Opinión

La plaza Tlaxcoaque por Lilia Merodio

Puedo asegurar que no existe habitante de esta ciudad que no haya transitado hacia el Zócalo por calzada de Tlalpan, utilizando el paso a desnivel que lo conduce a la Avenida 20 de Noviembre, para salir justo donde se encuentra la capilla de la Inmaculada Concepción. En Facebook miro la fotografía donde se observa un tranvía, en una calle lateral, rumbo a Xochimilco por donde ahora pasa el Metro.
La capilla data del siglo XVII; declarada monumento nacional en 1932, se encuentra en una plaza de lo que fue el antiguo barrio de Tlaxcoaque, que desde entonces se ha ido transformando, de tener frente a su atrio una glorieta donde convergían las calles 20 de Noviembre, Fray Servando y San Antonio Abad, al aspecto que ahora conocemos como salida sur del Centro. Wikipedia, a partir de la información que el GDF empezó a divulgar para promocionarla como parte de las restauraciones del Bicentenario, dice que Tlaxcoaque “era entonces una populosa zona habitada por indígenas… rodeada de una zona popular llena de callejuelas estrechas y predios hacinados. La plaza experimentó una fase de decadencia durante los dos últimos tercios del siglo XX, fue tristemente célebre porque junto a ella se localizaba el edificio de Policía y Tránsito del Departamento del DF, y fue escenario de corrupción, robo de vehículos y violaciones a los derechos humanos”.
Junto a la ahora peatonal calle Madero, era y es la puerta de entrada a la plaza de la Constitución; es la ruta por donde desde el aeropuerto arribaban en auto descubierto personalidades como John F. Kennedy, los primeros astronautas en ir a la Luna, Juan Pablo II y líderes de todo el mundo.
La capilla fue construida con piedra volcánica por indígenas de la época colonial al estilo barroco, aunque quienes recientemente la remodelaron se les ocurrió aplanar sus muros y pintarlos de tal manera que parece fachada de restaurante El Portón. El hecho de que atrás de dicha plaza estuviera la jefatura de policía y su corporación secreta, no impidió que todavía en los años 60 del siglo pasado fuera tan solicitada que se celebraban bodas casi todas las semanas y que sus jardines circundantes estuvieran pletóricos de colorines. Hoy tan sólo quedan unas cuantas plantas diseminadas sobre planchas de concreto donde la Coca Cola puso un megaanuncio tipo árbol de Navidad, y donde los niños contraen dermatitis en las infecciosas fuentes iluminadas de colores que están de moda como signo de modernidad progre.
Igual que la Estela de Luz, oscuro fue el fideicomiso de su rehabilitación en 2010, un desperdicio el concurso convocado para su diseño, pues todo se canceló para que finalmente fuera (¿dónde quedó lo del fideicomiso?) con un donativo de 65 millones de pesos del gobierno de Azerbaiyán, que se comenzaron a talar los árboles y cambiar los jardines por concreto sin que la autoridad ecológica dijera nada. Frente a la capilla una escultura del gobierno donante que desentona con el resto del paisaje, una caseta de policía donde los vigilantes hacen amistad con las jovencitas casi adolescentes que se bañan en los chorros de las fuentes y unas cercas de malla ciclónica disfrazadas de jardines verticales. Por el costo al parecer una estafa, tanto al fideicomiso como a Azerbaiyán, y por supuesto al contribuyente al que se le ha dicho que el GDF “no pagó nada” pero seguramente alguien está cobrando todo por colocar anuncios encubiertos como celebraciones, igualito que en el Zócalo, la Alameda y el monumento a la Revolución.
lilia merodio reza En la parte de atrás de la plaza de Tlaxcoaque, donde estaba la jefatura de policía y el escuadrón de rescate, la calle Chimalpopoca, que desahogaba la salida de autos hacia Tlalpan, hoy se la han apropiado policías y rescatistas como estacionamiento, abundan puestos de comida semifijos y plagas de roedores.
Pienso en todo esto mientras veo a una mujer, al parecer ciudadana azerbaiyana, discutiendo con el poeta Homero Aridjis a quien le dice que deberíamos estar agradecidos de la estatua del ex dictador Heydar Aliyev en Reforma y de las remodelaciones donadas por su gobierno porque ahora sí tenemos dónde recrearnos. Obras tardías y de mal gusto; lo bueno es que nada más fueron 65 millones y no los mil millones de la “suavicrema de luz”.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.