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Las luchas por la libertad por VICTOR OROZCO

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LAS LUCHAS POR LA LIBERTAD

 

Víctor Orozco

En el mundo de los últimos dos siglos por lo menos, se han venido labrando un conjunto de principios con las cuales se ha identificado a la civilización. Tales son aquellos representados en las ideas de libertad, igualdad, democracia, justicia, educación, primacía de la razón, defensa de los recursos naturales, progreso. Son valores históricos universales, imbricados entre sí, de suerte tal que en nuestros tiempos no se pueden concebir por separado. Como tales, son cuestionados sólo por lunáticos y fundamentalistas religiosos o políticos.

Fraguados en la implacable e incesante lucha con sus contrapuestos, estos ideales han conseguido imponerse en el ámbito de las conciencias y de allí en el de las leyes. Su victoria plena, en la esfera de la realidad, sin embargo, permanecerá siempre como una utopía. No obstante la certidumbre de su condición de quimeras, -o quizá por ello- estas “grandes causas” constituyen las guías o referentes en el curso de las vidas individuales y colectivas. Sin el compromiso asumido con ellas por unas minorías y en diferentes grados, la existencia humana se tornaría más oscura todavía de lo que es hoy para los millones de seres que forman la mayoría de habitantes en la tierra.

Cada época -y según el espacio social en el cual se desarrollan los procesos históricos-, edifica su propia concepción de estos valores. Pensemos en el de la libertad. Un indígena nómada, habitante de las praderas en el Norte de México, carecía de cualquier rudimento sobre derechos personales, pero tendría muy claro que su libertad consistía en la posibilidad de moverse sin coacción alguna. En sus comunidades eran desconocidas las cárceles, que trocaban su capacidad de desplazamiento por una miserable existencia tras muros y rejas. Tampoco tenían noticia de los territorios acotados. De allí que los apaches, por ejemplo, defendieran hasta el último aliento las praderas y los bosques abiertos, sin dueños.

Dentro de la cultura occidental, el concepto de hombre libre, en el sentido que hoy lo usamos, es una herencia del Renacimiento y de la Ilustración. Implica una condición en la cual cada individuo puede hacer todo aquello que no lesione a su semejante, frontera establecida en una norma preexistente. En el viejo sistema, cada hombre estaba confinado en un estatus o casillero, en cuyo espacio sólo podía actuar de acuerdo con reglas prescritas, por la ley o la costumbre. A un campesino alemán o español, jamás se le podría ocurrir que frente a la potestad del jerarca religioso o del señor de la tierra, podía reclamar algo así como una no interferencia en su vida privada. De igual manera pensaba un peón o sirviente en México.

Primero la breve pero intensa tormenta que representó el Renacimiento y luego el llamado Siglo de las Luces, demolieron el viejo edificio alzado piedra por piedra en el curso de los mil años del medioevo. El hombre nace libre, proclamó Juan Jacobo Rousseau y en todas partes está cargado de cadenas. La conclusión práctica de este razonamiento fue la necesidad de la revolución para romper los grilletes. Éstos eran materiales y también intangibles. Los constituían las pesadas cargas feudales, las exacciones, los diezmos, lo servicios personales obligatorios, etcétera. Fueron comunes en toda Europa y en las colonias americanas, donde los pueblos indios cubrían gravosos tributos en especie o en mano de obra a los encomenderos, a los hacendados y a las misiones, conventos y obispados.  Pero no solo estaban las ataduras corpóreas. Quizá más fuertes, operaban las culturales o intelectuales. ¿Cómo atreverse a poner en duda los dogmas sacralizados?. Claro que hubo quien lo hiciera, a riesgo de ser achicharrado o machacado hasta morir en manos del verdugo. Y no sólo eminentes y cultivadas inteligencias como las de Bruno o Galileo. También, aunque fueren garbanzos de libra, hubo modestos campesinos o artesanos que albergaron y dieron curso a ideas perturbadoras. Cómo aquel molinero descubierto por Carlo Ginzburg, llamado Menochio quien en el siglo XVI murió en la hoguera por haber cuestionado el galimatías del corpus cristiano.

Esta ruptura emancipadora, disoció a la razón de la fe, disolviendo mitos y fantasías. Pero fue más allá. Disputó y trastocó las bases de todo el sistema de privilegios y disparidades. Negó, por irracional, el derecho divino de los reyes, dando pie a los gobiernos electos. Rechazó la superioridad esgrimida por aristócratas y clérigos con base en supuestas diferencias de sangre, abriendo paso a la igualdad jurídica. Y luego, cuando las nuevas ideas prosperaron entre los hombres y mujeres de la calle, de los que hacían su vida cotidiana en el taller o en la parcela, la chispa se saltó a la “cuestión social” como se conoció hasta los inicios del siglo XX al cúmulo de problemáticas derivadas de la expoliación del trabajo. La libertad, se concluyó, para ser acabada tenía que abarcar también la supresión de las inequidades. De allí las frases-síntesis consignadas en uno de los versos de La Internacional, el himno de los obreros: “Ningún derecho sin deber, ningún deber sin derecho”.

La polémica abierta dura hasta nuestros días. Pero, son escasos los que todavía reclaman formal o teóricamente distinciones ajenas al mérito de las personas. Hoy, sería imposible encontrar un filósofo reaccionario como Joseph De Maistre, aquel famoso saboyano que comprendió muy bien hasta dónde llevarían las demandas libertarias iniciales, por lo cual se empeñó a fondo en atajarlas antes de su despliegue. Sostenedor recalcitrante de las viejas instituciones y modos de pensar, no se anduvo con medias tintas: dijo que en efecto eran irracionales y justamente por ello habían perdurado por casi dos milenios en su tiempo. El hombre es básicamente irracional y así debe tratársele afirmaba. Es la única forma de garantizar la prevalencia de un orden determinado: mediante la fuerza física y de los dogmas. Por ello, en la historia,  las dos instituciones pilares que explican este triunfo sobre el tiempo, son la esclavitud y la organización de la iglesia católica. Siendo imposible ya mantener la primera, entonces queda la segunda. Como corolario postulaba la hegemonía y dominio de la autoridad del papado por encima de todos los poderes. Estas ideas de regreso, sonaron desde luego fantásticas e irrealizables. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, el Vaticano las aplicó allí donde encontró entidades estatales débiles como las emergidas en Latinoamérica a la caída del imperio español. Incluso provocó confrontaciones sangrientas en algunos de ellos, cuando se propuso a toda costa subordinar a la autoridad civil. Tal fue el caso de la guerra de reforma en México entre 1857 y 1860.

En la siguiente centuria, la esencia de las ideas arcaicas de De Maistre fue recuperada en los regímenes autoritarios y absolutistas, con sus devociones por el poder y su irracionalismo. No sería ya el Papa el supremo decidor, sino el caudillo que encarnaba en su persona al Estado y a la Nación, junto con las verdades indiscutibles: purezas de sangre, supremacía racial, pueblos predestinados para el dominio o la sumisión. En otra vertiente, el llamado socialismo real, (antagónico en apariencia con el fascismo), que se reclamaba heredero de las libertades, terminó igual con la cancelación de las mismas, valiéndose de otros dogmas.

En estos días, la libertad sigue librando batallas en nuevos campos o defendiendo los conquistados. Nadie verá con seguridad su imperio pleno, pero cada batalla hace más fuertes a sus defensores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VÍCTOR OROZCO

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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