Opinión
LA VERDAD SOBRE LOS HOSPITALES DE JUÁREZ Y EL PUENTE VILLARREAL. Por Enrique Serrano

Enrique Serrano Escobar
Mucho se ha dicho y escrito sobre la historia de la construcción de los dos hospitales en Ciudad Juárez, y me permito informarles la versión mas exacta que se tiene, pues un servidor fue quien inició con esos proyectos cuando fui electo Presidente Municipal en 2013.
En la campaña política que realicé como candidato, los colegios médicos de Juárez me plantearon la necesidad de contar con un hospital de especialidades, lo cual inmediatamente lo adopté dentro de mi plan de gobierno, de ahí nació la propuesta.
Durante la campaña dispuse de un equipo técnico con experiencia en la elaboración de proyectos y trabajaron en la elaboración de varios, entre ellos, se generaron dos proyectos de hospitales, uno para atención de enfermos con cáncer y otro para especialidades de otras enfermedades con alta incidencia en Juárez.
Habiendo pasado la elección ya tenía yo una carpeta muy bien armada para solicitar recursos federales para varios proyectos, pediríamos para dos hospitales a ver cual pegaba, el nuevo puente Villarreal, el Parque Revolución, el Gimnasio Adaptado para el Parque Central y otros mas.
Teniendo la experiencia y conocimiento que me brindó mi participación como Diputado Federal en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, acudí inmediatamente antes de tomar posesión como Presidente a hacer las gestiones correspondientes ante ese Poder y ante la Secretaría de Hacienda.
El obtener recursos federales para proyectos específicos en los Municipios nunca ha sido una tarea sencilla, se requiere conocimiento, experiencia, proyectos apegados a la normatividad y muchas visitas y gestiones personales a las dependencias federales involucradas. Además contar con el apoyo del Gobernador en turno, lo cual siempre tuve. Fueron muchas visitas que realizamos y finalmente se autorizaron todos los proyectos.
Los recursos para los hospitales le llegaron al Gobierno del Estado en 2016. Generalmente en recursos federales de gran cuantía el gobierno federal confía mas en los gobiernos estatales que en los municipales, y es por ello que
no objeté que se los dieran al estado, finalmente lo que me interesaba era que se construyeran.
El gobierno federal nunca entrega todo el recurso en un año para una obra de esas, si bien nos va entrega una parte y en los ejercicios siguientes lo que falta. Así se recibió en el gobierno del estado una parte para iniciar la construcción de ambos hospitales y se colocó “la primer piedra”, nunca se declaró inauguración. No hay ninguna nota periodística de ese día que hable de inauguración.
Lo que seguía era continuar con los trámites que ya resultaban sumamente sencillos, siendo la primera gestión la tardada y complicada y lo habíamos logrado. Las dos obras estaban ya iniciadas con recursos exclusivamente federales, y a finales de 2016, cuando se iba a aprobar el presupuesto federal del 2017, el Gobierno del Estado de Javier Corral y/o el Gobierno Municipal de Armando Cabada, que recién iniciaban, deberían haber hecho la gestión para el suministro de recursos federales y terminar la obra a finales del 2017. Posteriormente, solicitar para el 2018 los recursos para su equipamiento. De tal forma que serían dos años de construcción y uno de equipamiento, todo con recursos exclusivamente federales.
Ninguna autoridad solicitó en tiempo y forma los recursos que seguían y habiéndose vencido todos los plazos, Javier Corral le pidió de favor al Presidente López Obrador que los terminara, cuando si lo hubieran hecho conforme al tramite correspondiente, no había necesidad de molestar al Presidente, porque está contemplado que en obras iniciadas con recursos federales, deberá el gobierno federal seguir invirtiendo hasta su conclusión, siempre y cuando se hagan las solicitudes correspondientes. Si no se piden, no se programan porque todos los estados y municipios están presentando solicitudes y proyectos.
Porque no se hizo? No lo sé, tal ves apatía por ser proyectos de gobiernos anteriores, ignorancia, incompetencia, o todo junto.
Yo tenía muy claro un esquema financiero para darles soporte, porque luego viene el problema de cómo se mantienen. Serían hospitales para atender población abierta, empleados municipales y estatales, referidos por el IMSS y por el ISSSTE. También serían escuelas para formación de médicos especialistas de la escuela de Medicina de la UACJ.
El proyecto para la construcción del nuevo puente Villarreal en la Avenida Lincoln, para sustituir el que se está cayendo, sufrió una historia similar. Hicimos el proyecto, gestiones con muchísimas juntas en México ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y aquí nos apoyó mucho en ese entonces la Diputada Federal Adriana Fuentes Téllez. También lo hicimos ante la Secretaría de Hacienda del gobierno federal.
Obtuvimos finalmente las autorizaciones de ambas dependencias y terminó nuestra gestión pública en 2016. A los que entraban, Corral y Cabada, les quedaba una gestión muy simple, solo pedir para 2017 el ejercicio del presupuesto ya autorizado. No lo hicieron.
Tiempo después mi amigo Mario Dena, entonces Representante del Gobernador Corral en Juárez, me pidió la información sobre el proyecto del puente, y con mucho gusto se la entregué personalmente, por escrito y en una memoria electrónica, pero le advertí: ya todos los registros están vencidos. No lo hicieron a tiempo.
Ahora el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuellar, amigo también, está tratando de rescatar el recurso para esta obra y le hemos ofrecido con gusto todo nuestro apoyo.
La obra de los hospitales fue descalificada por Corral con acusaciones de supuesta corrupción, y lo correcto en estos casos es presentar los elementos ante la autoridad correspondiente, pero no detener la obra, sino al contrario, continuar con ella y que quien investiga haga su trabajo.
De haber hecho lo que correspondía hubieran terminado las obras en sus gestiones, adquiriendo el mérito político de las inauguraciones. Y ahorita Juárez tendría, sin costo directo, dos magníficos hospitales, un puente nuevo y Escuela de Médicos Especialistas.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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