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Opinión

Las lecciones de la entrega de lotes en Cuauhtémoc Por Antonio Escamilla Meza

Como resultado de la lucha organizada del Movimiento Antorchista en Chihuahua, el Profesor Israel Beltrán Montes, presidente municipal, de un total de 600 lotes, entregó 186 para la construcción de vivienda popular, dotados con agua potable, luz y drenaje, para igual número de familias humildes en la colonia “Chano Duarte” de la ciudad manzanera de Cuauhtémoc, el pasado 28 de julio de los corrientes, contando con la presencia de su cuerpo edilicio, los directores municipales de Desarrollo Urbano y Desarrollo Social y de la dirigencia local y estatal del antorchismo.

Desde hace más de dos años, los solicitantes de lotes, ahora orgullosos colonos, comenzaron la lucha tomando la decisión de organizarse, de formar un grupo antorchista para reunirse cada ocho días, de cooperar económicamente para sostener su propia lucha, de difundir la existencia del grupo, de reunir la documentación básica y de crear con mucho esfuerzo una caja de ahorro para lograr el propósito de conquistar un pedazo de patria para edificar su vivienda. En un principio no había alternativas de superficies de terrenos, razón por la cual el grupo comenzó a tocar puertas en los diferentes niveles de gobierno y ante los diferentes actores políticos, logrando al final de las cuentas y dada la fuerza política de la organización el compromiso político de otorgar 600 lotes a los antorchistas por parte del entonces candidato a presidente municipal Beltrán Montes, cuando llegara a ocupar el cargo, compromiso que, como se ve, está comenzando a cumplir, honrando así la palabra empeñada con el antorchismo. Autoridades cumplidoras, que escuchan al pueblo organizado y resuelven, debería ser la regla general, pero no es así, son, como el profesor Beltrán, una rara excepción.

Este acontecimiento es una prueba irrefutable de lo que puede lograr el pueblo humilde y trabajador cuando se une, se organiza y lucha; ahora los beneficiarios saben que si se ejerce el derecho de asociación, como lo establece el artículo noveno constitucional; que si lleva a la práctica el artículo octavo de la Ley que nos rige a todos los mexicanos, el cual estipula el derecho de petición de todo ciudadano; y que si la solución a su petición llega a negarse o a obstaculizarse con cualquier pretexto burocrático-administrativo o argumentos de insuficiencia presupuestal, puede protestar libremente ejerciendo su derecho a la manifestación pública, consagrado en el artículo sexto de nuestra Carta Magna. Estos derechos constitucionales (tan violentados en la práctica por verdaderos delincuentes como los funcionarios de gobierno en San Luis Potosí, que se niegan a resolver las demandas de elemental justicia social que enarbolan los antorchistas), se destacan como las herramientas indispensables sin las cuales no se habría logrado jamás obtener este resultado tan favorable para un grupo de trabajadores, gente humilde y de progreso, que recibió su lote el pasado 28 de julio. Esta es una de las lecciones más importantes que hay que aprender de lo sucedido, esta enseñanza debe alumbrar el camino para el futuro de los compañeros hoy beneficiados; el resultado obtenido no debe convertirse en el factor para abandonar la lucha y la organización antorchistas, sino al contrario, debe servir para unificarnos más, para luchar más organizados sabedores que ese es el camino correcto que hay que andar para lograr el progreso de la colonia, pues aunque ya cuenta con agua, luz y drenaje, aun faltan muchas cosas más como buscar que se respeten las facilidades de pago que nos prometió el alcalde para que al final se obtenga la titulación de los terrenos, todavía falta la construcción de una buena vivienda, el alumbrado, banquetas, guarniciones, pavimentación de calles, parques y jardines, espacios deportivos y comunitarios, escuelas, centro de salud, servicio de limpia, transporte, etc., para lograr una verdadera vivienda digna. Pero no sólo por eso hay que seguir unidos y organizados. Además, hay que seguir así para lograr el objetivo final del antorchismo en México, que consiste en erradicar la mala e injusta distribución de la riqueza nacional que producimos todos los trabajadores del país con nuestras manos pero que es apropiada por unos cuantos multimillonarios, que dejan en la pobreza a millones y millones de seres, con todas las consecuencias que ello genera, desde la falta de empleo, de salarios con verdadero poder adquisitivo, de vivienda digna, y la abundancia de miseria, ignorancia, insalubridad, delincuencia y violencia sin final.

Otra lección importante es que con la entrega de los primeros lotes se comprueba con hechos concretos, no sólo de palabra, lo que es en verdad el Movimiento Antorchista, una organización nacional de lucha, trabajadora, seria, disciplinada, valiente, muy honrada, que no defrauda a nadie, que pese a lo difícil del camino, no se arredra y sabe cumplir con quienes le depositan su confianza. Que no es una organización de vividores que esquilman al pobre, ni de agachones ni traidores; que si de defender los intereses de sus compañeros se trata, es la primera en poner el pecho; que es una organización compuesta por activistas leales y desinteresados, dirigidos y apoyados con todo por su Dirección Nacional, que encabeza el Ingeniero Aquiles Córdova Morán, un hombre sabio, valiente y comprometido con los desposeídos del mundo con cuyos agremiados se hace, en conjunto, una sólida fortaleza que nos permite resolver problemas tan importantes como el de un lote para vivienda, pero que se propone a largo plazo ganarle la batalla a la terrible e insultante pobreza.

La entrega de estos terrenos, con todo lo que significa, también debe servir para llamar a más ciudadanos pobres a que se unan al antorchismo; a que se integren a los grupos de solicitantes de lotes que Antorcha tiene en cada Municipio, o a formar grupos antorchistas en colonias ya existentes pero que estén en condiciones de pobreza y marginación. Debe servir también para hacer un llamado a los hombres y mujeres de progreso  y sedientos de justicia, que quieran contribuir a la causa del antorchismo, para que se unan como activistas de la organización, como organizadores y educadores políticos del pueblo mexicano, nuestra patria sufrida lo está demandando.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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