Opinión
La partida. Por Raúl Saucedo
La necedad de los que se van y de los que se quedan
En esta temporada del año los aromas que nos embisten el sentido olfativo y a la vez los recuerdos son el aroma a pan de muerto, cempasúchil y mañanas frescas…es inevitable el no pensar en la partida de un ser querido, es como si el calendario asechara ansioso los últimos dias de Octubre y los primeros de noviembre para recordarnos la partida de ellos.
En el marco de la festividad mexicana internacionalmente reconocida del Dia de Muertos Diputados de diferentes partidos políticos (PRI,MC,PRD) han presentado una iniciativa de ley referente a la Ley General de Salud y garantizar la muerte digna a pacientes en etapa terminal (Eutanasia).
En la propuesta se plantea que, para que aplique la eutanasia, las personas deben cumplir con ciertas condiciones como que el paciente padezca una enfermedad terminal, una condición médica irreversible o se encuentre en agonía, que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales y que esté libre de cualquier influencia o presión.
Existen dos formas principales de eutanasia: la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. La eutanasia pasiva implica la suspensión de tratamientos médicos o procedimientos que mantienen con vida al paciente, como la desconexión de un respirador artificial o la interrupción de un tratamiento médico que solo prolongaría el sufrimiento sin proporcionar beneficios reales. Por otro lado, la eutanasia activa involucra la administración de sustancias o procedimientos que causan la muerte del paciente, como la administración de una inyección letal.
Los Argumentos a Favor de la Eutanasia
Argumentos en Contra de la Eutanasia
La legalidad de la eutanasia varía ampliamente en todo el mundo. Países como los Países Bajos, Bélgica, Colombia y Luxemburgo han legalizado la eutanasia voluntaria en ciertas circunstancias, mientras que otros, como Canadá y España, han despenalizado la eutanasia. Por otro lado, en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, la eutanasia sigue siendo ilegal.
La variación en las leyes de la eutanasia refleja la diversidad de valores, creencias y enfoques éticos en diferentes sociedades. Es un tema que genera debates apasionados a nivel global y que a menudo depende de la perspectiva cultural y religiosa de cada país.
La eutanasia plantea preguntas éticas profundas que no tienen una respuesta sencilla. ¿Es ético permitir que una persona tome una decisión informada sobre su propia vida y muerte? ¿Dónde trazamos la línea entre la prolongación de la vida y el alivio del sufrimiento? ¿Quién debe tomar la decisión final?
La toma de decisiones relacionadas con la eutanasia implica un delicado equilibrio entre la autonomía individual y la responsabilidad de la sociedad y los profesionales de la salud. La regulación de la eutanasia debe ser cuidadosa y precisa, garantizando que se evite el abuso y que se respeten los derechos de los pacientes.
La muerte esta tan segura de su victoria que en la ventaja que nos brinda para vivir este plano terrenal nos da la encrucijada de tomar en lo personal y en lo colectivo como sociedad este tipo de decisiones legales, solo espero que el resultado legislativo de la iniciativa no salpique en su estridencia el camposanto donde duermen los justos y los bribones ahí donde se comen burritos paseados y se come caña de azúcar.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?
Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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