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LA SIERRA DeL TERROR por Victor M.Quintana

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LA SIERRA DEL TERROR

Por: Víctor M. Quintana S.

Creo que así se titulaba una película de las gloriosas matinées de mi infancia. En ella Antonio Aguilar interpretaba al agente federal Mauricio Rosales, “El Rayo” y con su fiel compañero, Emeterio Berlanga, (Agustín Isunza,) hacía cera y pabilo de cuanto maleante y cacique asolaba los tranquilos pueblos de escenografía de aquellas elementales cintas de aventuras.

La realidad de la Sierra de Chihuahua, es peor que la ficción,  y sus pueblos padecen homicidios , secuestros e incendios no de escenografía, con muchos delincuentes, incluso uniformados, y nada de mauricios rosales. Con autoridades federales y estatales desentendidas, y gobernadores que cualquier crítica o justo reclamo de la gente intentan presentarlo como “impulsado por motivos políticos”.

La digna misiva del pueblo de Creel al Gobernador y al Fiscal General del Estado lo expresó nítidamente hace algunos días: “Entre la gente del municipio de Bocoyna hay temor de hablar, como hay temor de escribir puesto que no vemos resultados claros y efectivos a las múltiples denuncias que más de una persona, una organización de derechos humanos, familias enteras han interpuesto luego de sufrir muertes, secuestros, asaltos, y han tenido como única respuesta otra muerte, otro secuestro, otro asalto en venganza a la búsqueda y urgencia de justicia que la sociedad sigue teniendo a flor de piel.”

La exigencia fue muy clara: “Que cumplan con su deber de cuidar el estado, de proteger a sus habitantes, de generar espacios de paz y tranquilidad que nos permitan circular libre y tranquilamente a cualquier hora del día y de la noche, que cumpla lo que prometió el día de su toma de posesiónPedimos también sus presencias en esta comunidad Sr. Gobernador, Sr. Fiscal, puesto que necesitamos dialogar con ustedes como es nuestro derecho, no con ningún representante enviado en su lugar.”

La respuesta fue típica de burócratas: El lunes pasado, reunión aparatosa en Bocoyna., para instalar la “Mesa de Seguridad” El Gobernador no estuvo presente, porque atendía los problemas causados por la lluvia (no de balas), la encabezaron el Secretario de Gobierno y el Fiscal General. Hubo catorce  funcionarios públicos, sólo dos representantes de la sociedad, no de Creel. No se escuchó  al pueblo, y se intentó  avasallar al terror ciudadano con estadísticas y cuentas alegres de los logros gubernamentales  en materia de seguridad.

Pero el terror continúa por toda esta sierra. En Guadalupe y Calvo volvió a haber 5 ejecuciones el 12 de julio  y continúan las extorsiones y secuestros. Según la red libre periodismo,  por toda la sierra se han incrementado losjuvenicidios:   se han encontrado varios cuerpos la última semana, entre ellos tres pares de hermanos. Uno, de dos jóvenes del poblado El Vergel, tenían 19 y 16 años, estaban desaparecidos desde febrero,. El martes 30, tres cuerpos más de jóvenes asesinados son encontrados en la carretera Guachochi-Creel.

Por esto resulta muy endeble y hasta indignante para personas como las de Creel que el gobierno los trate de convencer con estadísticas  Porque incluso echando mano de ellas, Chihuahua sigue encabezando la lista negra de las entidades en  tasa de homicidios por cada cien mil habitantes con 77, cifra que en los municipios serranos se eleva hasta el doble. En el estado  porcentaje de detención de presuntos responsables de sólo un 1.7%, uno de los más bajos del país.

¿Por qué en la Sierra Tarahumara no surgen policías comunitarias, autodefensas como en Guerrero o Michoacán?  Porque hace ya décadas hay una sistemática agresión a las comunicadse indígenas y mestizas.  A los pueblos indios, primero por parte de  las compañías mineras de la primera generación, luego por las forestales, últimamente por las turísticas y de nuevo las mineras.   Porque los indígenas  de la sierra, sumergidos en la precariedad  apenas pueden luchar por su subsistencia pues hace mucho que sus magros recursos dejaron de ser botín o sus territorios les fueron arrebatados. Porque ellos resisten de otro modo: dispersándose, remontándose.

En el caso de los pueblos mestizos, la comunidad no se ha podido construir porque son  poblados de reciente formación, dominados siempre por las compañías madereras o los caciques locales, divididos, si no opuestos a los indígenas, últimamente,  invadidos por narcotraficantes y sicarios, aislados en vastas extensiones poco poblados. Porque el Estado hace mucho eclipsó su presencia y se retiró o se fracturó, lo que llevó a que una fracción apoye a un grupo criminal y otra fracción al  grupo contrario. Todo este proceso de destrucción de las comunidades culmina siempre en el terror o cuando menos en la apatía.

No sólo el Gobierno del Estado ha sido insensible e ineficaz: el  gobierno federal ha descuidado también la sierra en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ambiental y en el aspecto de seguridad y de paz. Para ello no hay una estrategia de Estado. Peña Nieto balbucea también en este tema: se cree todo lo que desde acá le dicen, carece de iniciativa, la inteligencia está ausente como aparato y como facultad. La estrategia del sexenio es la que recibió, ensangrentada, del sexenio anterior.  Los priístas de convicción no estarán muy contentos: en cuanto a la violencia,  el país está viviendo un calderonismo sin Calderón.

Tanto el terror l sigue agobiando todos los días, ubicuo, disruptivo, pertinaz a la gente de la sierra, que no cree ya ni en Calderón, ni en Peña Nieto, ni en Reyes, ni en César, y lo que es peor, ni siquiera en Mauricio Rosales, “El Rayo

 

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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