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Opinión

Los ciclones y la vivienda popular Por Aquiles Córdova Morán

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Los antorchistas chihuahuenses decidimos suspender la marcha-mitin el pasado miércoles 20 de noviembre, debido a que el Gobierno del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, Licenciado Raymundo Romero Maldonado, se comprometió a cumplir con todos los compromisos pendientes, dentro de los que destacan obras de agua potable, de educación, de infraestructura social, de vivienda popular etc., para las humildes familias  representadas por nuestro Movimiento.

Decidimos dar un voto de confianza al Gobierno del Estado para demostrar, además, que los antorchistas somos tolerantes, partidarios del diálogo propositivo, de soluciones, que nunca realizamos movilizaciones a capricho, sino como último recurso, después de agotar al máximo el proceso de gestoría y de diálogo con las autoridades, después de dar seguimiento a las solicitudes a través del laberinto burocrático gubernamental, después de meses y meses de antesalas, de reuniones de análisis de las peticiones para determinar su “viabilidad” y la “posibilidad” presupuestal para resolverlas, etc.

Desde el martes 19 de junio, en una mesa de trabajo presidida por el Secretario General del Gobierno, y estando presentes los representantes de la Dirección de Gobernación, Licenciado Wilfrido Campbell, de la Junta Central y Municipal de Agua y Saneamiento, de la Secretaría de Fomento Social, de la de Educación Cultura y Deporte, de Desarrollo Urbano y Ecología y del Instituto de la Vivienda, se estableció el acuerdo de cumplir con los compromisos pendientes mediante una programación de acciones y ejecución de obras durante el presente ejercicio fiscal. Sólo esperamos que dicho acuerdo realmente se lleve a efecto y que no haya sido tan sólo una promesa hecha para lograr un ambiente simulado de gobernabilidad y de estabilidad social y política, durante el presente proceso electoral. Los antorchistas estaremos pendientes de que los compromisos se cumplan, sabedores de que siempre podremos ejercer nuestro derecho a la protesta pública cuando así lo ameriten las circunstancias.

La lucha organizada que desde hace 38 años libramos los antorchistas a nivel nacional, tiene como bandera principal el reparto equitativo de la riqueza que producen los trabajadores mexicanos, es decir, la erradicación de la pobreza que lacera a más de 85 millones de ciudadanos. Es, pues, a todas luces, una lucha justa y auténtica. Sólo los insensibles y egoístas, los que se benefician a costa de sumir en la pobreza a millones, los que prometen gobernar en beneficio de los que menos tienen y se olvidan de ellos cuando llegan al poder ignorando sus peticiones y viviendo a costa del presupuesto público, o los sicofantes a sueldo de los que persiguen eternizar este modelo económico que concentra la riqueza en unas cuantas manos avariciosas  y reparte la insultante miseria entre la mayoría de la población, sólo ellos pueden afirmar lo contrario, por obvias razones, al grado de comparar la lucha antorchista como un acto criminal, como una extorsión o chantaje, que debe castigarse ejemplarmente o cuando menos como un abuso de los peticionarios en contra de las “pobres” autoridades.

La lucha antorchista, pese a los ataques de los antes descritos, es no sólo justa y genuina es, además, legal, basada en los artículos sexto, octavo y noveno de la Ley General que nos rige a todos los mexicanos, que consagran los derechos de libre manifestación de ideas, de petición y de asociación entre los ciudadanos.

Por estas consideraciones, mientras haya pobreza e injusticia social, el Movimiento Antorchista seguirá llamando a los pobres de este país a organizarse y a luchar, a unirse férreamente para dejar de ser polvo humano y convertirse en sólida roca que golpee a la cabeza de ese gran monstruo que es la pobreza.

Asimismo, seguiremos insistiendo para que los funcionarios públicos, encargados de resolver las necesidades sociales de los humildes, se sensibilicen y cumplan con su papel de servir a la nación y no de servirse del cargo público que ostentan; lo haremos de ser posible a través del diálogo y la argumentación, pero de ser necesario a través de las movilizaciones populares.

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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