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Opinión

La Trampa de la Soberanía. Por: Fernando Campos Cardosa

La palabra “soberanía” siempre ha tenido una connotación casi sagrada en la política de nuestro país. Invocarla suele ser suficiente para cerrar debates, bloquear el disenso y encender el fervor de quienes creen, honestamente, que un ejercicio genuino de soberanía nacional implica la defensa de todo aquello que nos define como nación libre e independiente. Sin embargo, lo que estamos presenciando hoy trasciende la mera consigna patriótica y revela un mecanismo más profundo, en nombre de “fortalecer la soberanía”: el gobierno está impulsando una serie de reformas que, lejos de hacer más sólido al Estado y a sus instituciones, están generando un poder desmesurado en la figura presidencial.

Regresemos unos meses en el pasado. El discurso oficial, replicado indiscriminadamente por los fieles seguidores,insistía en que se requería una reforma judicial para, supuestamente, erradicar los vicios históricos de nuestro sistema de justicia y ponerlo en sintonía con el pueblo. Suena bien en el papel, pero la práctica nos muestra que dicha reforma nunca respondió a un diagnóstico amplio ni a un proceso de debate incluyente. Por el contrario, parece apuntar a la conformación de un poder judicial dócil y moldeable a los intereses del Ejecutivo, uno que no sea un contrapeso sino un respaldo incondicional a sus decisiones.

Algo parecido ocurrió con la eliminación de organismos autónomos, esos entes creados para vigilar con lupa la actuación del gobierno, preservar la transparencia y defender los derechos de la ciudadanía. En su momento, la gentecelebró la creación de estas instituciones como un hito democrático, un esfuerzo por asegurarnos de que, sin importar el partido en el poder, habría un órgano independiente con la capacidad de investigar, documentar y, en caso necesario, sancionar. Hoy, se argumenta que éstos no hacían sino entorpecer el “proyecto de transformación” al estar plagados de intereses ajenos y por ello debían ser eliminados. El resultado: en nombre de la soberanía y de la supuesta “eficiencia administrativa”, ya se ha comenzado a desmantelar esas barreras que alguna vez se erigieron contra los abusos del poder y que nos dejan indefensos ante, por ejemplo, genuinas intenciones de obtención de información que antaño nos permitieron encontrar corruptelas y que hoy piensan esconder tras la subjetividad de la validez.

Pero eso no es todo. Pues el pasado 11 de marzo se aprobó una reforma en materia de “Soberanía Nacional” a los artículos 19 y 40 constitucionales bajo el pretexto de “defender la independencia y la integridad del país”. Sobre el papel, suena como un acto patriótico: ¿quién estaría en contra de proteger la soberanía de una nación? Sin embargo, en la práctica, esta nueva normativa corre el riesgo de convertirse en un arma política para etiquetar como intervencionismo cualquier crítica que provenga del exterior (o hasta de voces internas que supuestamente sirvan a intereses foráneos) y facilitar así la persecución de opositores. Pareciera un escudo para mantener a raya amenazas imaginarias, pero termina siendo un golpe silencioso contra los contrapesos democráticos y los principios de cooperación internacional que nuestro país cultivó por años.

Resulta preocupante entonces, que bajo el paraguas retórico de “proteger la soberanía”, se concentre cada vez más poder en el Ejecutivo, disminuyendo la independencia de instituciones y organismos que, en una democracia sana, deberían mantenerse ajenos a la conveniencia política. Ese es, en esencia, el problema, cuando la soberanía se emplea como cortina de humo, se puede tachar de traidor a cualquiera que se oponga o cuestione, y en ese escenario, la obediencia reemplaza al verdadero debate, aniquilando la pluralidad que tanto esfuerzo nos costó instaurar.

Pero el problema no es la defensa de la soberanía en sí misma. Nadie discute que sea vital defender y fortalecer los elementos que nos hacen un país independiente y con instituciones sólidas. El auténtico inconveniente está en el uso arbitrario de la palabra para legitimar cambios que, en los hechos, corroen la pluralidad democrática y nos devuelven a un sistema parecido al del partido único. Ese que conocimos durante décadas y que, gracias a la intensa labor de generaciones, habíamos logrado sacudir de nuestro escenario político.

Y la oposición (salvo honrosos perfiles) ha caído redondita en la trampa. Quizás por temor a ser señalada como antipatriota, o quizás porque al final, su cálculo político le dicte que no vale la pena enfrentarse a una narrativa que apela a la emotividad de buena parte de la población. Al final, nadie quiere quedar en el registro histórico como alguien que votó “en contra de la soberanía”. Sin embargo, si se permite que el gobierno concentre un poder sin precedentes, esa acumulación terminará tarde o temprano por explotar en contra de quienes hoy se consideran voces disidentes.

Es urgente que el debate político se libere del blindaje discursivo de la palabra “soberanía” para pasar a la discusión seria sobre cómo se garantizan los contrapesos y la participación de la sociedad civil. De lo contrario, seguiremos viendo cómo se aprueban reformas que, con la bandera de la independencia nacional, promueven la centralización del poder en una sola figura y desdibujan la capacidad de las instituciones para funcionar como garantes de la democracia.

Entonces, la trampa de la soberanía es esa: se nos ofrece como carnada la liberación patriótica, pero detrás, se esconde un anzuelo de sumisión a un poder que no admite disidencia. Un poder, además, fortalecido por el silencio o la complacencia de quienes deberían alzar la voz y plantear una oposición con argumentos. Sin duda, es momento de mirar con lupa estas reformas y exigir que se detenga esta vorágine que, en nombre de un ideal que pocos se atreven a cuestionar, ha comenzado a desmantelar a plumazos los avances democráticos que tanto nos costaron conseguir. Ceder a la trampa de la soberanía es ignorar que, paradójicamente, su uso indiscriminado puede convertirse en la mezcla para la construcción de un nuevo autoritarismo.

Opinión

Los muros que lloran: las redadas y el alma chicana. Por Caleb Ordoñez Talavera

En el norte de nuestro continente, justo donde termina México y comienza Estados Unidos, hay una línea invisible que desde hace décadas divide más que territorios. Divide familias, sueños, culturas, idiomas, economías… y últimamente, divide también lo humano de lo inhumano.

Esta semana, Donald Trump —en una etapa crítica de su carrera política, con una caída notoria en las encuestas, escándalos judiciales y un sector republicano que empieza a verlo más como un riesgo que como un líder— ha regresado a una vieja y efectiva estrategia: la del miedo. El expresidente ha lanzado una ofensiva pública para prometer redadas masivas contra migrantes, deportaciones “como nunca antes vistas” y políticas de “cero tolerancia”.

La razón no es nueva ni sutil: apelar al votante blanco conservador que ve en el migrante un enemigo económico y cultural. Ese votante que, ante la inflación, la violencia armada o el desempleo, prefiere culpar al que habla español que exigirle cuentas al sistema. En medio del descontento generalizado, Trump no busca soluciones reales, busca culpables útiles. Y como en otras épocas oscuras de la historia, los migrantes —sobre todo los latinos, sobre todo los mexicanos— vuelven a ser carne de cañón.

Pero hay una realidad más profunda y más dolorosa. Quien ha vivido el cruce, legal o no, sabe que la frontera no es sólo un punto geográfico. Es una cicatriz. Las políticas migratorias —de Trump o de cualquier otro mandatario— convierten esa cicatriz en una herida abierta. Cada redada, cada niño separado de sus padres, cada deportación arbitraria, no es solo una estadística más. Es una tragedia personal. Y más allá de lo político, esto es profundamente humano.

En este escenario, cobra especial relevancia la figura del “chicano”. Este término, que nació como una forma despectiva de llamar a los estadounidenses de origen mexicano, fue resignificado con orgullo en los años 60 durante los movimientos por los derechos civiles. El chicano es el hijo de la diáspora, el nieto del bracero, el hermano del que se quedó en México. Es el mexicano que nació en Estados Unidos y que, aunque tiene papeles, no olvida de dónde vienen sus raíces ni a quién debe su historia.

Los chicanos son fundamentales para entender la cultura estadounidense moderna. Están en las universidades, en el arte, en la política, en la música, en los sindicatos. Y sin embargo, cada redada, cada discurso de odio, también los golpea. Porque no importa si tienen ciudadanía: su apellido, su acento o el color de su piel los expone. Ellos también son víctimas del racismo sistémico.

Hoy, más que nunca, México debe voltear a ver a su gente más allá del río Bravo. No como simples paisanos lejanos, sino como parte de nuestra nación extendida. Porque si algo une a los mexicanos, estén donde estén, es su espíritu de resistencia. Los migrantes no huyen por gusto, sino por necesidad. Y a cambio, han sostenido economías, levantado ciudades y mantenido viva la cultura mexicana en el extranjero.

Las remesas no son solo dinero: son prueba de amor, sacrificio y esperanza. Y ese compromiso merece algo más que silencio institucional. Merece defensa diplomática, apoyo consular real, y sobre todo, empatía nacional. Cada vez que un mexicano insulta o desprecia a un migrante —por su acento pocho, por su ropa, por sus papeles— se convierte en cómplice de la misma discriminación que dice condenar.

Las fronteras, como están planteadas hoy, no son lugares de paso. Son cárceles abiertas. Zonas donde reina la vigilancia, el miedo y la burocracia cruel. Para miles de niños, esas jaulas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) son su primer recuerdo de Estados Unidos. ¿Ese es el país que dice defender los valores cristianos y la libertad?

Además, no podemos hablar de migración sin hablar del racismo. Porque este no es solo un tema migratorio, sino profundamente racial. Las políticas antiinmigrantes suelen tener rostro y acento. No se aplican con la misma fuerza para migrantes europeos o canadienses. El blanco pobre puede aspirar a mejorar; el latino pobre, a ser deportado.

Trump lo sabe, y por eso lo explota. En un año electoral donde su imagen se desmorona entre procesos judiciales, alianzas rotas y amenazas internas, necesita un enemigo claro. Y el migrante latino cumple con todos los requisitos: está lejos del poder, es fácil de estigmatizar y difícil de defender políticamente.

Pero aún hay esperanza. En cada marcha, en cada organización de ayuda, en cada abogado que ofrece servicios pro bono, en cada chicano que no olvida su origen, se enciende una luz. Y también en México. Porque un país que protege a sus hijos, donde sea que estén, es un país más digno.

No dejemos que los muros nos separen del corazón. Hoy más que nunca, México debe recordar que su gente no termina en sus fronteras. Y que el verdadero poder no está en las redadas ni en las amenazas, sino en la solidaridad. Esa que nos ha hecho sobrevivir guerras, pandemias, traiciones… y que ahora debe ayudarnos a defender lo más humano que tenemos: nuestra gente.

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