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Liberan a la salvadoreña Sara Rogel, acusada de abortar y condenada a 30 años de prisión

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Este lunes fue liberada la salvadoreña Sara Rogel, condenada a 30 años de cárcel en 2012 por un delito de «homicidio agravado» cometido por supuestamente abortar, luego de que la Fiscalía General no interpusiera un recurso en contra del veredicto de un juzgado de la localidad de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán.

Tras una audiencia de revisión de medidas realizada hace una semana, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque determinó que Rogel debía quedar en libertad condicional anticipada. La acusada había cumplido nueve años de pena en el Centro de Detención Menor de la ciudad de Zacatecoluca, capital del departamento de La Paz.

Se esperaba que la Fiscalía, que había mostrado su oposición a esta decisión, presentara un recurso de revocatoria. Sin embargo, esto no ocurrió y el organismo manifestó en un comunicado que no tenía elementos para apelar y que su caso tenía todos los elementos para otorgarle el beneficio de la libertad.

La joven salvadoreña sufrió una emergencia obstétrica en octubre de 2012, cuando tenía 20 años, al resbalarse mientras lavaba ropa en una zona rural del país centroamericano. Rogel, que presentó un desgarro y sangrado, fue llevada a un hospital, donde aún en estado delicado, la señalaron de haber querido concluir su embarazo.

Por ello, la detuvieron y fue acusada de «homicidio agravado». Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización civil, la acusación de la Fiscalía se hizo «interpretando parcializadamente los hechos y presumiendo su culpabilidad sin prueba alguna».

En El Salvador el aborto está penalizado desde 1998 en todas las circunstancias, sin importar si el embarazo es consecuencia de una violación, si la madre está en riesgo o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero. Las penas van de los ocho hasta los 50 años.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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