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‘Liberan’ a migrantes mexicanos víctimas de trata

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Fiscales federales encausaron a cinco personas acusadas de obligar a 14 migrantes mexicanos a trabajar en campos de Wisconsin, donde “fueron víctimas de una forma grave de trata de personas”.

En acta acusatoria revelada el martes, la fiscalía indicó que a los trabajadores les quitaron sus documentos para evitar que viajaran y los escondieron “en edificios y otros lugares» para que no los encontraran. Los obligaron a trabajar bajo la amenaza de causarles “daño grave”, según la acusación formal.
A los trabajadores a veces les negaban agua durante días calurosos, laboraban turnos de 12 horas seis o siete días a la semana con un descanso para comer de 30 minutos, y se les negaba la atención médica o se les castigaba si la buscaban por ellos mismos, según un documento que los fiscales presentaron para sustentar la captura de los acusados.

Según la imputación formal, los acusados reclutaron a los migrantes, todos mexicanos, y les consiguieron visas de trabajo agrícolas simulando que trabajarían en Georgia. Sin embargo, los acusados trasladaron a las víctimas a fincas en Wisconsin, donde laboraron desde julio de 2016 al 10 de noviembre de 2016.

Los imputados son Saúl García, de 49 años; Saúl García Jr., de 26; Daniel García, de 28; Consuelo García, de 45; y María Remedios García Olalde, de 52. Enfrentan varios cargos, entre ellos trabajo forzado, trata de peones, esclavitud y servidumbre involuntaria. Uno de los hombres también está acusado de tratar de influir en el testimonio que dos de las víctimas dieron al jurado investigador.

Los acusados están detenidos y todavía no tienen abogados.

Cuando trabajaban en fincas en Kenosha y Racine, en Wisconsin, los trabajadores eran amontonados en un hotel, a menudo cuatro en una habitación, y a veces tenían que dormir en el piso, según la fiscalía. Desde las seis de la mañana, cuatro autobuses escolares amarillos los trasladaban a los lugares de trabajo, dijo la fiscalía.

Aunque los cargos fueron presentados a nombre de 14 hombres en Wisconsin, en 2015 y 2016 los acusados trajeron a centenares de inmigrantes mexicanos a trabajar en su finca en Georgia, donde viven, según la fiscalía de ese estado. Algunos trabajadores fueron enviados después a Wisconsin.

Las autoridades desmantelaron la operación el 10 de noviembre de 2016, cuando detuvieron a uno de los autobuses escolares amarillos. De los 23 trabajadores que iban en la unidad ese día, 11 regresaron a México y 12 optaron por quedarse en Wisconsin. En la acusación formal no se menciona el nombre de las víctimas ni el lugar donde fueron reclutadas en México.

Excelsior

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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