Opinión
Las guerrillas chihuahuenses de los sesenta.-parte 2. por Victor M. Orozco
Serie especial por el 50 aniversario del ataque al cuartel de Madera
Los apoyadores urbanos II
Otra labor habían realizado en las dos semanas previas. Alguien les entregó una caja con cartuchos de dinamita que, según parece, provenían de una mina de Naica. Eran largos cilindros quizá con una pulgada de diámetro. Compraron luego muchos tubos de acero en “las segundas”, donde se proveían fontaneros, carpinteros o soldadores en la ciudad de Chihuahua. Eran largas filas de puestos rudimentarios en donde se vendían toda clase de fierros, contiguos a la Calle 25, famosa por entonces junto con el cercano Callejón Uranga porque eran parte de la zona roja, y en cuyas aceras se alineaban pequeños cuartos de prostitutas pobres.
Cortaron a la medida los tubos y luego, con un marro pesado, golpeando contra un pedazo de riel de ferrocarril, les doblaron un extremo. Enseguida metían un cartucho, procurando que se ajustara a la boca del tubo de manera que no se moviera en su interior. Después, se suponía que quienes los utilizarían les iban a insertar un fulminante que haría estallar la pólvora que convertiría los pedazos de acero en esquirlas. Eran pues granadas primitivas, que nunca probaron y que después supieron que tampoco funcionaron a la hora del ataque al cuartel de Ciudad Madera. Fabricaron una gran cantidad de estos artefactos y los entregaron esa noche de la reunión.
Durante los meses de julio y agosto imprimieron los documentos de la guerrilla. Teclearon largos manuscritos en “esténciles” y en un mimeógrafo prestado por un joven profesor de la universidad pasaron largas horas tirando miles de hojas revolución. No eran todavía muy expertos, así que una gran parte del tiempo se desperdiciaba recogiendo las hojas del piso y compaginándolas, pues no lograban hacer que la máquina las fuera acomodando de manera automática. Además, la tela del aparato se tapaba y había que limpiarla cada vez, de manera que todo esto les complicaba mucho la existencia. Terminaban manchados de manos, cara y ropa.
Portada de uno de los ejemplares firmado por ‘Ediciones Línea Revolucionaria’
Los folletos eran clandestinos, aunque, como dijo alguno en media broma, llevan las huellas digitales de todos, bien impresas. Se les puso como pie “Ediciones Línea Revolucionaria”, y en ellos se consignaba el primer llamado a la lucha armada en el México posrevolucionario por una fuerza de izquierda. Los análisis eran más o menos simples, más o menos ingenuos, pero en la circunstancia de 1965, resultaban convincentes, sobre todo porque, como ha sucedido en todos los movimientos armados, éstos nunca fueron provocados por sesudas reflexiones teóricas, sino por la determinación y el coraje de pequeños grupos, casi siempre de jóvenes. Todos habían leído “La Historia me Absolverá”, el documento con el que el joven abogado Fidel Castro se defendió ante los tribunales después del ataque al Cuartel Moncada.
Cortesía | Portada del ensayo hecho libro, escrito por Regis Debray
Tampoco se trataba de un metódico ensayo científico, sino más bien de un persuasivo y valiente discurso que concitaba la adhesión a una causa política y moral. Los folletos, engrapados y a los que se les colocó un lomo con papel adhesivo, empezaron a circular casi gota a gota. Se pasaban de manos con sigilo y los que los distribuían no dejaban de sentir cierto orgullo y hasta petulancia, por ser los secretos portadores de noticias que hablaban de la “nueva revolución”. No puede olvidarse que todo esto sucedía en el estado de Chihuahua, todavía más agrario que urbano y en cuyos pueblos la herencia de la Revolución de 1910 estaba viva. En todas partes había veteranos que platicaban verdades o invenciones sobre la lucha armada, que todavía entusiasmaban a los vecinos. Así que las nuevas exhortaciones para tomar otra vez las armas y arrojar del poder a los logreros y enriquecidos políticos, no caían en suelo estéril.
Cortesía | Los guerrilleros en Madera también estaban influenciados por la Revolución Mexicana
En 1964 y 1965 había aún pocos escritos que luego abundaron y en los que se plasmó un auténtico cuerpo teórico a partir de la experiencia derivada de la revolución cubana. El ensayo de Regis Debray, “¿Revolución en la Revolución?”, que tanta fama cobró durante la segunda mitad de los sesenta, todavía no era conocido. Sin embargo, discursos de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro, así como la I y la II Declaración de La Habana, circulaban entre militantes de partidos y movimientos de izquierda. Pero sobre todo, influían sobre estas mentalidades y pasiones jóvenes, los hechos, que estaban allí: los cubanos habían realizado una revolución socialista a 80 millas de las costas norteamericanas y además habían derrotado a un ejército invasor organizado por Estados Unidos. Además, se había iniciado la gran revolución con doce guerrilleros que se implantaron en la sierra y a partir de allí habían irradiado la lucha a toda la isla. No le pidieron permiso a los partidos ni recibieron ningún apoyo de éstos. Además, México hasta antes de 1959, era el único país latinoamericano en el que la guerra de guerrillas había tenido éxito. Así que todo consistía en comenzar y pronto, porque tal vez la guerra durara por décadas.
Cortesía | Documento hecho libro, usado en su defensa por Fidel Castro, luego del ataqueal cuartel Moncada
“Se trata de iniciar la acción donde sea, a la hora que sea y no importa si no son cinco o seis mil guerrilleros sino quince o veinte. No se trata de soñar grandes operaciones tácticas sino de contestar como sea uno de los múltiples golpes que el Gobierno prodiga a las masas. En el curso de las operaciones militares las guerrillas se foguearán, se consolidarán, aumentarán sus filas y se multiplicarán, la organización se irá estructurando poco a poco en la medida que surjan las condiciones que los permitan, las llamas de la revolución se irán extendiendo poco a poco a más rincones de la República. La lucha será terriblemente prolongada, no se contará por años sino por décadas, por eso es ya la hora de empezar y hay que empezar jóvenes si queremos tener tiempo de lograr las cualidades que sólo los años de acción proporcionarán. Por nuestra cuenta no daremos ya marcha atrás en el camino de la revolución, sabemos que sin el apoyo de las masas no podremos triunfar, ganar su confianza y su apoyo es nuestra principal preocupación y nos proponemos lograrlo mediante los hechos”.
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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