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Lo que mal empieza… Por Luis Villegas

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Desde el pasado 1º de diciembre de este año, pareciera que a una gran parte de la opinión pública le tiene perfectamente sin cuidado la violación flagrante del Estado de derecho o le comieron la lengua los ratones. Recuerdo con nostalgia la época en que Vicente Fox no podía voltear a mirar feo a alguien sin que estuvieran tragándoselo o se cayera el cielo en pedazos; de sus muchas frases célebres (su referencia a las “lavadoras de dos patas”, su inmortal: “Comes y te vas”, su ingenuo -y casi tierno-: “¿Y yo por qué?”) se escribieron largas y escandalosas parrafadas.

 

Me preocupa, en estos pocos días, ese silencio solapador de los dislates que rondan al actual Mandamás en Los Pinos. Hagamos un recuento sumarísimo: ¿Qué de la autoproclamación de Paulina Peña, la flamante hija del Presidente, como “Princesa de México”? ¿De la pomposa -dicho de modo amable- ostentación del Presidente como “Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México”? Por menos que eso se habrían hartado a Fox, pese a su talla, y a Felipe lo habrían agarrado de botana (por aquello de que parece aceituna -por chiquito y amargo-). Pero esos son chismes; especulaciones mías, no me haga usted mucho caso.

 

En su primer mensaje a la Nación, rotundo, el Presidente declaró: “A partir de hoy, la primera obligación que tengo como Presidente de la República, es cumplir y hacer cumplir la ley”. ¿Retórica? ¿Simple demagogia? ¿Pedacito de su cartita a Santa?

 

El “Estado de Derecho” se puede entender de muchas maneras; para que no se me acuse de parcial (o de hablador), voy a utilizar el texto de un destacado priísta, tanto, que fue Presidente de la República: Miguel de la Madrid Hurtado, quien escribió: “La doctrina demoliberal del Estado de derecho se manifestó en la exigencia de supeditar el ejercicio del poder público a un marco legal que fijara la estructura y las atribuciones de los órganos del Estado, los cuales solo podrían actuar con base en facultades expresamente contenidas por el orden legal”.1 Parafraseándolo, el Estado de derecho se caracteriza por la exigencia ineludible, para los órganos del Estado, de someterse al régimen jurídico que norma su actuar. El Estado de derecho no puede hacerse presente si la autoridad actúa de modo arbitrario o caprichoso; si, como dice el mismo Miguel de la Madrid, no se actualiza: “La separación o distribución de las principales funciones del Estado -legislativa, administrativa y jurisdiccional- en órganos diversos”.2

 

Pues el noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segunda parte, establece: “La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”. A su vez, el artículo 27, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal prevé que será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación: “Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia”; y en las fracciones XIV y XVI, respectivamente: “Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder  Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal”; y “Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticos nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales”; digámoslo en pocas palabas: Tradicionalmente, la Secretaría de Gobernación ha asumido funciones netamente políticas. Es esencialmente un órgano de carácter político; su naturaleza, su razón de ser es política. Por definición es una entidad de carácter político pues la palabra “gobernación” no hay manera de entenderla, diccionario en mano, sino como la “acción y efecto de gobernar o gobernarse”; o como “ejercicio del gobierno”.3 En la tradición española, al Ministerio de la Gobernación se le define como aquel “que tenía a su cargo los ramos de administración local, y demás concernientes al orden interior del Estado”.4

 

Así las cosas, ¿dónde está el Estado de derecho en una administración que se rehúsa a cumplir a cabalidad con el mandato expreso de una Ley todavía en vigor, que en la distribución de competencias de la administración pública federal, en su artículo 30 Bis, asigna a la Secretaría de Seguridad Pública el despacho de diversos asuntos? ¿Dónde si se ignora que el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública todavía contempla la existencia de la Secretaría de la Función Pública? ¿Dónde si tan importantes dependencias -sobre todo la primera- permanecen acéfalas? ¿Dónde en un Congreso de la Unión que obsecuente y obsequioso hasta la abyección, sin análisis, sin estudio, a las carreras, con absoluto desprecio por la Carta Magna -que exige que la actuación de las instituciones de seguridad pública se rija por los principios de legalidad, objetividad y eficiencia, entre otros- accede a someter a una entidad eminentemente política lo que debería ser una función estrictamente técnica? ¿Dónde en un Poder Legislativo, representante popular por excelencia (por lo menos en la Cámara de Diputados), que muy lejos de ponderar las ventajas o las desventajas de una decisión tan trascendente para la vida pública de la Nación toda, accede a los impulsos de quien recién se estrena en el ejercicio del poder? ¿Dónde si se carece de un análisis público, de un estudio técnico, de una evaluación objetiva, para determinar el mejor rumbo a seguir en una materia especialmente sensible en este país, en estos momentos?

 

Mal estamos -y peor vamos a acabar- si desde el arranque mismo de la administración el discurso oficial va por un lado y la Ley por el otro; mal, si la opinión pública se muerde la lengua y calla o simplemente se hace de la vista gorda; mal, si los criterios en materia de seguridad pública se orientan más por la “corrección política” -como en los años dorados del PRI- que por el interés social; mal, si el Congreso federal finalmente aprueba una reforma legal que va a hacer de México un Estado policial que podría usar a las fuerzas del orden público en contra de sus propios ciudadanos; mal, en suma, si se olvida el clima crítico y libertario que se respiró en los últimos años; el mérito principal -y quizá el único consistente- de los gobiernos del PAN.

 

Luis Villegas Montes.

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Rocha vs Maru: el silencio de Sinaloa y el ruido de Chihuahua. Por Caleb Ordóñez T.

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La política mexicana tiene algo de cantina vieja: todos juran lealtad eterna hasta que llega la cuenta. Entonces miran hacia otro lado, piden otro tequila y fingen que nunca conocieron al que está pagando solo. Lo que está ocurriendo con Rubén Rocha Moya no es una excepción. Es el manual.

Caleb Ordoñez

Hace apenas unos meses, desde Palacio Nacional y desde las tribunas de Morena, cuestionar a Rocha equivalía casi a traicionar a la patria. Había indignación cuidadosamente producida, discursos patrióticos de estudio, llamados encendidos a no «subordinarse» a Estados Unidos. Había quienes aseguraban que todo era una operación mediática contra la Cuarta Transformación. Que el gobernador de Sinaloa era víctima, no protagonista.

Y luego llegó el silencio.

A Rocha no lo abandonaron con un comunicado. Lo abandonaron cuando nadie lo volvió a mencionar. Y en política, el silencio es la forma más cobarde de traicionar.

Como lo habíamos previsto en otra columna de #ZonaLibre, desaparecieron las defensas efusivas. Se evaporaron los grandes operadores del movimiento que antes salían a poner el pecho. Nadie dijo «con Rubén hasta el final» porque nadie quería terminar hasta el final con Rubén. Morena entendió algo brutalmente sencillo: defenderlo empezaba a costar más de lo que ayudaba. Y en política, cuando algo empieza a costar, se abandona. No con drama. Con enmudecimiento. Con ausencia. Con el arte fino de ya no contestar el teléfono.

El problema es que los silencios también hablan. Y este gritaba.

Porque una cosa es blindar políticamente a un gobernador cuestionado. Eso ocurre todo el tiempo en México y nadie se escandaliza demasiado. Otra cosa muy distinta es convertirlo en bandera nacional cuando las acusaciones crecen, las presiones internacionales aumentan y el nombre de tu gobernador empieza a aparecer en conversaciones que no quieres tener. Ahí el cálculo cambia. Ahí el partido aprende a no pronunciar ciertos nombres en voz alta.

Rocha se convirtió en eso: en un nombre que Morena aprendió a no pronunciar. En el expediente que existe pero que nadie saca del cajón. En la llamada que se deja ir al buzón.

Y justo ahí, mientras Sinaloa se convertía en un pantano cada vez más incómodo, alguien dentro del partido tomó una decisión estratégica que parecía inteligente y terminó siendo un regalo envenenado para la oposición: mover la conversación hacia Chihuahua. Hacia la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos.

Rocha es el nombre que Morena aprendió a no pronunciar. Maru es el nombre que Morena no puede dejar de atacar. Esa diferencia lo dice todo.

La lógica era comprensible desde adentro: instalar la idea de que la gobernadora panista estaba permitiendo injerencia extranjera, golpearla narrativamente, convertir el debate chihuahuense en uno de soberanía nacional. En otras palabras: dejar de hablar de Rocha y empezar a hablar de Maru. Cambiar el canal. Controlar la sintonía.

Lo que no calcularon es que Chihuahua no es un canal que se cambia fácilmente.

La marcha que debía demostrar músculo terminó demostrando otra cosa. No necesariamente vacío numérico —las cifras en política siempre son disputadas— sino algo peor: la percepción de vacío. Y en política moderna, la percepción vale más que la matemática. Puedes juntar miles de personas y aun así parecer débil si la narrativa pública decide que esperaban más. Eso fue exactamente lo que ocurrió.

Comenzó a circular la idea del acarreo, de la presión territorial, de la movilización artificial. Nada nuevo bajo el sol político mexicano. El problema específico es que Chihuahua no reacciona igual que otros estados frente a esas cosas.

Hay entidades donde el acarreo ya forma parte del paisaje cotidiano, casi como el tráfico o el calor. Chihuahua históricamente se presume distinto. Más incómodo con el poder. Más frontal. Más rebelde. Más empresarial. Más bravo. Más norteño en el sentido político del término: una identidad construida sobre la desconfianza al centro, sobre la memoria de pleitos viejos, sobre el orgullo de haber tenido que resolver las cosas sin que nadie de la gran Tenochtitlán viniera a ayudar.

Morena cometió un error que no es de estrategia sino de lectura cultural. Y esos son los peores errores porque los más difíciles de corregir.

Cada vez que el centro intenta decirle al norte cómo debe sentirse, ocurre algo predecible: el norte decide sentir exactamente lo contrario.

En lugar de instalar la imagen de una gobernadora aislada y débil, le ayudaron a construir el personaje que más le conviene: la gobernadora que se pelea con el centro y no se rinde. La mujer que no se deja. La norteña que le dice no a la Ciudad de México. Ese personaje, en Chihuahua, tiene historia. Tiene resonancia. Tiene mercado electoral y es comúnmente apoyado y aplaudido.

Los errores y arrebatos internos

Y mientras todo eso ocurría afuera, adentro de Morena empezaron los jaloneos que siempre siguen a los eventos que salen mal. Porque cuando algo falla, en cualquier partido político del mundo, todos buscan culpables más rápido que soluciones. Es una ley tan constante como la gravedad.

Aparecieron las versiones de tensión entre Andrea Chávez y la presidenta nacional de Morena, la también chihuahuense Ariadna Montiel. Las acusaciones cruzadas sobre quién movilizó menos, quién prometió más gente, quién operó mal, quién llegó tarde, quién dejó solos a quiénes. La política mexicana es un teatro fascinante: pueden hablar horas sobre transformación histórica, revolución moral y pueblo noble, pero al final terminan peleándose por quién llenó menos camiones.

La acusada de acarreo, Andrea Chávez, ya vive una situación particularmente compleja. Tiene reflectores nacionales. Conecta con sectores jóvenes. Domina las redes sociales con naturalidad, algo que pocos políticos mexicanos han logrado. Tiene narrativa, tiene presencia, tiene la capacidad de convertir un momento en tendencia.

Pero dentro de Morena muchos la ven más como fenómeno mediático frágil que como estructura territorial real. Y esa distinción importa muchísimo cuando se aproxima una elección tan importante. Andrea viene arropada desde el Senado, específicamente de Adán Augusto Hernández y el exgobernador Javier Corral, algo que en Chihuahua no gusta nada.

En el norte, nadie gana con retuits. Se gana con estrategia en calle, con operadores, con gente que conoce cada colonia por su nombre.

Porque mientras todos se distraían peleando por la narrativa de la marcha, otro nombre comenzó a crecer de manera silenciosa y sostenida: Cruz Pérez Cuéllar. Con menos estridencia, con menos clips virales, pero con algo que en política tiene más peso específico que cualquier tendencia viral: estructura real, operación probada, conocimiento granular del territorio y —quizá lo más importante— la capacidad de hablarle a un electorado fronterizo y rural sin sonar como alguien enviado desde Insurgentes Sur a explicarle cómo vivir.

Ese perfil es la verdadera preocupación interna de Morena en Chihuahua (ganaría por más de 10 puntos según casi todas las encuestas) Y si Cruz termina siendo el candidato natural, muchas piezas del morenismo local quedarán desplazadas. Y cuando eso ocurre, las guerras internas no son posibilidad: son certeza.

Donde Andrea construye audiencia, Cruz construye mapa. Uno es el político que la gente comparte; el otro es el político que la gente lleva a votar. En una elección normal, ambos sirven. En Chihuahua, en 2027, solo uno de esos perfiles gana y eso lo sabe la presidenta.

La nueva adelita del PAN

Mientras tanto, Maru Campos ha tomado una decisión que sus adversarios siguen sin comprender del todo: polarizar deliberadamente. Elegir el conflicto como terreno. Pelearse con el centro no como accidente sino como cálculo y todo esto, en entrevistas realizadas en la misma CDMX.

Muchos analistas y operadores de Morena creen que enfrentarse abiertamente con Claudia Sheinbaum es suicida políticamente. Y en la mayoría de los estados probablemente tendrían razón. Pero Chihuahua no es la mayoría de los estados.

Chihuahua tiene memoria política larga. Tiene identidad fronteriza que no es folklore sino convicción. Tiene una relación históricamente complicada con el centralismo que viene de muy atrás, mucho antes de que existiera Morena o el PAN. Ahí el conflicto con el centro no erosiona necesariamente: a veces consolida. A veces convierte a una gobernadora en símbolo de resistencia regional. Y los símbolos de resistencia regional ganan elecciones en territorios que sienten que el centro los ignora o los utiliza.

Maru entendió algo que sus adversarios no: esta elección no se ganará con estadísticas de obras públicas ni con programas sociales bien presentados en PowerPoint. Se ganará emocionalmente. Se ganará en el terreno de la identidad. Se ganará en la pregunta que los chihuahuenses se hacen antes de entrar a la urna: ¿quién me representa? ¿Quién habla como yo? ¿Quién tiene claro que no somos una extensión de la Ciudad de México?

En México no gana quien tiene razón. Gana quien logra que ya nadie recuerde cuál era la pregunta original.

Aquí está entonces la paradoja que hace tan extraordinario este momento político.

Morena quiso usar Chihuahua para hacer olvidar a Sinaloa. Quiso mover la conversación nacional de Rocha a Maru. Quiso transformar un pantano en una oportunidad de narrativa soberanista. Y al intentarlo, hizo exactamente lo que no debía hacer: le dio a su adversaria el escenario que más le favorece, el villano que más necesitaba y el conflicto que mejor activa a su electorado.

Rocha es el expediente que nadie quiere defender demasiado fuerte porque defenderlo ya es perder algo.

Maru es el conflicto que todos quieren amplificar porque en Chihuahua el conflicto con el centro es capital político.

Uno se hunde en el silencio cómplice de quienes debían cuidarlo.

La otra flota sobre el ruido que sus adversarios generan sin querer.

Y en medio de todo esto, los chihuahuenses observan algo que ya empieza a parecer costumbre nacional: políticos peleándose furiosamente por controlar una narrativa mientras el resto del país intenta descifrar dónde termina la estrategia y dónde empieza la verdad. Si es que esa frontera todavía existe.

Morena quería apagar el incendio de Sinaloa con agua de Chihuahua. Lo que no vio es que Chihuahua ya tenía su propio fuego. Y ese fuego, avivado desde afuera, se vuelve más difícil de controlar.

Al final, la política mexicana contemporánea opera bajo una lógica que ya no tiene que ver con programas, propuestas ni verdades verificables. Tiene que ver con quién controla el momento. Con quién logra que la conversación cambie antes de que el incendio llegue a su puerta. Con quién convierte su problema en el problema del otro.

Rocha aprendió tarde que no alcanzó a hacer ese movimiento.

Maru parece haberlo aprendido a tiempo.

Y Morena, que tanto ha hablado de transformación, sigue repitiendo el error más viejo de la política mexicana: creer que el poder que se tiene hoy garantiza el poder que se necesitará mañana.

No garantiza nada. Nunca lo ha hecho.

La cantina sigue abierta. Rocha ya no aparece en la conversación (y le esperan sus peores días). Maru sigue en ella, más fortalecida de lo que imaginó. Y Morena, que quiso cambiar el canal, terminó transmitiendo exactamente lo que no quería.

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