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Opinión

LA SIERRA DeL TERROR por Victor M.Quintana

LA SIERRA DEL TERROR

Por: Víctor M. Quintana S.

Creo que así se titulaba una película de las gloriosas matinées de mi infancia. En ella Antonio Aguilar interpretaba al agente federal Mauricio Rosales, “El Rayo” y con su fiel compañero, Emeterio Berlanga, (Agustín Isunza,) hacía cera y pabilo de cuanto maleante y cacique asolaba los tranquilos pueblos de escenografía de aquellas elementales cintas de aventuras.

La realidad de la Sierra de Chihuahua, es peor que la ficción,  y sus pueblos padecen homicidios , secuestros e incendios no de escenografía, con muchos delincuentes, incluso uniformados, y nada de mauricios rosales. Con autoridades federales y estatales desentendidas, y gobernadores que cualquier crítica o justo reclamo de la gente intentan presentarlo como “impulsado por motivos políticos”.

La digna misiva del pueblo de Creel al Gobernador y al Fiscal General del Estado lo expresó nítidamente hace algunos días: “Entre la gente del municipio de Bocoyna hay temor de hablar, como hay temor de escribir puesto que no vemos resultados claros y efectivos a las múltiples denuncias que más de una persona, una organización de derechos humanos, familias enteras han interpuesto luego de sufrir muertes, secuestros, asaltos, y han tenido como única respuesta otra muerte, otro secuestro, otro asalto en venganza a la búsqueda y urgencia de justicia que la sociedad sigue teniendo a flor de piel.”

La exigencia fue muy clara: “Que cumplan con su deber de cuidar el estado, de proteger a sus habitantes, de generar espacios de paz y tranquilidad que nos permitan circular libre y tranquilamente a cualquier hora del día y de la noche, que cumpla lo que prometió el día de su toma de posesión…Pedimos también sus presencias en esta comunidad Sr. Gobernador, Sr. Fiscal, puesto que necesitamos dialogar con ustedes como es nuestro derecho, no con ningún representante enviado en su lugar.”

La respuesta fue típica de burócratas: El lunes pasado, reunión aparatosa en Bocoyna., para instalar la “Mesa de Seguridad” El Gobernador no estuvo presente, porque atendía los problemas causados por la lluvia (no de balas), la encabezaron el Secretario de Gobierno y el Fiscal General. Hubo catorce  funcionarios públicos, sólo dos representantes de la sociedad, no de Creel. No se escuchó  al pueblo, y se intentó  avasallar al terror ciudadano con estadísticas y cuentas alegres de los logros gubernamentales  en materia de seguridad.

Pero el terror continúa por toda esta sierra. En Guadalupe y Calvo volvió a haber 5 ejecuciones el 12 de julio  y continúan las extorsiones y secuestros. Según la red libre periodismo,  por toda la sierra se han incrementado losjuvenicidios:   se han encontrado varios cuerpos la última semana, entre ellos tres pares de hermanos. Uno, de dos jóvenes del poblado El Vergel, tenían 19 y 16 años, estaban desaparecidos desde febrero,. El martes 30, tres cuerpos más de jóvenes asesinados son encontrados en la carretera Guachochi-Creel.

Por esto resulta muy endeble y hasta indignante para personas como las de Creel que el gobierno los trate de convencer con estadísticas  Porque incluso echando mano de ellas, Chihuahua sigue encabezando la lista negra de las entidades en  tasa de homicidios por cada cien mil habitantes con 77, cifra que en los municipios serranos se eleva hasta el doble. En el estado  porcentaje de detención de presuntos responsables de sólo un 1.7%, uno de los más bajos del país.

¿Por qué en la Sierra Tarahumara no surgen policías comunitarias, autodefensas como en Guerrero o Michoacán?  Porque hace ya décadas hay una sistemática agresión a las comunicadse indígenas y mestizas.  A los pueblos indios, primero por parte de  las compañías mineras de la primera generación, luego por las forestales, últimamente por las turísticas y de nuevo las mineras.   Porque los indígenas  de la sierra, sumergidos en la precariedad  apenas pueden luchar por su subsistencia pues hace mucho que sus magros recursos dejaron de ser botín o sus territorios les fueron arrebatados. Porque ellos resisten de otro modo: dispersándose, remontándose.

En el caso de los pueblos mestizos, la comunidad no se ha podido construir porque son  poblados de reciente formación, dominados siempre por las compañías madereras o los caciques locales, divididos, si no opuestos a los indígenas, últimamente,  invadidos por narcotraficantes y sicarios, aislados en vastas extensiones poco poblados. Porque el Estado hace mucho eclipsó su presencia y se retiró o se fracturó, lo que llevó a que una fracción apoye a un grupo criminal y otra fracción al  grupo contrario. Todo este proceso de destrucción de las comunidades culmina siempre en el terror o cuando menos en la apatía.

No sólo el Gobierno del Estado ha sido insensible e ineficaz: el  gobierno federal ha descuidado también la sierra en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ambiental y en el aspecto de seguridad y de paz. Para ello no hay una estrategia de Estado. Peña Nieto balbucea también en este tema: se cree todo lo que desde acá le dicen, carece de iniciativa, la inteligencia está ausente como aparato y como facultad. La estrategia del sexenio es la que recibió, ensangrentada, del sexenio anterior.  Los priístas de convicción no estarán muy contentos: en cuanto a la violencia,  el país está viviendo un calderonismo sin Calderón.

Tanto el terror l sigue agobiando todos los días, ubicuo, disruptivo, pertinaz a la gente de la sierra, que no cree ya ni en Calderón, ni en Peña Nieto, ni en Reyes, ni en César, y lo que es peor, ni siquiera en Mauricio Rosales, “El Rayo

 

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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