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LA SIERRA DeL TERROR por Victor M.Quintana

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LA SIERRA DEL TERROR

Por: Víctor M. Quintana S.

Creo que así se titulaba una película de las gloriosas matinées de mi infancia. En ella Antonio Aguilar interpretaba al agente federal Mauricio Rosales, “El Rayo” y con su fiel compañero, Emeterio Berlanga, (Agustín Isunza,) hacía cera y pabilo de cuanto maleante y cacique asolaba los tranquilos pueblos de escenografía de aquellas elementales cintas de aventuras.

La realidad de la Sierra de Chihuahua, es peor que la ficción,  y sus pueblos padecen homicidios , secuestros e incendios no de escenografía, con muchos delincuentes, incluso uniformados, y nada de mauricios rosales. Con autoridades federales y estatales desentendidas, y gobernadores que cualquier crítica o justo reclamo de la gente intentan presentarlo como “impulsado por motivos políticos”.

La digna misiva del pueblo de Creel al Gobernador y al Fiscal General del Estado lo expresó nítidamente hace algunos días: “Entre la gente del municipio de Bocoyna hay temor de hablar, como hay temor de escribir puesto que no vemos resultados claros y efectivos a las múltiples denuncias que más de una persona, una organización de derechos humanos, familias enteras han interpuesto luego de sufrir muertes, secuestros, asaltos, y han tenido como única respuesta otra muerte, otro secuestro, otro asalto en venganza a la búsqueda y urgencia de justicia que la sociedad sigue teniendo a flor de piel.”

La exigencia fue muy clara: “Que cumplan con su deber de cuidar el estado, de proteger a sus habitantes, de generar espacios de paz y tranquilidad que nos permitan circular libre y tranquilamente a cualquier hora del día y de la noche, que cumpla lo que prometió el día de su toma de posesiónPedimos también sus presencias en esta comunidad Sr. Gobernador, Sr. Fiscal, puesto que necesitamos dialogar con ustedes como es nuestro derecho, no con ningún representante enviado en su lugar.”

La respuesta fue típica de burócratas: El lunes pasado, reunión aparatosa en Bocoyna., para instalar la “Mesa de Seguridad” El Gobernador no estuvo presente, porque atendía los problemas causados por la lluvia (no de balas), la encabezaron el Secretario de Gobierno y el Fiscal General. Hubo catorce  funcionarios públicos, sólo dos representantes de la sociedad, no de Creel. No se escuchó  al pueblo, y se intentó  avasallar al terror ciudadano con estadísticas y cuentas alegres de los logros gubernamentales  en materia de seguridad.

Pero el terror continúa por toda esta sierra. En Guadalupe y Calvo volvió a haber 5 ejecuciones el 12 de julio  y continúan las extorsiones y secuestros. Según la red libre periodismo,  por toda la sierra se han incrementado losjuvenicidios:   se han encontrado varios cuerpos la última semana, entre ellos tres pares de hermanos. Uno, de dos jóvenes del poblado El Vergel, tenían 19 y 16 años, estaban desaparecidos desde febrero,. El martes 30, tres cuerpos más de jóvenes asesinados son encontrados en la carretera Guachochi-Creel.

Por esto resulta muy endeble y hasta indignante para personas como las de Creel que el gobierno los trate de convencer con estadísticas  Porque incluso echando mano de ellas, Chihuahua sigue encabezando la lista negra de las entidades en  tasa de homicidios por cada cien mil habitantes con 77, cifra que en los municipios serranos se eleva hasta el doble. En el estado  porcentaje de detención de presuntos responsables de sólo un 1.7%, uno de los más bajos del país.

¿Por qué en la Sierra Tarahumara no surgen policías comunitarias, autodefensas como en Guerrero o Michoacán?  Porque hace ya décadas hay una sistemática agresión a las comunicadse indígenas y mestizas.  A los pueblos indios, primero por parte de  las compañías mineras de la primera generación, luego por las forestales, últimamente por las turísticas y de nuevo las mineras.   Porque los indígenas  de la sierra, sumergidos en la precariedad  apenas pueden luchar por su subsistencia pues hace mucho que sus magros recursos dejaron de ser botín o sus territorios les fueron arrebatados. Porque ellos resisten de otro modo: dispersándose, remontándose.

En el caso de los pueblos mestizos, la comunidad no se ha podido construir porque son  poblados de reciente formación, dominados siempre por las compañías madereras o los caciques locales, divididos, si no opuestos a los indígenas, últimamente,  invadidos por narcotraficantes y sicarios, aislados en vastas extensiones poco poblados. Porque el Estado hace mucho eclipsó su presencia y se retiró o se fracturó, lo que llevó a que una fracción apoye a un grupo criminal y otra fracción al  grupo contrario. Todo este proceso de destrucción de las comunidades culmina siempre en el terror o cuando menos en la apatía.

No sólo el Gobierno del Estado ha sido insensible e ineficaz: el  gobierno federal ha descuidado también la sierra en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ambiental y en el aspecto de seguridad y de paz. Para ello no hay una estrategia de Estado. Peña Nieto balbucea también en este tema: se cree todo lo que desde acá le dicen, carece de iniciativa, la inteligencia está ausente como aparato y como facultad. La estrategia del sexenio es la que recibió, ensangrentada, del sexenio anterior.  Los priístas de convicción no estarán muy contentos: en cuanto a la violencia,  el país está viviendo un calderonismo sin Calderón.

Tanto el terror l sigue agobiando todos los días, ubicuo, disruptivo, pertinaz a la gente de la sierra, que no cree ya ni en Calderón, ni en Peña Nieto, ni en Reyes, ni en César, y lo que es peor, ni siquiera en Mauricio Rosales, “El Rayo

 

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Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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