Una vez más, la jauría mediática poblana está  sobre los antorchistas del estado  combatiéndolos, como es su costumbre inveterada (de decenios, de siglos quizá, tantos que probablemente ya ni siquiera tengan conciencia de ello), con sus “mejores” armas, con su más refinado virtuosismo para tergiversar la verdadera naturaleza de los hechos y, a partir de allí, soltar el torrente de injurias, calumnias, acusaciones, condenas “inapelables” sin ningún asidero en la realidad ni en las reglas elementales del correcto discurrir, para culminar con un estentóreo “llamado” a la autoridad a “meter en cintura” a los alborotadores y chantajistas, hacer respetar los “derechos de terceros” y restablecer la paz y la tranquilidad públicas, perturbadas por “alborotadores” que sólo buscan su beneficio personal. Todo mundo sabe que esas ardientes profesiones de fe sobre la concordia y la justicia sociales, así como los “enérgicos llamados a aplicar la ley sin vacilaciones” apoyándose en las falsedades y calumnias que los mismos improvisados Savonarolas inventan con toda premeditación y mala fe, no tienen otro significado que hacer el trabajo sucio a las fuerzas represivas, maquillando preventivamente su actuación como una “simple y necesaria” aplicación del Derecho, que “debe ser parejo para todos”; y que tales “indignadas voces” no tienen nunca nada de espontáneo ni menos de gratuito, sino que son manejadas desde las oficinas de prensa de los gobiernos a cambio de una buena tajada del presupuesto destinado a la publicidad oficial. Todo mundo lo sabe, sí, pero muy pocos se atreven a decirlo.

La embestida actual de la prensa poblana a que me refiero, tiene como origen dos graves problemas que afectan a sendos grupos de ciudadanos que no hacen más que defenderse de los abusos y de la indiferencia con que los quieren tratar y someter minorías económicamente poderosas (caso Chalchihuapan) y el gobierno municipal de Puebla capital, respectivamente. Por razón de espacio y de claridad expositiva, hoy sólo me referiré al primero de dichos problemas. Según la versión de los medios, el asunto de Chalchihuapan estriba en que un “grupo de antorchistas”, haciendo uso de la violencia, pretende apoderarse de un inmueble destinado al culto de la Virgen de Guadalupe y de un predio aledaño al mismo, razón por la cual, ese grupo de “delincuentes” se ha enfrentado con piedras, palos, varillas, etc., a la feligresía del lugar, que defiende su templo y la propiedad anexa al mismo. Conclusión: el gobierno debe intervenir con toda energía para imponer la justicia y restablecer la concordia entre la población, para lo cual es necesario meter en la cárcel a los “líderes antorchistas” que encabezan el intento de despojo. Esta versión de los hechos es absoluta e intencionalmente falsa y calumniosa, pero necesaria, eso sí, para “fundamentar” la exigencia de represión en contra de quienes apoyan a la mayoría del pueblo de Chalchihuapan que reclama respeto a su legítimo derecho sobre los dos inmuebles en disputa.

La verdad, muy resumida, es la siguiente (y aquí tengo que reiterar lo que he dicho ya en múltiples ocasiones: los antorchistas no mentimos jamás, ni siquiera en legítima defensa, como lo prueban 38 años de estarnos defendiendo de todo tipo de ataques vertidos por sujetos de toda laya): hace 18 años (febrero de 1994), por acuerdo de todo el pueblo y con la aportación económica y el trabajo de cada uno de sus miembros, se levantó un edificio amplio, de dos plantas, en el atrio de la iglesia de San Bernardino, patrono de Chalchihuapan, que todo mundo reconoce como la original y verdadera parroquia del pueblo. El nuevo edificio resultaba indispensable para albergar actividades y servicios ligados al culto de San Bernardino, cuyo carácter masivo volvía casi imposible celebrarlos en el recinto de la parroquia; y así funcionó por espacio 18 años, sin ningún problema, hasta que un pequeño núcleo de la población, que con el tiempo había  acumulado una gran fortuna (y, como consecuencia de eso mismo, un altanero sentimiento de superioridad y de desprecio hacia sus “hermanos en Cristo” menos afortunados) comenzó a sentirse “rebajado” por tener que compartir la Sagrada Eucaristía con la “chusma mugrosa”. Por tanto, idearon “crear otro templo” bajo otra “advocación”, pues ni siquiera el culto al mismo santo querían compartir con el pueblo pobre. Y fue así como comenzaron a celebrar “su misa” en el edificio de dos pisos que pertenecía a todo el pueblo. Esto fue lo que detonó la primera fase del conflicto, no menos violenta y aguda que la actual. Después de muchas escaramuzas y enfrentamientos, con intervención de las autoridades civiles y eclesiásticas (que, dicho sea de paso, han puesto su cuota al diferendo nombrando un párroco exclusivo para el “nuevo templo”) se llegó a un acuerdo: el pueblo de San Bernardino accedía a “prestar” el inmueble a sus detentadores por espacio de un año, mientras éstos construían un templo adecuado al Sagrado Culto y a sus aristocráticas pretensiones. Pero ocurrió que dicho plazo se cumplió y se rebasó con creces, sin que los ricachos dieran señales de querer respetar el pacto y devolver el inmueble a sus legítimos dueños. Lejos de ello, procedieron a hacer adaptaciones y costosas inversiones al mismo, con el claro propósito de quedarse definitivamente con él.

Según apreciación personal del compañero Rosendo Morales Sánchez, quien es la cabeza del antorchismo en Santa Clara Ocoyucan, municipio al que pertenece Chalchihuapan, la gente humilde (que hace amplia mayoría en la comunidad),  con la nobleza y fe sincera que caracteriza a nuestro pueblo, después de tantos años de despojo, casi se había resignado a perder el inmueble. Pero la “aristocracia” de los ricachos, lejos de agradecer el gesto, decidió “ampliar” su templo y se  lanzó a construir sobre un área libre del propio atrio de San Bernardino. Fue este nuevo e increíble abuso, y no los antorchistas como dice la prensa, lo que enardeció al pueblo y revivió el conflicto en toda su crudeza: la gente así agraviada decidió recuperar no sólo el predio invadido, sino también el inmueble habilitado como templo Guadalupano, en abierta violación al pacto firmado. Y este acto de recuperación, provocado por la avaricia y prepotencia de los caciques, es lo que los medios informativos poblanos presentaron como “incursión violenta de un grupo de antorchistas” para despojar de sus propiedades a los “fieles católicos” de Chalchihuapan. A partir de ese momento, y apoyadas en esa sucia falacia mediática, las autoridades involucradas en el conflicto a favor de los caciques, han dejado caer todo su peso, todo su poder y toda su capacidad de presión y de amenaza sobre los dirigentes locales y estatales del Movimiento Antorchista, exigiéndoles que “saquen las manos” del conflicto y respeten la “legítima” posesión del inmueble por parte de los caciques usurpadores. A semejanza de aquel Mulláh que, habiendo perdido un denario en un lugar oscuro, se puso a buscarlo en otro sitio “porque allí había luz”, los poderes aludidos están empeñados en encontrar la solución donde es imposible hallarla, simplemente porque buscan en el lugar equivocado.

Sea como sea, a la vista de tan injusta como amenazante y equivocada presión de los poderes legales y fácticos, es que, en mi calidad de Secretario General del Antorchismo Nacional, veo necesario rechazar los infundios y tergiversaciones del conflicto, poner la verdad en su lugar y dejar muy preciso el verdadero papel de los antorchistas en el caso. Los dos primeros puntos quedan ya resueltos en lo dicho más arriba; respecto al tercero, diré brevemente que nosotros no somos los responsables del conflicto ni lo estamos atizando de ninguna manera; por el contrario, es gracias a la intervención, serenidad y mesura de nuestros dirigentes, que éste no se ha desbordado ni ha llevado tragedia y luto a los hogares en Chalchihuapan; y respecto a la solución de fondo, proponemos que todos los poderes que miran justa la necesidad de un templo Guadalupano, unan esfuerzo con los ricos de Chalchihuapan y juntos construyan un verdadero santuario, digno de la veneradísima Virgen María de Guadalupe, en un sitio adecuado donde quepan todos los detalles y lujos que a sus intereses y caprichos convengan, y dejen libre el inmueble que, tan sólo por tener dos pisos, dice a las claras que no fue pensado para ello ni es el santuario que la Guadalupana merece. Así, los caciques llevarán la paz a Chalchihuapan, recuperarán el respeto del pueblo y acrecentarán su capital político, que mucha falta les hace. Por mi parte, hago público compromiso del Antorchismo Nacional de respaldar a nuestros compañeros poblanos donde, cuando y como sea necesario, si no nos dejan de otra.