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Opinión

La universidad. Por Raúl Saucedo

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LA DEFENSA DEL CONOCIMIENTO

La reciente controversia en torno a la Universidad de Harvard y los recortes de fondos federales durante la actual administración Trump resalta un tema crucial: el papel de las instituciones académicas como baluartes del conocimiento y su resistencia frente a políticas gubernamentales adversas. La decisión de dicha administración de retener fondos, aparentemente motivada por sesgos políticos, no solo afectó la capacidad de Harvard para llevar a cabo investigaciones críticas, sino que también representó un ataque directo a la autonomía académica.

Las universidades, en su esencia, son centros de pensamiento crítico, investigación y debate. Son espacios donde las ideas se confrontan, se cuestionan y se refinan. La diversidad de perspectivas que albergan es fundamental para el progreso social y científico. Cuando un gobierno intenta silenciar estas voces, socava los cimientos de la democracia.

El caso de Harvard no es aislado. A lo largo de la historia, las universidades han desempeñado un papel vital en la resistencia contra la opresión y la injusticia. Desde las universidades europeas que desafiaron el poder de la Iglesia en la Edad Media, hasta las instituciones estadounidenses que impulsaron el movimiento por los derechos civiles en el siglo pasado, la academia ha sido un faro de esperanza y un motor de cambio.

La autonomía universitaria es un principio fundamental que protege la libertad de investigación y expresión. Permite a los académicos explorar temas controvertidos y desafiar el statu quo sin temor a represalias. Cuando esta autonomía se ve amenazada, la sociedad en su conjunto resulta perjudicada.

Las universidades son también cruciales para la formación de líderes informados y ciudadanos comprometidos. En un mundo cada vez más complejo, necesitamos personas capaces de analizar críticamente la información, evaluar políticas públicas y participar activamente en el debate democrático. Las universidades proporcionan el entorno intelectual necesario para cultivar estas habilidades.

En el contexto actual, donde la desinformación y la polarización amenazan la cohesión social, las universidades tienen una responsabilidad aún mayor: defender la verdad y promover el diálogo constructivo. Deben ser espacios donde se fomente el respeto por la evidencia y la razón, y donde se pueda debatir libremente sobre los desafíos que enfrenta la sociedad.

La resistencia de Harvard y otras universidades frente a los recortes y la interferencia política es un recordatorio de que la academia no es simplemente un apéndice del gobierno, sino un actor independiente con un papel vital en la defensa de la democracia. Las universidades deben seguir siendo espacios donde la búsqueda de la verdad y la defensa de la justicia sean valores fundamentales.

Mientras algunas universidades resisten los embates de los enemigos de la democracia, este humilde columnista celebra con introspección su nuevo grado de Máster por parte de su alma mater, la UACH, donde el conocimiento y la resistencia también son trincheras, tanto en sus aulas como en sus egresados.

@RaulSaucedo_

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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