iglesia Católica, escribió 23 capítulos, visibles en las páginas 43, 81, 95, 121, 133, 157, 163, 185, 225, 267, 273, 297, 333 y 341 del Tomo I; y 29, 59, 115, 177, 263, 309, 315, 343 y 355, del Tomo II; para hablar mal de Vasconcelos o de la existencia del fascismo en México, necesitó 4 capítulos visibles en las páginas 171 del Tomo I; y 45, 171 y 325 del Tomo II; y para descalificar a Porfirio Díaz (como si lo necesitara) 3 capítulos, visibles en las páginas 99 del Tomo I; y 235 y 299, del Tomo II; este caso es el colmo pues los pormenores de la huida de Porfirio Díaz o la referencia al general francés Bazaine, Martín Moreno utiliza párrafos idénticos en dos capítulos. En síntesis, no existe coherencia ni consistencia en lo escrito por este dizque historiador; esboza “ideas” y luego las lanza una tras otra; en bola, sin ton ni son; escribiendo lo que siente o cree (no lo que piensa, porque es obvio que no piensa lo que escribe) sin método. Afirmándose en “verdades” efímeras que luego él mismo refuta, mutila o destruye.

 

La historia es un mosaico, un rompecabezas con multitud de piezas que, todas juntas, brindan una imagen completa, íntegra, no necesariamente agradable de ver, empero, bella en sí misma por el intento de orden en el caos aparente. Intentar el examen de la historia desde el prejuicio, la mentira, la exageración o el despropósito sitúa a Martín Moreno, indefectiblemente, en el mismo extremo de todos aquellos a quienes ataca y vitupera en sus escritos. Es decir, su obra lo equipara, de hecho, precisamente con aquellos a quienes critica o pretende refutar en su labor: Mutila, tergiversa, mitifica la historia patria y la reescribe a gusto de sí mismo; a partir de sus fobias, de sus odios y de su ignorancia.

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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